(CNN Español) –– En Puerto Rico, 32 personas fueron acusadas por autoridades federales por su presunta participación en un fraude para obtener beneficios del programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) durante la pandemia de covid-19 por un total de US$ 981.071, informó en un comunicado W. Stephen Muldrow, fiscal federal de Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico.
La investigación del caso estuvo a cargo de la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de EE.UU., con la asistencia del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico (DTRH).
Los acusados “participaron en planes para defraudar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico al presentar solicitudes fraudulentas para obtener beneficios del seguro de desempleo que contenían fondos del PUA”, dijeron las autoridades federales.
Según informó la fiscalía federal en la isla, las acusaciones contra los individuos incluyen “robo de propiedad de los Estados Unidos (beneficios de PUA), fraude postal y uso indebido de números de Seguro Social” porque los acusados participaron “en conductas engañosas” diseñadas para obtener de manera fraudulenta múltiples cheques de desempleo mediante el uso de números de Seguro Social falsos.
Los demandados recibieron beneficios del programa de desempleo por correo en forma de cheques que no estaban calificados ni autorizados a recibir, detallaron las autoridades en el escrito.
En caso de ser condenados, los acusados se enfrentan a sentencias de hasta 20 años de prisión por fraude postal; hasta 10 años de prisión por robo de dinero del gobierno; hasta 5 años de prisión por uso indebido de un número de seguro social; una multa de hasta US$ 250.000; y tres años de libertad supervisada, según dijo el fiscal adjunto de EE.UU. Scott Anderson en el comunicado.
“El Departamento de Justicia sigue comprometido a utilizar todas las herramientas federales disponibles para combatir y prevenir el fraude relacionado con el COVID-19”, dijo Muldrow.
“Continuaremos responsabilizando a quienes buscan explotar la pandemia para beneficio personal, proteger a las poblaciones vulnerables y salvaguardar la integridad de los programas financiados por los contribuyentes”, agregó el funcionario.