(CNN) – Cuando Deborah Gonzalez se postuló para ser elegida fiscal de Distrito del Circuito Judicial Occidental de Georgia en 2020, no ocultó su posición sobre la pena capital.
“No apoyo la pena de muerte”, escribió Gonzalez en Twitter, ahora X, en septiembre de 2020. “Es cruel e inhumana. Como fiscal de distrito de Athens, Georgia, no la solicitaré en ningún enjuiciamiento. El argumento del ojo por ojo no repara a nuestra comunidad. La justicia restaurativa lo hace”.
Se ha mantenido fiel a esa postura en sus cuatro años como fiscal del distrito, incluso en el reciente juicio a José Ibarra, el inmigrante de 26 años condenado por el asesinato de la estudiante de enfermería Laken Riley.
La parte acusadora ante el tribunal recomendó que Ibarra fuera condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, como también lo hicieron miembros de la familia de Riley.
“Señoría, le pido por favor que le dé a José Ibarra lo mismo que nos dio a nosotros cuando tomó la decisión de quitarle la vida a Laken y destruir la nuestra. No tuvo piedad de Laken cuando suplicaba por su vida”, dijo su madre Allyson Phillips ante el tribunal. “Le pido por favor que condene a este monstruo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, para que nunca más tenga la oportunidad de hacer daño a nadie”.
El juez H. Patrick Haggard estuvo de acuerdo y dictó la sentencia el miércoles por la tarde.
No fue una sorpresa para los presentes en la sala. En mayo, tres meses después del asesinato, la Fiscalía de Distrito del Circuito Judicial Occidental dijo que no solicitaría la pena de muerte en el caso de Ibarra. La decisión se tomó “tras una cuidadosa deliberación con el principal fiscal y el apoyo de la familia (de Riley)” y “subraya nuestro compromiso inquebrantable de perseguir la justicia para los crímenes más atroces”, según un comunicado de prensa.
Sin embargo, el hecho de que el castigo no fuera la pena de muerte suscitó las críticas de algunos fervientes defensores de la derecha, como la diputada Marjorie Taylor Greene.
“José Ibarra merece la pena de muerte”, escribió la republicana de Georgia en X. “Tal y como la madre de Laken, Allyson, pidió al juez, el malvado asesino de Laken merece exactamente lo que le dio a Laken”.
Un portavoz de la Fiscalía defendió la decisión de pedir cadena perpetua en un comunicado enviado por correo electrónico el jueves.
“Cadena perpetua sin libertad condicional es una sentencia apropiadamente seria y es una decisión apoyada por la familia, como se escuchó en las declaraciones de impacto durante la sentencia de ayer”, dijo la portavoz Dawn Brinkley.
“Soy una fiscal progresista”
Las posturas de Gonzalez en contra de la pena de muerte y a favor de la reforma de la justicia penal la sitúan entre una ola de fiscales progresistas elegidos en todo el país en 2020.
En los últimos días del primer Gobierno de Donald Trump, Gonzalez coescribió una opinión para USA Today en la que criticaba el “desprecio por la vida humana” y el uso de la pena de muerte por parte de la Administración.
“La pena de muerte representa lo peor de nosotros —la venganza y la crueldad— y no hace nada para disuadir el crimen o hacer que nuestras comunidades sean más seguras”, escribieron Gonzalez y otras dos personas. “Ya es hora de abolir la pena capital de una vez por todas. Y tanto los estadounidenses como los Estados están adoptando cada vez más esta reforma y alineándose con otras democracias occidentales”.
Gonzalez expuso con más detalle sus puntos de vista en una entrevista concedida en enero de 2022 a la revista VoyageATL.
“Soy una fiscal progresista, lo que significa que entiendo mi poder y me he comprometido a utilizarlo para hacer frente a las injusticias del sistema jurídico penal, para reducir el encarcelamiento masivo, reducir el daño a la comunidad debido al complejo industrial penitenciario, para que las personas rindan cuentas por lo que han hecho a través de medidas restaurativas y programas de remisión, para ayudar a la recuperación de mi comunidad con cada una de las decisiones que tomo”, dijo.
Estas ideas se pusieron a prueba en febrero, cuando Riley, una estudiante de Enfermería de 22 años, fue asesinada mientras corría por el campus de la Universidad de Georgia. El sospechoso del asesinato era Ibarra, un inmigrante de Venezuela que entró ilegalmente en el país.
Cuatro días después del asesinato, Gonzalez incorporó a Sheila Ross, del Consejo de Fiscales, a un grupo de trabajo sobre el caso.
“Le damos la bienvenida de nuevo como una abogada litigante bien informada y respetada con la experiencia lista para hacer justicia en nombre de Laken Riley”, dijo Gonzalez en el comunicado.
Tres meses más tarde, Gonzalez hizo público el comunicado en el que anunciaba que la acusación no solicitaría la pena de muerte.
“Nuestro máximo deber es garantizar que se haga justicia y que la familia de la víctima sea parte integral del proceso de deliberación”, dijo Gonzalez. “Entendemos que habrá quienes, fuera de esta oficina, no estén de acuerdo con nuestra decisión y traten de explotar este caso para obtener beneficios políticos. Sin embargo, la integridad de nuestro proceso judicial y la búsqueda de la justicia siempre deben trascender las consideraciones políticas”.
Cuatro años después de las elecciones de 2020, esa ola de fiscales progresistas se rompió estrepitosamente. En todo el país, un fuerte aumento de los asesinatos entre 2020 y 2022 ayudó a impulsar una reacción contra funcionarios como Gonzalez.
A principios de este mes, fue expulsada de su cargo. Obtuvo apenas el 41% de los votos en una derrota ante la independiente Kalki Yalamanchili, que había criticado su liderazgo de la oficina y su oposición a la pena de muerte.
“No creo que haya que descartar categóricamente la pena de muerte, y si viera un caso en el que me pareciera apropiada, nuestra oficina la pediría”, declaró en una entrevista con Athens Politics Nerd.