(CNN Español) – En medio de la discusión sobre la reforma al Poder Judicial en México, la presidenta electa Claudia Sheinbaum publicó en X una afirmación sobre el sistema judicial estadounidense, señalando que en 43 de los 50 estados de Estados Unidos los jueces son elegidos por voto popular.
Esa iniciativa forma parte de un paquete de 20 reformas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado, con el objetivo de modificar diversas secciones de la Constitución.
El documento de la reforma propone modificar el artículo 95 constitucional para permitir la elección de jueces por voto directo y secreto por un periodo de 12 años, en lugar de 15 años, como se establece actualmente.
En México, los ministros son propuestos por el presidente a través de una terna y deben ser respaldados por al menos dos terceras partes de los senadores. Los magistrados y jueces, por su parte, son nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal.
En su publicación, Sheinbaum afirmó lo siguiente: “Información muy relevante: en 43 de los 50 estados de los Estados Unidos de América se eligen los jueces por voto popular.” Sin embargo, esta afirmación requiere contexto y precisión.
En Estados Unidos la selección judicial es compleja, según el Brennan Center for Justice, los estados seleccionan a los jueces de manera diferente dependiendo tanto del nivel del tribunal estatal como del tipo de vacante judicial que se está llenando.
Cada estado tiene su propio modelo de designación de jueces y tienen varios niveles de tribunales, que van desde el nivel de los tribunales de primera instancia hasta el nivel de la Corte Suprema del estado.
Hay estados donde los jueces son nombrados por el gobernador; en otros, por el legislador; en otros, por elecciones partidistas o por elecciones no partidistas; y también hay estados que establecen comisiones judiciales para la propuesta de candidatos a jueces.
La elección democrática de jueces en Estados Unidos se introdujo en 1832 cuando el estado de Mississippi implementó una reforma para reemplazar el sistema de nombramiento de jueces.
Esta reforma se extendió a otros estados durante el siglo XIX, pero enfrentó importantes desafíos. La creciente influencia de los partidos políticos en el proceso de selección generó preocupaciones sobre la imparcialidad, lo que llevó a la adopción de métodos alternativos en muchos estados.
Según el Brennan Center for Justice, la mayoría de los estados utilizan elecciones como parte de su proceso de selección: 39 estados usan alguna forma de elección en algún nivel de los tribunales, según se lee en su página web.
Y de los 38 estados donde se utilizan las elecciones para seleccionar jueces para el tribunal supremo, en 16 de ellos los jueces son designados por el gobernador y reelegidos en elecciones de retención sin oposición; en 14 estados, los jueces son seleccionados en elecciones no partidistas y disputadas.
“En 8 estados, los jueces son seleccionados en elecciones partidistas y disputadas, incluyendo Nuevo México, que utiliza un sistema híbrido que incluye elecciones partidistas”.
En Estados Unidos, todos los jueces federales —desde jueces de distrito a los de cámaras de apelaciones y Suprema Corte— son propuestos por el Poder Ejecutivo y aprobados por el Senado, tal como hoy lo hace México y podría dejar de hacerlo si se implementa la reforma que promueve López Obrador y apoya Sheinbaum.
En la propuesta de reforma judicial de López Obrador, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también serían electos por voto popular tras ser postulados por los tres poderes de la Unión, no por partidos políticos. También se propone prohibir que los partidos políticos realicen actos de proselitismo a favor o en contra de candidatura alguna.
El Poder Ejecutivo postulará 10 candidaturas, el Poder Legislativo cinco por cada Cámara y el Poder Judicial 10 candidaturas. Los poderes de la Unión también postularán las demás candidaturas.
Aunque López Obrador y Morena aseguran que los cambios al sistema judicial buscan responder al reclamo del pueblo para tener una institución de impartición de justicia austera, independiente y ajena a intereses privados, la reforma ha sido blanco de críticas de diversos actores.
El Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y la Barra Mexicana de Abogados advirtieron que las propuestas “constituyen una amenaza directa a la independencia judicial, violan estándares internacionales y socavan la democracia en México”.