(CNN Español) – Numerosas fotografías y nombres de personas detenidas después de las elecciones del 28 de julio en Venezuela se exhibieron este jueves frente a la sede principal de la Fiscalía general en Caracas para exigir a las autoridades que concreten las 225 excarcelaciones anunciadas. Los familiares afirman que solo tienen documentados 140 casos de personas que salieron de los centros de reclusión.
“El fiscal general sabe que tiene en sus manos las pruebas de la inocencia de nuestros familiares”, dijo Diego Casanova, hermano de uno de los detenidos, y agregó: “No cometieron delitos de terrorismo”. Junto con otros miembros del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, así como otros parientes, suscribió un documento en el que piden medidas humanitarias para pasar una Navidad sin sus allegados tras las rejas.
Yuzmery García, madre de uno de los detenidos en la cárcel de Tocorón, hizo un llamado al presidente Nicolás Maduro, recordando que dijo que habría justicia y que se revisarían los casos. “Póngase la mano en el corazón, revisen los casos. Necesitamos Navidades sin presos políticos”, aseguró. García afirmó que los recluidos en la cárcel donde se encuentra su hijo están pasando hambre y no tienen agua y que los familiares están fuera del penal sin dormir a la espera de alguna medida a favor de estas personas.
CNN ha consultado al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario de Venezuela sobre estas denuncias y está a la espera de respuesta.
García contó que al saber del proceso de revisión de expedientes pensó que su hijo podía verse favorecido, pero esto no ocurrió. Según la información que tiene, solo se han visto beneficiados los que tenían algún problema de salud.
A mediados de noviembre, Maduro hizo un llamado a los jueces y al fiscal general, Tarek William Saab, para revisar caso por caso de los detenidos, y recomendó que, si había alguno que debía rectificarse y revisar, “haya justicia”. Desde el 12 de noviembre, el Ministerio Público comenzó a recibir a los parientes de los procesados para verificar los expedientes y tres días después comenzaron las excarcelaciones en penales como Tocuyito, Tocorón, Yare y La Crisálida.
El Comité y otras ONG como Foro Penal Venezolano aseguran que, en la mayoría de los casos, los detenidos están acusados de cargos de terrorismo, incitación al odio y obstrucción a la vía pública. De ser hallados culpables, enfrentarían la pena máxima de 30 años.
CNN se ha comunicado con la Fiscalía general para consultar sobre estas denuncias, pero aún no ha obtenido respuesta.
Recientemente, el fiscal reiteró que se “han liberado a 225 venezolanos y venezolanas que recibieron medidas cautelares”. Sin embargo, advirtió que a quienes se les demuestre culpabilidad, serán condenados.
Tras las elecciones en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador al presidente Nicolás Maduro, sin mostrar resultados detallados por estado o centro de votación, miles de ciudadanos salieron públicamente a rechazar el anuncio. La oposición recabó las actas electorales a través de sus testigos y afirma que puede probar que el triunfador real fue su candidato, Edmundo González Urrutia. Maduro los acusó de querer incendiar las calles y aseguró que 2.500 personas fueron detenidas tras los comicios, mientras Foro Penal contabiliza 1.848 arrestos postelectorales.
Los familiares de los detenidos advierten que, si no liberan a sus hijos, se movilizarán hasta el Palacio presidencial de Miraflores, el primero de diciembre.