(CNN Español) – La Suprema Corte de Justicia de México (SCJN) anunció este domingo una propuesta alternativa de reforma al Poder Judicial a la impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mismo día en que el dictamen de la minuta era aprobada en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado.
La propuesta denominada “Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas” fue anunciada por la ministra presidenta del máximo tribunal, Norma Piña, en un mensaje en video en redes sociales, y desarrollada en dos documentos que incluyen un análisis del sistema integral de seguridad pública y justicia en México, y otro que integra un proceso reflexivo y autocrítico de las personas juzgadoras, según la funcionaria.
“La demolición del poder judicial no es la vía, como se pretende”, advierte la ministra Piña en el video, en el que ha pedido al Senado que considere su proyecto.
Este lunes, desde su habitual conferencia matutina, López Obrador dijo que (la Suprema Corte) está “en su derecho” de disentir ante la propuesta de reforma al Poder Judicial que él impulsa, aprobada por los diputados con mayoría del oficialismo y que avanza en el Senado para su discusión y votación en lo general este miércoles.
López Obrador y el partido oficialista Morena y sus aliados, Verde Ecologista y del Trabajo, aseguran que los cambios al sistema judicial buscan responder al reclamo del pueblo para tener una institución de impartición de justicia austera, independiente y ajena a intereses privados. El mandatario mexicano acusa “corrupción” en el Poder Judicial.
Pero la oposición, así como diversas organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos, cámaras empresariales, asociaciones de jueces y magistrados, académicos y hasta la Relatora de la ONU sobre Independencia Judicial, Margaret Satterthwaite, han advertido sobre los diversos riesgos que se corren si se aprueba esta iniciativa.
La reforma judicial propuesta por el mandatario también ha desencadenado movilizaciones multitudinarias, un paro de labores indefinido por un sector de trabajadores del poder judicial, empleados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y hasta en tensión diplomática entre el presidente mexicano y los embajadores de Estados Unidos y Canadá, los principales socios comerciales de México.
En opinión de Javier Martín Reyes, abogado constitucionalista e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la contrarreforma de la Suprema Corte de Justicia de la Nación “es una visión integral en contra de una visión absolutamente aislada”.
A continuación, te explicamos en qué consiste la reforma alternativa propuesta por el Máximo Tribunal del país y sus principales diferencias con la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso el pasado 5 de febrero.
Elecciones de jueces magistrados y ministros por voto popular
A diferencia de la reforma presidencial, entre cuyos puntos más polémicos destaca que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte serán sometidos a voto popular, la reforma propuesta por la SCJN señala que se priorizará el fortalecimiento de la carrera judicial que establezca procesos y requisitos mínimos para su promoción en el fuero local y federal a través de mecanismos como la convocatoria pública y el concurso de oposición.
El proyecto del oficialismo incluye disminuir los tiempos de mandato de jueces y ministros, además de reducir la cantidad de magistrados de la Corte Suprema y del Tribunal Electoral.
También contempla dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial, la primera de ellas extraordinaria, en junio de 2025, y una segunda en 2027.
Una revisión integral de la seguridad pública
Referente al tema de seguridad pública, la contrapropuesta de reforma judicial de la Suprema Corte aborda el impacto de diferentes delitos en la sociedad mexicana como homicidios violentos, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios, privaciones arbitrarias de la libertad, entre otras, y sugiere diferentes propuestas para combatirlas.
Un ejemplo de ello es la derogación de figuras que, según el documento, propician la privación arbitraria de la libertad, como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Además, se propone establecer un mecanismo nacional de certificación de instituciones policiales para contar con estándares de profesionalismo, eficiencia y respeto a los derechos humanos.
En el caso de las fiscalías, se sugiere implementar un plan de carrera y certificación para hacerlas más eficientes en sus labores de investigación.
Martín Reyes dijo a CNN que parte de los documentos que recoge dicha iniciativa del máximo tribunal plantean que para que este sistema funcione mejor, para que se reduzca la impunidad, para que la gente tenga un mejor servicio de justicia en los tribunales “no se necesita reformar ni solo al Poder Judicial, ni mucho menos al método de designación (de jueces magistrados y ministros). Esta es una reforma que tendría que pasar primero por las policías y las fiscalías”.
La propuesta también refiere que es necesario reorientar las políticas de seguridad pública para disminuir la operación de las fuerzas armadas y así promover la “desmilitarización” del país, una postura contraria a la oficialista que durante el sexenio de López Obrador ha promovido la adhesión de la Guardia Nacional, un ente de carácter civil, a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Mayor presupuesto y más personal para poderes judiciales locales
Según el primer documento presentado por la ministra Norma Piña, el promedio de jueces por cada 100.000 habitantes a nivel mundial es de 17,83. En México es de tres. A fin de garantizar el acceso a la justicia pronta y expedita, esta iniciativa propone la creación de un mayor número de órganos jurisdiccionales (juzgados y tribunales), particularmente en entidades que con las tasas más bajas de jueces por habitante o territorio extenso.
Aunado a la propuesta de incrementar los órganos jurisdiccionales, se establece implementar modelos de gestión judicial y el uso de herramientas tecnológicas para agilizar y automatizar procesos. El documento establece que el presupuesto de los poderes judiciales estatales debe ser igual o mayor al aprobado el año anterior y representar al menos 2,5% del presupuesto general de cada estado.