(CNN Español) – La muerte de seis migrantes en un incidente relacionado con el Ejército de México ha abierto una vez más el debate sobre el uso de militares para tareas de seguridad pública en ese país.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó el miércoles en un comunicado que dos soldados abrieron fuego el martes contra una camioneta, después de que escucharon disparos cuando un vehículo pasó a gran velocidad y evadió un retén militar.
Según la Sedena, luego de los disparos, uno de los vehículos se detuvo y allí hallaron cuatro personas muertas y 10 heridas, dos de las cuales murieron en un hospital.
No se dieron detalles sobre cómo murieron las personas.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga los hechos y que los militares que dispararon fueron puestos a disposición de esa instancia.
CNN ha solicitado a la FGR, al Instituto Nacional de Migración y las secretarías de la Defensa y de Relaciones Exteriores más información sobre lo ocurrido.
Este suceso ocurre en un contexto en el que el Senado ha aprobado recientemente el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena, generando preocupaciones, entre ellas, sobre el impacto en los derechos humanos y la seguridad de quienes transitan por rutas migratorias.
Chiapas, uno de los estados más pobres de México, es un punto crítico de la ruta migratoria hacia Estados Unidos y además ha estado inmerso en una crisis de seguridad que involucra al crimen organizado.
Nadine Cortés, especialista en políticas migratorias internacionales, dijo a CNN que se ha visto un aumento significativo en las denuncias de violación de derechos humanos de migrantes desde que la Guardia Nacional está en las rutas.
“La militarización en todas estas rutas, lo único que está generando, más allá de hacer una contención efectiva de los flujos migratorios, que es lo que deberíamos de hacer desde el lado de las autoridades en México, estamos forzando la detención de estos flujos migratorios”, dijo Cortés.
En mayo de 2019, México estableció a la Guardia Nacional como su principal institución de seguridad pública, inicialmente bajo el control civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Desde su creación, este ente ha sido criticado por operar de manera cada vez más militarizada y por el hecho de que un gran porcentaje de sus elementos provienen del Ejército o la Marina Armada.
“Sí, el uso del Ejército tiene riesgos y obviamente, el entrenamiento de la Guardia Nacional es distinto del entrenamiento del Ejército, y aquí va el tema de este lamentable suceso”, comentó a CNN Samuel González Ruiz, experto en seguridad pública.
Varias organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos han advertido que la polémica reforma que adscribe la Guardia Nacional a la Sedena pone en riesgo la garantía de los derechos humanos en México.
El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que es la única manera de garantizar que “no se corrompa como sucedió con la antigua Policía Federal”, un cuerpo de seguridad nacional que fue criticado por el mandatario y al cual incluso ordenó investigar por presuntos casos de corrupción antes de que fuera disuelto en 2019.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo el miércoles, durante la Salutación de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, que esta última pasó a la Sedena para garantizar la seguridad y aludió a sus críticos afirmando que la idea de “militarización” es totalmente falsa.
“El tipo de arma que se usa en los operativos militares es de mayor calibre. Entonces, si nada más hubieran estado ahí patrullas de la Policía estatal o de las otras unidades federales, hubiera podido ser armas de menor calibre”, agregó González Ruiz.
Asegura que se debe esperar los resultados de la investigación para saber cómo se originaron los hechos y si se trató de uso excesivo de la fuerza o legítima defensa.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por la muerte de los migrantes. En un comunicado conjunto, la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos, la Agencia de la ONU para refugiados y ONU Migración reiteraron su llamado para garantizar vías legales de acceso para las personas en tránsito.
Este trágico incidente se suma a la creciente lista de migrantes que han muerto bajo la vigilancia de autoridades mexicanas, lo que, para muchos, aviva el debate sobre la necesidad de un cambio en las políticas en la materia.
En marzo de 2023, 40 migrantes murieron en un incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez.
El Instituto Nacional de Migración dijo en un reporte de abril de 2024 que ha logrado garantizar la reparación integral del daño a las víctimas, con indemnización ya otorgada a 29 de 40 familias.
Se desconoce cuántas personas han sido detenidas en el caso y su estatus procesal actual. La investigación sigue abierta.
“Tenemos un antecedente de 2023 que justamente es la estación migratoria en Ciudad Juárez, donde no se ha tenido justicia para estas víctimas. Estamos hablando de 40 personas que fueron, básicamente murieron calcinadas y estaban bajo resguardo de las autoridades en México”, recordó Cortés.
Cortés asegura que los activistas y organismos de migración esperan que la nueva gestión encabezada por Sheinbaum dé un viraje real para mejorar la política migratoria del país.
“Donde tenemos alguna ruta militarizada, los migrantes deciden no pasar y deciden encontrar otras rutas y lo que hemos descubierto con la militarización en las fronteras es que están orillando a las personas migrantes a tomar caminos cada día más hostiles, con un nivel de peligrosidad mucho más elevado”, agregó Cortés.