(CNN) – El alcalde de una ciudad mexicana asolada por la delincuencia fue asesinado menos de una semana después de asumir el cargo, el último de una serie de ataques violentos contra políticos del país.
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El asesinato de Alejandro Arcos Catalán, que asumió el cargo de alcalde de Chilpancingo el 1 de octubre, se produce pocos días después de que el secretario de Gobierno de la ciudad, Francisco Tapia, resultara muerto a tiros, y ha renovado las preocupaciones sobre la seguridad en un país que recientemente celebró sus elecciones generales más grandes y violentas de la historia.
Este lunes, la recién elegida presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó el homicidio de Arcos de “desafortunado” y dijo que su gabinete de seguridad explicaría este martes “con más detalles” las acciones que se están tomando para abordar los problemas de seguridad del país.
“Vamos a desplegar la estrategia general. Trabajaremos en algunos estados con más presencia, inteligencia e investigación en colaboración con los gobernadores”, dijo Sheinbaum durante su conferencia de prensa diaria.
Chilpancingo es la capital de Guerrero, un estado con reputación de delitos violentos que también alberga el atractivo turístico de Acapulco.
La gobernadora del estado, Evelyn Salgado, condenó el homicidio y prometió que los responsables rendirían cuentas. “Su pérdida es lamentada por toda la sociedad guerrerense y nos llena de indignación”, escribió Salgado en X.
Sin embargo, la violencia que enfrentan los políticos mexicanos se extiende mucho más allá de Guerrero, como lo demostró la histórica elección del 2 de junio que llevó a Sheinbaum al poder.
Con 20.000 puestos electorales en juego, la escala del derramamiento de sangre cometido por quienes intentaban influir en el voto no tenía precedentes.
Durante la temporada de campaña, al menos 34 candidatos políticos fueron asesinados por organizaciones criminales. Y la violencia no se detuvo allí. Apenas horas después de la elección de Sheinbaum, la alcaldesa de Cotija, en Michoacán, fue muerta a tiros.
Según un informe de Integralia Consultants, las organizaciones criminales en México centran los ataques con motivaciones políticas en el nivel municipal porque los alcaldes pueden ofrecerles impunidad debido a sus vínculos con las fuerzas del orden y la economía local.
Se afirma que las bandas criminales a menudo financian campañas durante la temporada electoral, intimidando a los candidatos e interviniendo violentamente para obligar a los políticos a cooperar con ellos.