(CNN Español) – El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, consideró este jueves que la elección por voto directo de jueces, prevista en la reforma judicial que se discutirá en el Congreso, representa varios riesgos para el sistema político mexicano y para la relación comercial bilateral.
“La elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia de México. Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política. También creo que el debate sobre la elección directa de jueces en estos tiempos (…) amenazan la histórica relación comercial que hemos construido, la cual depende de la confianza de los inversionistas en el marco legal de México”, consideró en una declaración escrita.
Salazar agregó que esto “también podrían hacer más fácil que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas”.
El representante estadounidense indicó que entiende que con la reforma judicial se busca erradicar la corrupción en este Poder, pero opinó que la elección de jueces por voto directo no lo resolvería.
CNN solicitó a la oficina de prensa de la Presidencia de México un comentario ante esta postura de Salazar, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta.
Por su parte, la embajada de Canadá en México también le confirmó a CNN que inversionistas canadienses están preocupados ante la posible aprobación de la reforma.
La representación del Gobierno canadiense en México dijo que los empresarios de su país le han expresado esas preocupaciones el embajador Graeme C. Clark.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó este jueves en su conferencia matutina que la reforma judicial pueda causar problemas económicos al país.
La reforma judicial, propuesta por López Obrador, contempla, además de la elección de jueces y magistrados por voto popular, una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y cuatro nuevas reglas procesales. La iniciativa está en proceso legislativo en comisiones de la Cámara de Diputados.