(CNN Español) – La marcha federal de este miércoles en defensa del presupuesto universitario en Argentina buscó enviar otra vez el mismo mensaje al Gobierno de Javier Milei. Miles de manifestantes repitieron una fórmula ya probada para defender a la educación pública mientras desde la Casa Rosada esgrimen distintos argumentos para llevar el ajuste fiscal también a ese sector.
Meses atrás, docentes, estudiantes y graduados protagonizaron una de las movilizaciones más grandes que enfrentó Milei. En ese entonces, la meta fue revertir la escasez presupuestaria. Esta vez, fue oponerse al veto presidencial sobre la flamante ley del Congreso que obliga a asegurar el financiamiento a las universidades nacionales.
La nueva convocatoria demostró que la bandera de la educación superior gratuita es alzada por un sector tan amplio como heterogéneo. De hecho, un informe de la Universidad de Buenos Aires revela que la mayor parte de la sociedad argentina está a favor de ajustar los gastos del Estado en distintas áreas, a excepción de la educación y la salud, donde cerca del 91% expresó su rechazo.
Facundo Nejamkis, politólogo y director de Opina Argentina, profundiza en esta resistencia plural que el Gobierno encontró ante el tema educativo.
“Yo no digo que es el germen de una coalición opositora, pero no hay durante este año espacios de protesta y de movilización contra el Gobierno tan transversales, tan pluriclasistas o policlasistas y tan diversos como el de las dos movilizaciones por la defensa de la universidad pública. Creo que ahí el Gobierno debería tomar nota de que se está gestando algo”.
Con esto coincide José Natanson, periodista, politólogo y director de Le Monde Diplomatique edición Cono Sur, quien menciona que la marcha revela cierta postura social.
“Muestra que hay algunos aspectos muy constitutivos de la sociedad argentina que si el Gobierno los quiere tocar va contra una mayoría social fuerte. Creo que el tema de la educación pública, y en particular de la educación universitaria, es un rasgo muy muy fuerte de la Argentina”.
La gran diferencia entre las dos movilizaciones radica en que este miércoles, quienes salieron a las calles en las principales ciudades, lo hicieron ante un final anunciado. Horas antes del acto central, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el veto anticipado por Milei se haría efectivo. Y así fue.
De este modo, el Gobierno redobló su apuesta por el “equilibrio fiscal” y el “déficit cero”, arriesgándose a pagar un alto costo político a futuro. Más aún, sabiendo que el el Congreso tiene en teoría la capacidad de ratificar la ley y rechazar el veto si consigue los dos tercios de los votos de la Cámara donde se originó la iniciativa, en este caso la de Diputados.
“Me parece que el Gobierno, y sobre todo el presidente, está preso en su propio discurso. Tiene un discurso tan fuerte, antiestatal y ‘anti lo público’ que en muchos aspectos coincide con lo que piensa gran parte de la sociedad, porque hay una visión negativa del Estado en muchas áreas. Pero acá la mantiene sin darse cuenta, sin poder cambiar el casete a pesar de que en esta área sí la educación estatal y pública tiene un enorme apoyo social”, dice Juan Manuel Abal Medina, consultor político y docente universitario.
“Hay una comprensión de que hay que controlar las cuentas y controlar el gasto. Pero, como dije, poniendo un límite en esto”, añade.
Nejamkis profundiza sobre esta idea: “La sociedad no es anarcocapitalista, no es antiestatal. La sociedad quizás elige. Termina eligiendo a un anarcocapitalista porque Argentina parece tener una situación de déficit fiscal estructural que no puede financiar y que la política tradicional no logra resolver. Entonces elige quizás al más duro para resolverlo. Pero eso no quiere decir que sea antiestatal. Entonces le banca (apoya) a Milei el ajuste cuando ese ajuste se expresa en términos de terminar con el gasto político improductivo. Pero cuando eso se traduce en tocar valores o políticas que la sociedad considera que tiene que cubrir el Estado —se puede incluir acá también jubilaciones, por ejemplo— ahí la mirada del ciudadano no es anarcocapitalista, antiestatal”.
La respuesta oficial, entre el veto y la minimización de la marcha
Si bien Adorni había adelantado la postura oficial en su habitual conferencia de prensa, la respuesta de Milei llegó por la noche, una vez concluido la manifestación.
Por un lado estuvieron los posteos del presidente en sus cuentas personales de redes sociales donde, fiel a su estilo confrontativo, acusó a la política de usar el reclamo universitario para “ocultar su corrupción”, “prostituyendo una causa noble”.
Por otro lado, estuvo el comunicado oficial de la Oficina del Presidente en X, antes Twitter, que confirmaba la firma del veto, que sería incluido en el boletín oficial horas después.
“Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico”, reza el documento.
Además, acusó a los dirigentes opositores de conformar un “nuevo frente de izquierda populista en defensa de los privilegios de la dirigencia política”, y reafirmó que “esta administración no cederá ante el espectáculo mediático, los proyectos de ley irresponsables ni la manipulación de causas nobles con fines partidarios”.
“Lo que quiere mostrar el Gobierno es que no hay nadie que lo pueda mover de su política de recorte fiscal, de motosierra. (…) Me parece muy audaz. La verdad que muy audaz y muy fuerte la decisión del Gobierno, pero creo que es parte de su forma de construcción política, de la forma en la que se relaciona con un sector de la sociedad que lo apoya; del relato que está construyendo”, reflexiona Natanson al respecto.
También considera que esta respuesta discursiva, sumada a la ratificación del veto ante una fuerte expresión social, refleja un impacto menor de esta marcha en relación con la primera.
“Creo que la vez pasada le entró más la bala. Porque son más masivas la convocatoria y, sobre todo, fue más diversa. Esta fue una marcha con identificaciones políticas más claras, me parece. La vez anterior fue más diversa y en aquel momento un poco retrocedieron”, agrega el especialista.
Nejamkis añade que más allá de las disputas sobre el tono y volumen de la marcha, hay algo mucho más profundo que debe analizarse.
“Veo que alrededor de las manifestaciones sobre el de la defensa de la universidad pública se está cocinando algo, pero no algo en términos de la lectura del presidente de que hay cuatro sectores que se juntaron para ir en un frente contra él de la izquierda. Eso me parece una lectura muy lineal. Me parece que sí se está cocinando algo en el sentido de que, debajo del paraguas de la defensa de la universidad pública, están apareciendo sectores que protestan y que están enojados con el Gobierno por distintas cosas, y que la defensa de la educación puede ser como un primer tema transversal para constituir un espacio”.
Una ley de bajo costo fiscal, ¿y alto costo político?
“Creo que no es tanto una cuestión presupuestaria, porque la verdad que la ley de financiamiento universitario era un porcentaje chico del PBI, y el Gobierno perfectamente podría haber encontrado la forma de financiar eso. Me parece que tiene más una orientación político-simbólica de decir: ‘No vamos a dejar que el Congreso nos imponga decisiones que tienen un costo fiscal’”, interpreta Natanson.
Y es cierto. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley aprobada por el Senado el pasado 13 de septiembre representa un costo de apenas un 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI).
Esta establece que el Estado debe actualizar el presupuesto para los gastos de funcionamiento de las instituciones de enseñanza superior de todo el país. En primera instancia, este ajuste estará atado a la inflación acumulada durante el 2023.
Además, sobre esa base se disponen incrementos bimestrales de acuerdo con la evolución inflacionaria, aunque a esto se le descontará todo aumento ya aplicado en lo que va del año.
En relación con los salarios de docentes y no docentes, se fija una recomposición para el periodo que abarca del 1 de diciembre de 2023 hasta el mes de sanción de la norma. Nuevamente, el parámetro de referencia para los aumentos lo dará la inflación acumulada entre esas fechas.
Quien tendrá la última palabra será el Congreso de la Nación, que tendrá la posibilidad de avalar el rechazo a la norma o dejarlo sin efecto, imponiendo la reglamentación de la ley.
Juan Manuel Abal Medina, quien fue jefe de gabinete durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, entre 2011 y 2013, considera que un eventual rechazo al veto puede lastimar al oficialismo.
“Va a ser una muy muy dura derrota para el Gobierno. Sin ninguna duda. Por la legitimidad del reclamo y porque va a demostrar que ese reclamo está apoyado por gran parte de la sociedad y gran parte de la política, incluso sectores que suelen votar con ellos”.
Para Facundo Nejamkis, el Gobierno está asumiendo este riesgo conscientemente.
“Yo creo que el presidente hace una apuesta. Su apuesta es al éxito económico. Entonces él dice: ‘Todos estos pequeños costos políticos los voy a poder neutralizar cuando el programa económico comience a ser exitoso’. (…) Si no tiene éxito el programa económico-político, seguramente lo va a sentir porque se va a sumar al debate generalizado”.