(CNN Español) – Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de México durante la presidencia de Felipe Calderón y juzgado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y vínculos con la delincuencia organizada, pidió este martes clemencia al juez Brian Cogan, que dará sentencia de su caso.
A un día de su presentación en la Corte de Brooklyn para escuchar su sentencia, García Luna hizo pública una carta de su puño y letra dirigida al juez Cogan en la que se refiere a su propia vida como producto de “valores familiares” que, según dice, los habría recibido desde su infancia.
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En la carta, de cinco páginas, García Luna cuenta que dentro de la prisión en la que ha pasado los últimos 58 meses de su cautiverio ha participado en programas para capacitación de concientización de uso y abuso de drogas, así como en un programa de Educación en Prisión de la Universidad de Columbia.
Además, el exsecretario de Seguridad Pública subraya que cuando fue funcionario público tuvo conocimiento de información reservada y privilegiada que incluía la colaboración de autoridades estadounidenses de primer nivel.
García Luna fue declarado culpable de participar en una empresa criminal continua, conspiración para obtener, importar y distribuir miles de kilogramos de cocaína en Estados Unidos y haber hecho declaraciones falsas a funcionarios estadounidenses de inmigración tras su detención en diciembre de 2019.
“Su señoría, como lo indiqué, tengo un firme respeto a la ley, le pido respetuosamente su consideración para que en el marco de esta sentencia se consideren todos los factores que dieron origen a este juicio, entre otros la información falsa proporcionada por el actual gobierno de México y los testigos -criminales, su complicidad en mi contra y mi responsabilidad en el combate frontal al narcotráfico donde además se enfrentan poderosos intereses políticos”, señala García Luna en la carta.
En septiembre, García Luna reveló que la Fiscalía de Nueva York le propuso aceptar un acuerdo de culpabilidad que supondría pasar en prisión seis meses, obtener beneficios económicos y convertirse en testigo para señalar a personas e instituciones de México, informó CNN.
El exsecretario de Seguridad Pública dijo no haber aceptado el trato porque suponía el debilitamiento “del desarrollo, la paz pública y la vida institucional del país”, según la comunicación manuscrita que compartió su abogado con CNN.
“Su señoría, con el más profundo de mis sentimientos, le solicito respetuosamente me permita regresar lo antes posible con mi familia y reincorporarme a la entrañable sociedad a la que respeto y pertenezco”, concluye el exfuncionario.