(CNN Español) –– Los familiares de cuatro dirigentes opositores venezolanos encarcelados pidieron en una conferencia de prensa conjunta este martes que les permitan visitar a sus familiares, quienes, aseguran, están detenidos injustamente en la prisión El Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas.
María Livia, esposa de Biagio Pilieri; Aurora Silva, esposa de Freddy Superlano; María Constanza Cipriani, esposa de Perkins Rocha; y Rayceda De Grazia, hija de Américo de Grazia, aseguraron que tienen más de 80 días sin ver a sus parientes, que desconocen el estado de salud de cada uno y que ellos no han tenido derecho al nombramiento de un abogado privado.
“No hemos recibido ni una sola llamada, se comunican con nosotros a través de supuestas cartas donde nos indican lo que necesitan y nosotras se los llevamos, pero no sabemos si esas cartas son escritas por ellos mismos”, denunció María de Pilieri.
CNN consultó a la Fiscalía de Venezuela sobre las denuncias hechas este martes por las esposas de los detenidos, cercanos colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, y está a la espera de una respuesta.
Los líderes opositores venezolanos fueron detenidos tras los comicios del 28 de julio, en lo que organizaciones civiles y sus familiares denunciaron como una persecución emprendida por el Gobierno de Nicolás Maduro contra de las personas que protestaron por el resultado de las elecciones o que trabajaron en el equipo del candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia.
Tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Supremo de Justicia declararon la victoria de Maduro, pero hasta el momento no han publicado las pruebas que certifiquen ese triunfo. En respuesta, la oposición publicó el 83,5% de las actas electorales en una página web, cuyos resultados otorgan una holgada ventaja al opositor Edmundo González Urrutia.
El 15 de octubre, la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU aseguró en su último informe que después de las presidenciales se han violado los derechos humanos de los detenidos, quienes permanecen en prisión a pesar de la falta de pruebas y de no haber nombrado a abogados de su elección. El Gobierno venezolano rechazó el contenido de ese estudio.
El fin de semana, el Gobierno excarceló a 225 personas, aunque la oenegé venezolana Foro Penal Venezolano pudo documentar la salida de prisión de 131.