(CNN Español) –– Una jueza federal de México ordenó suspender provisionalmente la discusión de la reforma al Poder Judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con la resolución judicial publicada este sábado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). La medida generó molestia entre militantes del oficialista partido Morena, que la calificaron de “improcedente”.
Tras analizar un juicio de amparo promovido por cuatro jueces —Perla Fabiola Estrada, Ignacio Pérez Aguirre, Lizbeth Martínez Arias y Eduardo Antonio Velasco Treviño—, la jueza quinta de distrito del estado de Morelos, Martha Eugenia Magaña López, resolvió concederles una suspensión provisional y ordenar que se detenga la discusión de la iniciativa de López Obrador, que esta semana fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados y fue enviada al pleno.
La jueza consideró que los quejosos tienen razón en argumentar que la reforma al Poder Judicial afectaría sus derechos pues, entre otras medidas, implicaría quitar de sus cargos a los juzgadores actuales para que otros sean elegidos por voto popular.
La elección de jueces a través de este mecanismo es uno de los puntos de la propuesta de López Obrador que han generado más controversia.
“(Los quejosos) serían afectados de aprobarse la reforma constitucional materia del proyecto que se mantiene en resguardo en la Mesa Directiva de la legislatura actual, serían separados de sus cargos sin procedimiento previo ni derecho de audiencia, con las consecuencias jurídicas, laborales, psicológicas y económicas a que hacen referencia en forma puntual en la demanda”, dice la resolución.
“Es legalmente factible conceder la suspensión de oficio”, señala más adelante, y establece que la Cámara de Diputados no debe discutir la reforma judicial ni enviarla al Ejecutivo. La jueza citó para el 4 de septiembre a una nueva audiencia para analizar el caso.
Una reforma para la nueva legislatura
La resolución se dio a conocer un día antes de que se instale la nueva legislatura del Congreso de México, en la que Morena y sus aliados —los partidos del Trabajo y Verde— tendrán gran peso en ambas cámaras. En la Cámara de Diputados, tendrán 364 de 500 asientos, lo que significa que tendrán la mayoría calificada necesaria para aprobar reformas a la Constitución como la reforma judicial. En el Senado, tendrán 85 de 128 escaños, con lo que solamente les faltará uno para la mayoría calificada.
Este domingo 1 de septiembre, además, López Obrador dio su último informe de gobierno, que presentó en el zócalo de la Ciudad de México. El mandatario concluye su gestión el 30 de septiembre y el 1 de octubre entregará la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, su compañera de partido.
Antes de eso, ha dicho que espera que las mayorías de Morena logren aprobar la veintena de reformas que envió al Congreso en febrero, entre ellas, la reforma judicial, la desaparición de algunos órganos autónomos y reguladores; y la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
CNN contactó a la vocería de la Presidencia para obtener comentarios sobre la suspensión del debate de la reforma judicial y está en espera de respuesta.
Morena critica la resolución judicial
Mientras tanto, la resolución generó rechazo entre morenistas a lo largo del sábado. Ricardo Monreal, quien será el coordinador de los diputados de Morena en la siguiente legislatura, publicó en X un mensaje en el que tachó la medida de “inadmisible e improcedente” pues —dijo— violenta la Constitución e invade facultades del Poder Legislativo.
“Esta mayoría legislativa categórica y enérgicamente determina que no se somete ni se someterá a la jurisdicción del juzgado o juzgados que lo ordenen, porque no tiene competencia para ella, porque no se pueden suspender el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen relativo a la reforma constitucional en materia judicial”, señaló Monreal.
Monreal, además, dijo este domingo que el martes habrá sesión para la discusión de la iniciativa de reforma al Poder Judicial y que se planteó en la Junta de Coordinación Política iniciar tres acciones contra dichos jueces “por su grave intromisión a la vida interna del Poder Legislativo” a través de un juicio político, una denuncia penal y una queja ante la Judicatura.
Por su parte, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, se expresó en un sentido similar. También en X, calificó de “aberración jurídica” la resolución de la jueza de Morelos.
Esta decisión puede ser impugnada ante un tribunal de mayor jerarquía, que determinaría si la respalda o la echa abajo.
Diego Valadés, académico y doctor en Derecho, consideró que la resolución no tiene fundamento jurídico. Valadés, quien ha sido crítico de la reforma judicial de López Obrador, dijo en X que la defensa de la independencia del Poder Judicial “no debe verse empañada por decisiones carentes de sustento en la Constitución y en la ley”.