Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente por ProPublica.
(ProPublica) – Josseli Barnica se afligió por la noticia mientras yacía en la cama de un hospital de Houston el 3 de septiembre de 2021: el hermano que había soñado darle a su hija no sobreviviría al embarazo.
El feto estaba a punto de salir, con la cabeza presionada contra su cuello uterino dilatado; tenía 17 semanas de embarazo y un aborto espontáneo “en curso”, según anotaron los médicos en los registros del hospital. En ese momento, deberían haberle ofrecido acelerar el parto o vaciarle el útero para evitar una infección mortal, según dijeron a ProPublica más de una docena de expertos médicos.
Pero cuando el marido de Barnica acudió corriendo a su lado desde su trabajo en una obra, ella le contó lo que, según ella, le había dicho el equipo médico: “Tenían que esperar hasta que no hubiera latido”, dijo a ProPublica en español. “Sería un delito practicarle un aborto”.
Durante 40 horas, la angustiada madre de 28 años rezó para que los médicos le ayudaran a volver a casa con su hija. Todo ese tiempo, su útero permaneció expuesto a las bacterias.
Tres días después de dar a luz, Barnica murió de una infección.
Barnica es una de al menos dos mujeres de Texas que, según ProPublica, perdieron la vida después de que los médicos retrasaran la atención de abortos espontáneos, que entran en una zona gris según las estrictas leyes abortivas del estado que prohíben a los médicos acabar con el latido del corazón de un feto.
Ninguna de las dos había querido abortar, pero eso no hizo una diferencia. Aunque los defensores insisten en que las leyes protegen tanto la vida del feto como la de la persona embarazada, en la práctica, los médicos han dudado en prestar asistencia bajo la amenaza de ser procesados, encarcelados y arruinados profesionalmente.
ProPublica compartió esta semana las historias de estas mujeres, empezando por la de Barnica. Su muerte fue “evitable”, según más de una docena de expertos médicos que revisaron un resumen de sus registros hospitalarios y de la autopsia a petición de ProPublica; calificaron su caso de “horrible”, “impactante” y “atroz”.
Los médicos implicados en la atención de Barnica en HCA Houston Healthcare Northwest no respondieron a las múltiples peticiones de comentarios sobre su caso. En un comunicado, HCA Healthcare afirmó que “nuestra responsabilidad es cumplir las leyes y normativas estatales y federales aplicables” y afirmó que los médicos ejercen su juicio independiente. La empresa no respondió a una lista detallada de preguntas sobre la atención de Barnica.
Como todos los estados, Texas cuenta con una comisión de expertos en salud materna que revisa este tipo de muertes para recomendar formas de prevenirlas, pero los informes de la comisión sobre casos individuales no son públicos y sus miembros dijeron que no han terminado de examinar los casos de 2021, el año en que murió Barnica.
ProPublica está trabajando para colmar las lagunas de conocimiento sobre las consecuencias de la prohibición del aborto. Los reporteros rastrearon los datos sobre fallecimientos y señalaron el caso de Barnica por su preocupante causa de muerte: “sepsis” relacionada con “productos de la concepción”. Localizamos a su familia, obtuvimos los informes de la autopsia y del hospital y reclutamos a diversos expertos para que revisaran un resumen de su atención médica que ProPublica creó en consulta con dos médicos.
Entre esos expertos había más de una docena de ginecólogos-obstetras y especialistas en medicina materno-fetal de todo el país, incluidos investigadores de prestigiosas instituciones, médicos que tratan abortos espontáneos con regularidad y expertos que han servido en comisiones estatales de revisión de la mortalidad materna o han ocupado puestos en organizaciones médicas profesionales nacionales.
Tras revisar el resumen de cuatro páginas, que incluía la cronología de la atención informada en los registros del hospital, todos coincidieron en que exigirle a Barnica que esperara para dar a luz hasta después de que no hubiera latido fetal detectable violaba las normas médicas profesionales porque podía dar tiempo a que se afianzara una infección agresiva. Dijeron que había muchas posibilidades de que hubiera sobrevivido si se le hubiera ofrecido una intervención antes.
“Si esto hubiera ocurrido en Massachusetts o en Ohio, habría tenido ese parto en un par de horas”, dijo la doctora Susan Mann, experta nacional en seguridad del paciente en atención obstétrica que enseña en la Universidad de Harvard.
Muchos observaron una sorprendente similitud con el caso de Savita Halappavanar, una mujer de 31 años que murió de un shock séptico en 2012 después de que los proveedores de Irlanda se negaran a vaciarle el útero durante un aborto espontáneo a las 17 semanas.
Cuando suplicó que la atendieran, una comadrona le dijo: “Este es un país católico”. La investigación resultante y el clamor público impulsaron al país a cambiar su estricta prohibición del aborto.
Pero tras las muertes relacionadas con el acceso al aborto en Estados Unidos, los líderes que apoyan la restricción de este derecho no han pedido ninguna reforma.
El mes pasado, ProPublica contó las historias de dos mujeres de Georgia, Amber Thurman y Candi Miller, cuyas muertes fueron consideradas “evitables” por la comisión estatal de revisión de la mortalidad materna después de que no pudieran acceder a abortos legales y a una atención médica oportuna en medio de la prohibición del aborto.
El gobernador de Georgia, Brian Kemp, calificó la información de “alarmismo”. El expresidente Donald Trump no se ha pronunciado al respecto, salvo para bromear con que su foro en Fox News sobre cuestiones de la mujer obtendría “mejores índices de audiencia” que una convocatoria de prensa en la que la familia de Thurman hablara de su dolor.
Los líderes de Texas, el estado con la prohibición del aborto más antigua del país, han sido testigos de las consecuencias de tales restricciones durante más tiempo que los de cualquier otro estado.
En demandas, peticiones judiciales e historias periodísticas, docenas de mujeres han dicho que se enfrentaron a peligros cuando se les negó el aborto a partir de 2021. Una sufrió sepsis como Barnica, pero sobrevivió tras tres días en cuidados intensivos. Perdió parte de una trompa de Falopio. Los legisladores han hecho pequeñas concesiones para aclarar dos excepciones para emergencias médicas, pero incluso en esos casos, los médicos se arriesgan hasta 99 años de prisión y multas de US$ 100.000; pueden alegar ante un tribunal que sus acciones no constituyen un delito, de forma parecida a como los acusados pueden alegar defensa propia tras ser acusados de homicidio.
En medio del diluvio de pruebas del daño, incluidas las investigaciones que sugieren que la legislación de Texas ha aumentado la mortalidad infantil y materna, algunos de los partidarios más destacados de la prohibición han acallado su entusiasmo público por ella. El senador estadounidense Ted Cruz, que una vez defendió la caída del caso Roe contra Wade y dijo: “El embarazo no es una enfermedad que ponga en peligro la vida”, ahora evita el tema en medio de una batalla por mantener su escaño. Y el gobernador Greg Abbott, que dijo a principios del año pasado que “prometimos que protegeríamos la vida de todos los niños con latido, y lo hicimos”, no ha hecho declaraciones similares desde entonces.
Ambos declinaron hacer comentarios a ProPublica, al igual que el fiscal general del estado, Ken Paxton, cuyo compromiso con la prohibición se mantiene firme mientras lucha por el acceso a los historiales médicos de fuera del estado de las mujeres que viajan para abortar.
A principios de este mes, mientras la nación se enfrentaba a las primeras muertes evitables de las que se tiene noticia relacionadas con el acceso al aborto, Paxton celebró una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que permitía a Texas ignorar las directrices federales que obligan a los médicos a practicar los abortos necesarios para estabilizar a las pacientes de urgencia.
“Es una gran victoria”, dijo Paxton.
”Tenían que esperar hasta que no hubiera latido”
Para Barnica, inmigrante de Honduras, el sueño americano parecía al alcance de la mano en su rincón de Houston, un barrio lleno de restaurantes que venden pupusas salvadoreñas y panaderías especializadas en conchas mexicanas. Encontró trabajo instalando tablaroca, ahorró dinero para mantener a su madre en su país y conoció a su marido en 2019 en un partido de fútbol comunitario.
Un año después, dieron la bienvenida a una niña de ojos grandes a la que celebraron cada uno de sus hitos. “Que Dios bendiga a mi familia”, escribió Barnica en las redes sociales, junto a una foto del trío vestido a cuadros rojos y negros a juego. “Nuestra primera Navidad con nuestra princesa. Los amo”.
Barnica anhelaba tener una familia numerosa y se emocionó cuando volvió a quedar embarazada en 2021.
Los problemas surgieron en el segundo trimestre.
El 2 de septiembre de 2021, con 17 semanas y cuatro días de embarazo, acudió al hospital con cólicos, según su historial. Al día siguiente, cuando la hemorragia empeoró, regresó. A las dos horas de su llegada, el 3 de septiembre, una ecografía confirmó “membranas abultadas en la vagina con la cabeza del feto en el cuello uterino abierto”, con una dilatación de 8,9 cm, y que presentaba poco líquido amniótico. El aborto espontáneo estaba “en curso”, escribió el radiólogo.
Cuando llegó el marido de Barnica, ésta le dijo que los médicos no podían intervenir hasta que no hubiera latido.
Al día siguiente, la doctora Shirley Lima, obstetra de guardia, diagnosticó un aborto espontáneo “inevitable”.
En el historial de Barnica, anotó que se había detectado el latido del corazón del feto y escribió que estaba proporcionando a Barnica medicación para el dolor y “apoyo emocional”.
En un estado donde el aborto no estuviera prohibido, a Barnica se le podrían haber ofrecido inmediatamente las opciones que las principales organizaciones médicas, incluidas las internacionales, dicen que es la norma de atención basada en la evidencia: acelerar el parto con medicación o un procedimiento de dilatación y evacuación para vaciar el útero.
“Sabemos que cuanto antes se intervenga en estas situaciones, mejores serán los resultados”, afirmó el Dr. Steven Porter, ginecólogo-obstetra de Cleveland.
Pero la nueva prohibición del aborto en Texas acababa de entrar en vigor. Exigía a los médicos confirmar la ausencia de latido fetal antes de intervenir, a menos que hubiera una “emergencia médica”, aspecto no definido por la ley. Exigía a los médicos que tomaran notas por escrito sobre el estado de la paciente y la razón por la que era necesario abortar.
La ley no tenía en cuenta la posibilidad de una emergencia futura, que podría desarrollarse en horas o días sin intervención, dijeron los médicos a ProPublica.
Barnica seguía técnicamente estable. Pero permanecer en el hospital con el cuello uterino más abierto que una pelota de béisbol dejó su útero expuesto a las bacterias y la colocó en alto riesgo de desarrollar sepsis, dijeron los expertos a ProPublica. Las infecciones pueden avanzar con rapidez y ser difíciles de controlar una vez que se afianzan.
El escenario le resultaba demasiado familiar a la doctora Leilah Zahedi-Spung, especialista en medicina materno-fetal que solía trabajar en Tennessee y que revisó un resumen del historial de Barnica a petición de ProPublica.
Las prohibiciones del aborto ponen a los médicos en una posición imposible, dijo, obligándoles a decidir si arriesgarse a una mala praxis o a ser acusados de un delito grave. Después de que su estado promulgara una de las prohibiciones más estrictas del país, ella también esperó para ofrecer intervenciones en casos como el de Barnica hasta que los latidos del feto se detuvieron o las pacientes mostraron signos de infección, rezando cada vez para que nada saliera mal. Por eso acabó trasladándose a Colorado.
Los médicos que trataron a Barnica “no hicieron en absoluto lo correcto”, dijo. Pero entendía por qué se habrían sentido “totalmente sin salida”, sobre todo si trabajaban en un hospital que no había prometido defenderlos.
Incluso tres años después de la muerte de Barnica, HCA Healthcare, la cadena hospitalaria que trató a Barnica, no revela si tiene una política sobre cómo tratar los abortos espontáneos.
Algunos accionistas de HCA han pedido a la empresa que prepare un informe sobre los riesgos para la compañía relacionados con las prohibiciones en los estados que restringen el aborto, para que los pacientes comprendan qué servicios pueden esperar y los médicos sepan en qué circunstancias estarían protegidos. Pero el consejo de administración se opuso a la propuesta, en parte porque crearía un “gasto y unas cargas innecesarias con beneficios limitados para nuestros accionistas”. La propuesta recibió el apoyo del 8% de los accionistas que votaron.
La decisión de la empresa de abstenerse tiene repercusiones mucho más allá de Texas; la mayor cadena de hospitales con ánimo de lucro del país ha declarado que atiende más partos que cualquier otro proveedor de atención sanitaria en Estados Unidos, y el 70% de sus hospitales se encuentran en estados donde el aborto está restringido.
A medida que pasaban las horas en el hospital de Houston, Barnica no encontraba alivio. En una llamada telefónica con su tía Rosa Elda Calix Barnica se quejó de que los médicos seguían realizando ecografías para comprobar el latido fetal, pero no le ayudaban a poner fin al aborto.
Hacia las 4 a.m. del 5 de septiembre, 40 horas después del ingreso de Barnica al hospital, los médicos ya no pudieron detectar ninguna actividad cardíaca en el feto. Poco después, Lima dio a luz al feto de Barnica, administrándole medicación para ayudar a acelerar el parto.
El Dr. Joel Ross, el ginecólogo-obstetra que supervisó sus cuidados, le dio el alta al cabo de unas ocho horas más.
La hemorragia continuó, pero cuando Barnica llamó al hospital, le dijeron que era de esperar. Su tía se alarmó aún más dos días después cuando la hemorragia se hizo más intensa.
Vuelve, le dijo a su sobrina.
La noche del 7 de septiembre, el marido de Barnica la llevó al hospital en cuanto llegó del trabajo. Pero los protocolos de covid-19 significaban que sólo podía haber una visita en la habitación con ella, y no tenían quién cuidara a su hija de 1 año.
Él se marchó entonces e intentó dormir un poco.
“Esperaba totalmente que volviera a casa”, dijo.
Pero nunca lo hizo. Su familia planeó dos funerales, uno en Houston y otro en Honduras.
Nueve días después de su muerte, el marido de Barnica estaba procesando su conmoción, aprendiendo a ser padre soltero y luchando por recaudar fondos para enterrar a su mujer y al hijo que había esperado criar.
Mientras tanto, Lima sacaba el expediente médico de Barnica para hacer unas anotaciones en su historial.
Las notas que añadió dejaban muy claro un punto: “Cuando me llamaron para el parto”, escribió, “el feto ya no tenía tonos cardíacos detectables”.
“Deberían expresar su desacuerdo”
Texas ha estado a la vanguardia de la lucha contra el acceso al aborto.
Cuando Barnica sufrió el aborto espontáneo en 2021, la Corte Suprema aún no había anulado el derecho constitucional a interrumpir un embarazo. Pero los legisladores de Texas, decididos a ser los primeros en promulgar una prohibición contundente, ya habían aprobado una dura ley civil que utilizaba una novedosa estrategia legal que eludía el caso Roe contra Wade: prohibía a los médicos practicar un aborto después de las seis semanas ofreciendo a los ciudadanos incentivos para demandar a los médicos por sentencias de US$ 10.000. La recompensa también se aplicaba a cualquiera que “ayudara e instigara” un aborto.
Un año después, tras la sentencia del caso Dobbs contra Jackson, entró en vigor una ley penal aún más estricta, que amenazaba a los médicos con hasta 99 años de prisión y una multa de US$ 100.000.
Poco después de la sentencia, el gobierno de Biden emitió una guía federal en la que recordaba a los médicos de las salas de urgencias de los hospitales que tienen el deber de tratar a las pacientes embarazadas que necesiten ser estabilizadas, incluso practicándoles procedimientos por abortos espontáneos.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, luchó contra ello, argumentando que seguir la orientación obligaría a los médicos a “cometer delitos” según la ley estatal y convertiría a todos los hospitales en “clínicas de aborto sin cita previa”. Cuando una mujer de Dallas pidió a un tribunal la aprobación para interrumpir su embarazo porque su feto no era viable y se enfrentaba a riesgos para su salud si lo llevaba a término, Paxton luchó para que siguiera embarazada. Argumentó que su médico no había demostrado que se tratara de una emergencia y amenazó con procesar a cualquiera que le ayudara. “Nada puede restaurar la vida del niño no nacido que se perderá como resultado”, escribió al tribunal.
Ningún médico de Texas, ni de los otros 20 estados que penalizan el aborto, ha sido procesado por violar una prohibición estatal. Pero la posibilidad se cierne sobre cada una de sus decisiones, según contaron a ProPublica docenas de médicos de esos estados, obligándoles a considerar sus propios riesgos legales mientras navegan por las urgencias sanitarias de sus pacientes. La falta de claridad ha provocado que se niegue la atención a muchos pacientes.
En 2023, los legisladores de Texas hicieron una pequeña concesión a las protestas por la incertidumbre que la prohibición estaba creando en los hospitales. Crearon una nueva excepción para los embarazos ectópicos, una afección potencialmente mortal en la que el embrión se adhiere fuera de la cavidad uterina, y para los casos en los que las membranas de una paciente se rompen prematuramente antes de la viabilidad, lo que introduce un alto riesgo de infección. Los médicos aún pueden ser procesados, pero se les permite argumentar ante un juez o un jurado que sus acciones estaban protegidas, algo parecido a los argumentos de defensa propia tras un homicidio. El estado de Barnica no habría encajado claramente en esta excepción.
Este año, después de que la Corte Suprema del estado se lo ordenara, la Junta Médica de Texas publicó nuevas directrices en las que se indicaba a los médicos que no era necesario que una emergencia fuera “inminente” para poder intervenir y se les aconsejaba que aportaran documentación adicional sobre los riesgos.
Pero en una entrevista reciente, el presidente de la junta, el doctor Sherif Zaafran, reconoció que estos esfuerzos solo llegan hasta cierto punto y que el grupo no tiene poder sobre el derecho penal: “No podemos hacer nada para impedir que un fiscal presente cargos contra los médicos”.
Al preguntarle qué les diría a las pacientes de Texas que sufren un aborto espontáneo y no pueden recibir tratamiento, dijo que deberían buscar una segunda opinión: “Deberían expresar su desacuerdo e ir a buscar la orientación de otra persona”.
El marido de Barnica, un inmigrante de El Salvador que trabaja turnos de 12 horas, no sigue la política estadounidense ni las noticias. No tenía ni idea del polémico debate nacional sobre cómo la prohibición del aborto está afectando a la atención sanitaria materna cuando ProPublica se puso en contacto con él.
Ahora está criando a una hija de 4 años con la ayuda del hermano menor de Barnica. Cada fin de semana la llevan a ver a su abuela, que sabe hacerle trenzas en el pelo.
Por toda su casa guarda fotos de su esposa para que la niña crezca sabiendo cuánto la quería su madre. Ve destellos de su mujer cuando su hija baila. Ella irradia el mismo encanto.
Cuando le preguntan por Barnica, no le salen muchas palabras; su pierna está inquieta, sus ojos fijos en el suelo. La familia de Barnica le llama padre modelo.
Él dice que sólo hace lo que puede.
– Escrito por Cassandra Jaramillo y Kavitha Surana de ProPublica. Mariam Elba y Doris Burke contribuyeron a la investigación. Lizzie Presser contribuyó con reportajes.