Decenas de líderes iberoamericanos informan a la Corte Penal Internacional de posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela

(CNN Español) – Treinta y uno de los 37 ex jefes de Estado y de Gobierno que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) afirmaron en un informe presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI) y difundido en X que los hechos previos y posteriores a las elecciones presidenciales en Venezuela son prácticas de “terrorismo de Estado”.

Tomando en cuenta el informe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el grupo que observa y analiza experiencias democráticas señaló la responsabilidad de las unidades operacionales de la Fuerza Armada Bolivariana, comandada por el presidente Nicolás Maduro, en la ejecución de crímenes de lesa humanidad. El grupo incluyó la orden de arresto de la Fiscalía contra el candidato opositor Edmundo González Urrutia.

En su presentación a finales de agosto, la CIDH denunció uso arbitrario de la fuerza, detenciones arbitrarias, persecución judicial, restricción a la libertad de expresión y obstáculos a la labor de organizaciones para la defensa de los derechos humanos.

“Ese régimen militar ahora imperante y sustitutivo de la república civil es el verdadero dueño de los poderes del Estado y de las riquezas económicas, y el responsable, como dictadura militar represora y terrorista, de los crímenes investigados por la Corte, recreándose en Venezuela la experiencia trágica de las dictaduras militares del Cono Sur latinoamericano”, detalla el escrito presentado por IDEA.

La solicitud del grupo ante la CPI es que “despliegue con urgencia su igual función preventiva para detener la ola de violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos”.

Desde hace años, la CPI investiga posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, mientras varios fiscales y otros organismos recogen pruebas sobre el gobierno de Maduro y varios de sus funcionarios, quienes aún no han sido acusados por el tribunal.

Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú iniciaron en 2018 una denuncia ante la CPI solicitando investigar posibles crímenes de lesa humanidad y abusos a los derechos humanos ocurridos en Venezuela desde 2014 bajo el gobierno de Maduro. En la administración de Alberto Fernández, Argentina se había retirado de la CPI pero pidió su reincorporación en julio y Uruguay solicitó unirse, informó el lunes el canciller uruguayo Omar Paganini.

CNN pidió reacción al Ministerio de Comunicación de Venezuela a la solicitud de los exgobernantes y un vocero indicó que todo pronunciamiento sobre estos temas o similares corresponde a las autoridades por los canales oficiales regulares cuando lo consideren pertinente.

Uruguay se suma al pedido ante la CPI para que investigue posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela

La Cancillería de Uruguay solicitó al fiscal de la CPI que investigue posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, informó este viernes en un comunicado.

En esa comunicación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay consigna información “complementaria y objetiva” para la investigación que la CPI lleva adelante desde 2018. Los fiscales y otros organismos continúan reuniendo pruebas sobre la actuación del Gobierno de Nicolás Maduro. Hasta ahora el mandatario no ha sido acusado por el tribunal.

En la nota firmada por el canciller uruguayo, Omar Paganini, Montevideo da cuenta del “agravamiento de la crisis humanitaria e institucional que atraviesa Venezuela” tras las elecciones del 28 de julio y solicita al fiscal de la CPI Karim Kahn “la investigación de los hechos acontecidos en el hermano país a fin de determinar si los mismos configuran crímenes bajo competencia de la Corte y, en ese caso, que se dispongan las medidas urgentes que aseguren el respeto y salvaguardia de los derechos humanos que se encuentran amenazados”.

CNN contactó al Gobierno de Venezuela para obtener su reacción al pedido de Uruguay y está a la espera de respuesta.

“La decisión del gobierno uruguayo se sustenta en el agravamiento de la represión contra la población civil y los líderes políticos opositores a manos de los servicios de seguridad del régimen luego del fraude electoral del 28 de julio, y ante la inexistencia de garantías constitucionales y judiciales en un país sin independencia de poderes”, concluye el comunicado.

Osmary Hernández colaboró con este reporte.