Nota del editor: Este artículo forma parte de As Equals, la serie de CNN sobre desigualdad de género. Para obtener información sobre cómo se financia la serie y más, consulta nuestras preguntas frecuentes.
Nueva Delhi, India – El 15 de agosto, cuando India se preparaba para celebrar su 78º Día de la Independencia, miles de personas salieron a la calle en todo el estado de Bengala Occidental para protestar por la falta de libertad de las mujeres frente a la violencia sexual y el acoso.
Había habido otras protestas previas (menos de dos días antes de las marchas del Día de la Independencia, miles de médicos se declararon en huelga) y ha habido muchas más desde entonces; todas ellas desencadenadas por la brutal violación y asesinato de una médica en prácticas de 31 años en la capital de Bengala Occidental, Calcuta, el 9 de agosto. Según la legislación india, las víctimas de violación no pueden ser identificadas por su nombre.
India ya ha pasado por esto antes. En diciembre de 2012, la violación en grupo y asesinato de una estudiante de medicina de 23 años conmocionó al país y congregó a miles de personas que exigían justicia y cambios.
La justicia llegó para Nirbhaya –como se conoció a la joven de 23 años– cuando las cinco personas (cuatro adultos y un menor) responsables de su muerte fueron declaradas culpables. Sin embargo, a pesar de la creación del Fondo Nirbhaya en 2013, a través del cual el gobierno pone a disposición varios cientos de millones de dólares para financiar iniciativas que mejoren la seguridad de las mujeres indias, el cambio ha sido más esquivo.
Uno de los manifestantes del Día de la Independencia declaró al diario indio The Telegraph que se produce “una oleada de protestas” tras violaciones tan sonadas, “pero las atrocidades contra las mujeres no cesan”.
Las estadísticas más recientes de la Oficina Nacional de Registro de Delitos de India muestran que en 2022 se denunciaron 31.516 casos de violación. Eso supone una media de 86 denuncias de violación al día.
Antes de la próxima vista del caso de Calcuta en el Tribunal Supremo de India, el 17 de septiembre, CNN vuelve a analizar cómo abordan las instituciones de la India la violación y pregunta a los expertos: ¿se está haciendo lo suficiente por las víctimas de violación y para disuadir de la violencia sexual?
Problemas con la Policía
En los días siguientes al descubrimiento del cadáver de la doctora en una sala de seminarios del hospital público donde trabajaba, el Tribunal Supremo declaró que la Policía local había tardado “casi 14 horas” en presentar un Primer Reporte de Información (FIR, por sus siglas en inglés). El informe es un primer paso fundamental en el proceso de justicia penal de India. En los casos de violación, la legislación india exige que la Policía presente un FIR inmediatamente después de que se haya denunciado el incidente. Hasta que no se presenta, no puede iniciarse la investigación.
La Oficina Central de Investigación (CBI), la Comisión Nacional de la Mujer y los padres de la víctima denunciaron otros fallos en la investigación de la violación del 9 de agosto.
En su comparecencia ante el tribunal, el 22 de agosto, el fiscal general del CBI, Tushar Mehta, declaró, según el Hindustan Times: “El hecho más chocante es que la denuncia se presentó… después de que la joven fuera cremada. Primero se informó a los padres que no se encontraba bien y luego se les dijo que se había suicidado. Sólo ante la insistencia de sus colegas y amigos se hizo un examen médico”.
Los abogados del gobierno de Bengala Occidental y de la Policía de Calcuta mantuvieron ese día ante el tribunal que “toda la investigación se había realizado conforme a la ley”, según informó el Indian Express. En respuesta a las preguntas de CNN sobre el caso, el comisario de Policía de Calcuta, Vineet Goyal, declaró: “No es apropiado hacer comentarios sobre el caso, ya que está siendo investigado por el CBI y supervisado por el Tribunal Supremo de India. Estamos apoyando al CBI para garantizar que se haga justicia a la víctima y a su familia. Hicimos una investigación profesional y transparente en el limitado periodo que estuvimos investigando”.
Hay otros relatos de grandes retrasos en el inicio de investigaciones sobre denuncias de violencia sexual en toda India. Sólo en los ocho días transcurridos entre el 16 y el 23 de agosto, la prensa india en lengua inglesa publicó al menos tres noticias sobre quejas públicas por la respuesta de la Policía a las denuncias de violencia sexual. En uno de los casos, el padre de una joven de 17 años presuntamente violada en grupo dijo a los medios de comunicación que la Policía no archivó la denuncia, sino que lo reprendió por no mantener a su hija en casa.
“En lugar de archivar la denuncia y capturar inmediatamente a los delincuentes, un agente de la comisaría no paraba de reñirme por no confinar a mi hija en casa. Dijo que a las niñas no se les debía permitir salir”, declaró al Telegraph el padre, que no fue identificado.
El superintendente de Policía, Gyanendra Singh, reconoció la denuncia de la familia de la niña y declaró al mismo periódico: “Hemos registrado un caso basándonos en la denuncia y hemos detenido a uno de los acusados. Actuaremos contra los policías (locales) si se comprueba que la denuncia es cierta”.
Audrey D’Mello, directora de Majlis, organización sin fines de lucro que ofrece asesoramiento jurídico a mujeres y niñas que sufren violencia sexual y doméstica, dijo a CNN que los retrasos policiales son algo de lo que oyen hablar continuamente. En los últimos 10 ó 12 años, de los 2.500 casos de violación en los que Majlis ha trabajado, D’Mello dijo que los FIR se retrasaron en el 90% de ellos.
Más allá de estos retrasos, describió la hostilidad hacia las víctimas de violación: “Para la víctima, hace falta mucho valor, determinación” para ir a la comisaría. Sin embargo, una vez allí, “las humillan, las hacen esperar, las interrogan una y otra vez”, mientras la Policía emite “juicios morales”.
Esta respuesta de la Policía puede achacarse, en parte, a la falta de formación adecuada. PM Nair, exagente de Policía que prestó servicio en la Oficina Central de Investigación durante 10 años, dijo a CNN que, en su opinión, solo el 20% de los agentes reciben formación para tratar casos de agresión sexual, y calificó este hecho de enorme vacío.
Nair, que ahora forma parte del comité ejecutivo de la Indian Police Foundation, replicó los comentarios de D’Mello sobre los retrasos en los procedimientos al afirmar que, aunque los retrasos en la presentación de los primeros reportes de información también son habituales en otros delitos, se dan sobre todo en los casos de delitos contra mujeres y niñas “porque la investigación es larga, y ellas (las víctimas) no tienen voz”.
Yogita Bhayana, fundadora de People Against Rapes en India, dijo a CNN que en sus interacciones habituales con la Policía se encontró con que “el agente investigador, en quien se basa el caso, no podía responder a preguntas básicas sobre el Procedimiento Operativo Estándar”. Estos procedimientos describen cómo tratar a una víctima de un delito, cómo recoger pruebas y cómo proteger la escena del crimen.
CNN se puso en contacto con el Ministerio del Interior, responsable de la ley y el orden, en relación con estas afirmaciones, pero no recibió respuesta.
La formación policial y sus límites
Tras la violación y asesinato de Nirbhaya, se ha prestado más atención y se han destinado más fondos a “educar (a la Policía y a los fiscales) para que sean sensibles al tratar casos relacionados con delitos contra las mujeres”, como se describe a un curso desarrollado por la Oficina de Investigación y Desarrollo Policial.
Estos talleres, impartidos por diversos organismos y organizaciones sin ánimo de lucro, han cambiado algo las cosas en las grandes ciudades, donde, según Bhayana, los agentes comprenden ahora mejor la gravedad del delito. Pero en las ciudades pequeñas y en los pueblos, la actitud de la Policía sigue estando plagada de misoginia.
Bhayana dijo a CNN que, de todas maneras, el impacto de los programas de formación es limitado: “Una clase de dos horas, a unos 40 efectivos que no prestan mucha atención, no va a suponer un cambio”.
Sin embargo, varios expertos señalaron a CNN que no basta con que los agentes varones reciban formación sobre sensibilidad de género. Los departamentos de Policía también necesitan más agentes femeninas, entre otras cosas porque el “procedimiento operativo estándar para la investigación y el enjuiciamiento de casos de violación contra mujeres” del Ministerio del Interior, publicado en 2020, establece que el primer reporte de información debe ser “registrado por… cualquier agente femenina”. En el último recuento, sólo había 214.000 mujeres policías en toda India, aproximadamente el 15% del total de la fuerza .
Atasco en los tribunales
En 2022 había 198.285 casos de violación pendientes de juicio. A finales de año, sólo se habían completado 18.517. En otras palabras, más del 90% de los casos de ese año seguían pendientes de resolución, según un informe de la organización sin ánimo de lucro Commonwealth Human Rights Initiative. Esta acumulación de expedientes en los tribunales, visible a lo largo de varios años, niega a la víctima la justicia e incluso la posibilidad de cerrar el caso.
Después de Nirbhaya, se impulsó la creación de los llamados tribunales especiales de vía rápida. En la actualidad hay 343 (excluidos los tribunales para delitos contra menores) y los expertos con los que habló CNN dicen que se necesitan más, sugiriendo –como estamos viendo ahora con el caso de Calcuta– que más delitos contra las mujeres deben ser vistos por los Tribunales Superiores, lo que contribuirá en cierta medida a restaurar la fe en las instituciones de la India.
De los casos que llegan a los tribunales, un alto porcentaje son desestimados. En 2022, la tasa de absoluciones en casos de violación fue del 65,14%. Según Venkatesh Nayak, director de la Iniciativa de Derechos Humanos de la Commonwealth, los abogados señalan algunos factores, como la hostilidad de los testigos, la decisión de las sobrevivientes de no seguir adelante con casos que llevan mucho tiempo abiertos, la deficiente labor de investigación de la Policía y la insuficiencia de las pruebas forenses recogidas.
Pero D’Mello también cree que el endurecimiento de las penas, introducido tras el caso Nirbhaya (la condena mínima ha pasado de siete a diez años), puede estar teniendo un efecto adverso, ya que los jueces se muestran reacios a encarcelar a alguien cuando puede haber una duda razonable. “Si la Policía realiza una investigación lamentable o no cumple los requisitos que busca el Tribunal”, los jueces “no se arriesgarán a meter a esa persona entre rejas”, afirmó.
Resultados desiguales de los centros de atención integral
Quizás el programa más significativo introducido después de 2012 fue el Centro One Stop, cuyo objetivo es proporcionar a las mujeres afectadas por la violencia refugio temporal, ayuda para tratar con la Policía, asistencia médica y jurídica, y asesoramiento. Hasta la fecha, según datos del Gobierno, hay 765 centros operativos en toda India y el programa, que comenzó en 2015, ha ayudado a más de 900.000 mujeres.
Una trabajadora social de uno de los 11 centros One Stop de Delhi, que habló con CNN bajo condición de anonimato, dijo que, especialmente para las mujeres de entornos económicos más bajos, los centros proporcionan un espacio seguro de la manera en que no lo hacen las comisarías de Policía o los despachos de abogados. Sin embargo, dijo que la Policía sólo los considera refugios y que los trabajadores sociales no tienen poder real: “One Stop Centre está ahí pero la Policía no tiene mucha información (sobre el programa), o debería decir, no tenemos ningún poder. No podemos decirles nada, ni nos escuchan”.
Un informe destaca que muchas sobrevivientes de la violencia también desconocen la existencia de estos centros o no saben cómo acceder a sus instalaciones.
También hay problemas de dinero pero, irónicamente, sólo se ha utilizado alrededor del 40% del dinero asignado por el Gobierno central. Y no es sólo el dinero asignado a estos centros vitales el que sigue sin gastarse. Parte del dinero del Fondo Nirbhaya –alrededor del 25% de la cantidad disponible– tampoco se ha utilizado.
En una respuesta escrita a una pregunta formulada por un diputado, el Ministerio de Desarrollo de la Mujer y la Infancia, encargado del Fondo Nirbhaya, básicamente devolvió la responsabilidad del uso del fondo a las administraciones estatales, al afirmar que el fondo estaba “impulsado por la demanda”. Además de sugerir que los distintos estados aún no habían presentado sus cuentas (“de ahí que sea posible que en realidad se hayan utilizado más fondos”), el Ministerio también culpó a la burocracia y a la pandemia de covid-19 de que el gasto fuera inferior al previsto.
El cambio cultural, el elefante en la habitación
A pesar de la financiación disponible para programas o nueva legislación, “la incidencia de los delitos contra las mujeres no puede controlarse a menos que cambie la mentalidad de la gente”, fue la conclusión a la que llegó en 2021 el propio grupo de expertos en políticas públicas del Gobierno indio, NITI Aayog.
Bhayana, de People Against Rapes in India, se mostró de acuerdo e hizo un llamado a la sensibilización sobre cuestiones de género en los programas escolares. “No se trata sólo de respetar a la mujer de tu familia, a tu madre, a tu hermana, se trata también de respetar a la desconocida de al lado”, afirmó.
Como los diversos expertos dijeron a CNN, las instituciones de India tienen que hacer más para mantener a salvo a las mujeres, garantizar que las sobrevivientes de la violencia sexual se sientan escuchadas y tengan acceso a la justicia. Pero a menos que la sociedad en general también cambie, se seguirá demostrando que es cierto este comentario que hizo en 2015 a la BBC uno de los abogados defensores del caso Nirbhaya: “En nuestra cultura, no hay lugar para una mujer”.