(CNN Español) – El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, anunció este miércoles que el Ministerio Público pidió a la Justicia un nuevo antejuicio en contra del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, por su presunta responsabilidad en la realización de pagos a empresas que ejecutan obras públicas, por medio de un mecanismo que, considera, obedece a un criterio político y no se ajusta a la ley de Contrataciones del Estado.
La FECI dijo que solicitó el retiro de la inmunidad para Arévalo por tres delitos: abuso de autoridad, usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución Nacional.
El Gobierno rechazó de inmediato el nuevo señalamiento hecho por el Ministerio Público al considerar que “no tienen ninguna credibilidad pública, solidez jurídica, ni propósito legítimo”, según un mensaje enviado a periodistas.
El Ministerio Público sostiene que el actual mandatario de Guatemala creó un sistema de pagos sin seguir criterios técnicos y destituyó en mayo pasado a Jazmín de la Vega como ministra de Comunicaciones, por no seguir los lineamientos establecidos para los desembolsos a las constructoras.
De la Vega ha dicho que ese sistema de pagos establecido por el gobierno obedece a lineamientos políticos y no al avance en la ejecución de las obras. Además, que mientras estuvo al frente del ministerio los pagos ordenados se realizaron de acuerdo con criterios técnicos y alejados de corrupción.
El presidente Arévalo ya aceptó que la lista de pagos existe y que tiene como objetivo ordenar los desembolsos que debe hacer el Gobierno a las empresas que brindan servicios al Estado. El mandatario explicó que los criterios son: Que la obra estuviera supervisada y con un avance verificado en el terreno, que fueron obras que no tuvieran problemas de corrupción y que los pagos se hicieran gradualmente de modo que no fueran las mismas empresas las que mes a mes recibieran los desembolsos. Agregó que se trata de un acuerdo eminentemente técnico regular y rutinario dentro del Estado.
Tensa relación
Una fuerte disputa mantiene el Ministerio Público, dirigido por Consuelo Porras, y el presidente de Guatemala. La Fiscalía ha intentado previamente procesar penalmente a Arévalo en dos ocasiones por supuestos delitos como lavado de dinero y uso de documentos falsos, acusaciones que el mandatario ha rechazado.
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala ha rechazado las solicitudes de antejuicio presentadas por el Ministerio Público.
Por su parte, Arévalo acusó a Porras de promover un golpe de Estado al intentar evitar en 2023 que asumiera el poder tras ganar las elecciones en segunda vuelta. Ya como mandatario, le ha solicitado, sin éxito, la renuncia en varias ocasiones y ha pedido al Congreso reformar la ley orgánica del Ministerio Público para destituirla del cargo.