(CNN Español) – La red de policías desarticulada en la denominada Operación Pandora este domingo en República Dominicana creó presuntamente una organización criminal que traficó clandestinamente municiones de la institución y otros pertrechos, según la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público a la que tuvo acceso CNN. Algunos de estos elementos habrían tenido como destino a nacionales haitianos en el mercado binacional en Pedernales su supuesto uso en actividades delictivas, de acuerdo con el documento de la fiscalía.
La investigación preliminar determinó que al menos 10 oficiales superiores, oficiales y alistados de la Policía Nacional de la Intendencia de Armas de la institución y una empresa habrían utilizado sus funciones para “sustraer, traficar y comercializar municiones de distintos calibres, incluyendo para fusiles, así como otros pertrechos policiales adquiridos por el Estado dominicano”. Entre los señalados se encuentra el coronel Narciso Feliz Romero, exintendente de Armas, que fue apuntado por las autoridades como el cabecilla de esta red.
El representante legal de Feliz Romero, Vinicio Aquino Figuereo, negó las acusaciones contra su defendido y afirmó que fue el exintendente de Armas quien destapó la “caja de pandora”.
A principios de noviembre y en medio de la investigación, Romero fue destituido del cargo por decisión del director de la Policía Nacional. En ese momento, la fuerza dijo que se trató de un cambio rutinario.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, le respondió este martes al abogado al afirmar que “a quien nosotros debemos agradecer es al Ministerio de Interior y Policía, a la Dirección de la Policía Nacional y a la Inspectoría de la Policía Nacional, que han tenido un compromiso de absoluta y completa colaboración con el Ministerio Público”.
En la solicitud de medida de coerción de más de 200 páginas, el órgano acusador señala a la imputada Miguelina Bello Segura —prima de uno de los oficiales detenidos en la Operación Pandora— de comercialización ilegal de municiones y materiales relacionados en la provincia fronteriza de Pedernales, en el sur del país. La imputada acordó el lunes estar dispuesta a colaborar con el Ministerio Público en la investigación.
De acuerdo con el Ministerio Público, Bello Segura recibió decenas de cajas de municiones de distintos calibres que vendió clandestinamente a nacionales haitianos quienes la utilizaban en actividades criminales. El titular de la Pepca evitó referirse a este tema al ser cuestionado a la salida de la sala de audiencias.
CNN intenta contactarse con el representante legal de Bello Segura para obtener comentarios.
En abril, la Organización de las Naciones Unidas señaló que República Dominicana esta entre las cuatro principales rutas de tráfico de armas a Haití a través de la frontera común.
Según el Ministerio Público, los detenidos “destruyeron evidencias que comprometían su responsabilidad penal” y trataron de “inculpar a los miembros de menor jerarquía dentro de la organización”.
La Procuraduría Especializada dice que la red criminal presuntamente también amenazaba e intimidaba a testigos, y que facilitaba, ocultaba, transfería y transportaba bienes y ganancias de las actividades ilícitas.
De acuerdo con las autoridades, entre febrero y octubre los acusados habrían sustraído al menos 908.000 municiones de diferentes calibres, por un monto cercano al millón de dólares
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para los detenidos como medida de coerción, la cual fue aplazada el martes y fijada para el 25 de noviembre en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en Santo Domingo.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, dijo que con la Operación Pandora se ha roto un sistema de impunidad. La funcionaria destacó que esta investigación del Ministerio Público se inició en octubre, tras una solicitud conjunta del Ministerio de Interior y Policía y el director de la uniformada, el mayor general Ramón Guzmán Peralta.
Según las leyes dominicanas, los imputados podrían enfrentar hasta 20 años de cárcel por el delito de tráfico ilícito de armas, además del pago de una multa de 50 a 75 salarios mínimos del sector público, equivalentes a entre US$ 16.100 Y US$ 24.150.
Además, el delito de falsificación o alteración de las características técnicas de armas de fuego podría acarrear una pena principal de entre 5 y 10 años de prisión, más el decomiso del arma de fuego y el pago de una multa de 10 a 15 salarios mínimos, entre US$ 3.220 y US$ 4.830.