(CNN Español) –– El Gobierno de Honduras anunció este miércoles su intención de dar por terminado el tratado de extradición que el país había firmado el 15 de enero de 1912 con Estados Unidos, según lo informó en un comunicado el canciller de la República, Enrique Reina.
El anuncio lo hizo el funcionario luego que la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, ordenara, a través de una publicación en su perfil en X, denunciar el acuerdo que el país centroamericano tiene con Estados Unidos.
La determinación, según el escrito de la mandataria, se basa en la Constitución hondureña y en los tratados internacionales.
Castro hizo referencia en su mensaje a una supuesta “injerencia” e “intervencionismo” de Estados Unidos y acusó a Washington de intentar dirigir la política de Honduras a través de su Embajada y otros representantes.
Lo anterior en alusión a declaraciones dadas este miércoles por la embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dogu, sobre una reciente visita que hicieron a Venezuela el ministro de la Defensa, Manuel Zelaya Rosales, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, donde se reunieron con el ministro de Defensa Vladimir Padrino, quien está acusado en Estados Unidos de delitos de narcotráfico desde 2019.
Padrino ha puesto en duda la veracidad de las acusaciones y, en marzo de 2020, los acusó de “una burda patraña”.
En sus declaraciones ante medios de comunicación de Honduras, la embajadora recordó este miércoles que Padrino es uno de los funcionarios acusados por EE.UU. pues, aseguró, la presidenta Xiomara Castro está en una lucha constante contra los narcotraficantes. “Fue sorprendente para mí ver funcionarios de este Gobierno sentados con miembros de un cartel”, dijo Dogu.
El Gobierno de Venezuela ha reiterado sus acciones contra el narcotráfico. CNN pidió un comentario al Ministerio Público venezolano para conocer su postura ante estos dichos para incluirla en este reporte.
El abogado constitucionalista hondureño Juan Carlos Barrientos afirmó que el anuncio de la mandataria es intolerante y favorece la impunidad en el tema del narcotráfico.
Agregó que, con la determinación, no basta que el canciller haga la gestión en el Departamento de Estado, y que diga que denuncian el tratado de extradición con Estados Unidos, si no que el mismo deberá de ser discutido y aprobado en el Congreso de Honduras para que surta efecto.
Dijo que el tratado no tiene nada que ver con el artículo de la extradición de hondureños a Estados Unidos por tópicos relacionados al narcotráfico, porque es un tema que debe darse a través de una reforma constitucional que requiere al menos 86 votos de los 128 diputados en el Congreso Nacional.
En la actualidad, el partido oficialista Libertad y Refundación solamente tiene 54 diputados en el Congreso y, por tanto, no cuenta con la mayoría necesaria para aprobar tal resolución.
Hasta el 22 de febrero de este año, según cifras oficiales, se habían extraditado a Estados Unidos 43 hondureños por delitos relacionados por narcotráfico, entre ellos el expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión.
Honduras suscribió un tratado de extradición con Estados Unidos en 1909, pero el mismo entró en vigor a partir de 1912. En junio de 2013 se aprobó un auto acordado para incluir en el tratado la extradición de hondureños por delitos relacionados con el narcotráfico.
El 7 de agosto, en una comparecencia, el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, anunció que llamaría a declarar a todos los hondureños que fueron mencionados en el juicio en EE.UU. contra el expresidente Juan Orlando Hernández, entre ellos a los expresidentes Porfirio Lobo Sosa, Manuel Zelaya Rosales y su hermano Carlos Zelaya, actualmente diputado y secretario del Congreso Nacional.
CNN ha solicitado un comentario a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, así como al Departamento de Estado para conocer su postura ante los acontecimientos, y está a la espera de una respuesta para incluirla en este reporte.
–– Abel Alvarado colaboró con este reporte.