(CNN Español) –– En su primera conferencia de prensa como presidenta de México, Claudia Sheinbaum emitió este miércoles un decreto que instruye a contribuir a la memoria histórica sobre la matanza de estudiantes en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, atribuida al entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970).
Este primer decreto emitido por el gobierno de Sheinbaum cataloga estos hechos como un crimen de lesa humanidad, y ofrece una disculpa pública por ellos, cuando el movimiento estudiantil del país fue atacado por fuerzas del Gobierno federal.
El decreto del 2 de octubre, en conmemoración del 56º aniversario de la matanza de Tlatelolco, fue firmado por Sheinbaum y será publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigor, según informó Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal.
El dictamen instruye a contribuir a la memoria histórica de estos hechos para que el Estado reconozca políticamente los actos perpetrados en octubre de 1968. Se instruye además a la Secretaría de Gobernación a ofrecer la disculpa pública por esta “atrocidad gubernamental”, y se fija el compromiso de no repetición de un hecho de este tipo, con el que la población sea reprimida mediante el uso de la violencia.
En el artículo sexto de dicho decreto, Sheinbaum establece que “en su calidad de comandanta suprema de las Fuerzas Armadas asumo el compromiso solemne y giraré las correspondientes órdenes formales para que sus estructuras y elementos nunca más sean utilizados para atacar o reprimir al pueblo de México”.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue la encargada de pronunciar la disculpa pública, en nombre del Estado mexicano, por la represión del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.
“Me dirijo a ustedes para pronunciarnos a nombre del Estado mexicano, por los actos de violencia cometidos el 2 de octubre de 1968. Este crimen de lesa humanidad fue ideado, ejecutado y encubierto desde la más alta autoridad del poder público y su responsabilidad principal recayó en el entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz”, leyó Rodríguez.
Sheinbaum explicó que era una obligación para ella firmar este decreto por la proximidad que tiene con el evento a través de su madre, quien era profesora del Instituto Politécnico Nacional en esa época y participó del movimiento ayudando a estudiantes que protestaban contra el gobierno de aquel entonces. “Soy hija del 68”, expresó la presidenta quien ya en otras ocasiones se había referido a la cercanía que tenía con este movimiento a través de sus padres.
El 2 de octubre de 1968 —según los recuentos de la época—, fuerzas de seguridad dispararon y actuaron contra cientos de jóvenes reunidos en el lugar para manifestarse contra otras acciones de las autoridades, lo que derivó en decenas de muertes.
A la fecha, no se conoce el número exacto de muertos ni de desaparecidos. Las cifras varían: mientras algunas versiones hablan de 25 víctimas mortales, otras ubican el total por encima de las 300 personas.
Para ese momento, México se preparaba para ser sede de los Juegos Olímpicos —que se celebraron del 12 al 27 de octubre—, por lo que al Gobierno del presidente emanado de las filas del Partido Revolucionario Institucional, Díaz Ordaz, le preocupaba que un conflicto estudiantil dañara la imagen del país.
En su primer informe de gobierno tras la masacre, Díaz Ordaz se refirió a los hechos. El 1 de septiembre de 1969, dijo: “Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, jurídica, política e histórica por los sucesos del año pasado”.
Díaz Ordaz falleció en 1979 a los 68 años. En 2001, un año después del fin de 71 años de mandatos de políticos del PRI, una fiscalía especial creada por el entonces presidente Vicente Fox, acusó del delito de genocidio a Luis Echeverría Álvarez, quien fungió como secretario de Gobernación de Díaz Ordaz y posteriormente ocupó la presidencia entre 1970 y 1976. Echeverría Álvarez murió en 2022 a los 100 años sin haber pisado la cárcel.