(CNN) – Texas se ha convertido en el modelo que los funcionarios entrantes de Trump esperan implementar en materia de seguridad fronteriza, un notable cambio respecto a los años recientes, cuando el estado era el epicentro de una amarga disputa entre funcionarios estatales y federales.
Este martes, el futuro zar de la frontera Tom Homan se unirá al gobernador de Texas, Greg Abbott; a actual zar, Michael Banks; y a otros funcionarios estatales, para servir comida a los soldados de la Guardia Nacional de Texas y a los policías del Departamento de Seguridad Pública de Texas, y hablará en algún punto de la frontera entre Texas y México, según la oficina del gobernador.
En los últimos años, Abbott desafió al presidente Joe Biden en casi cada oportunidad que tuvo sobre el manejo de la frontera sur de EE.UU., mientras el estado lidiaba con múltiples oleadas de migrantes. La disputa en curso ha resultado en una serie de demandas sobre las operaciones de Texas y enfrentamientos públicos sobre el manejo de la frontera.
Como parte de su “Operación Lone Star”, lanzada en 2021, Abbott transportó migrantes en autobuses a ciudades gobernadas por demócratas, bloqueó una porción de la frontera a los agentes federales, instaló boyas en el río Grande para disuadir a los migrantes de cruzar y firmó una ley que otorga a las fuerzas del orden estatales la autoridad para detener migrantes, entre otras medidas.
En una serie de anuncios recientes, Texas dijo que ofrecería hasta 566 hectáreas de tierra para que el gobierno construya centros de detención e introdujo una nueva unidad de policías para patrullar la frontera a caballo. “No aflojaremos en absoluto”, dijo Abbott la semana pasada en “Hannity”, de Fox News.
Esas acciones han frustrado a la Casa Blanca de Biden. Pero los preparativos de Texas para reforzar sus operaciones en la frontera sur de EE.UU. están sirviendo también como una hoja de ruta sobre cómo el equipo del presidente electo Donald Trump planea apoyarse en los estados para llevar a cabo sus planes inmigratorios, según dos fuentes familiarizadas con las discusiones.
“Necesitamos cooperar; necesitamos trabajar juntos”, dijo una de las fuentes a CNN. “Hemos tenido que hacerlo a un nivel mucho mayor durante los últimos años”.
En una señal de la naturaleza cambiante de la relación, Trump está considerando a uno de los principales asesores de Abbott —el zar actual, Michael Banks— para liderar la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., según múltiples fuentes.
CNN se puso en contacto con el equipo de transición de Trump para solicitar comentarios.
Trump ha elogiado en el pasado a Abbott, durante un recorrido por parte de la frontera entre Texas y México junto con el gobernador a principios de este año. La Administración Biden ha criticado esa campaña, argumentando que el gobernador utilizó a los migrantes como “peones políticos” y perturbó las operaciones federales.
Pero el equipo de Trump en parte confía en la cooperación del estado para cumplir con la promesa de campaña de las deportaciones masivas, desplazando recursos estatales para ayudar a los agentes a lo largo de la frontera sur de EE.UU. y liberar personal federal para detener a inmigrantes indocumentados dentro del país, según dos fuentes.
Las autoridades estatales a menudo tienen limitaciones para actuar, ya que la aplicación de la ley de inmigración es una responsabilidad federal.
Abbott describió las próximas acciones fronterizas como un labor coordinado entre los estados fronterizos y Washington.
“Mientras trabajamos en la deportación de personas, debemos ser igualmente exitosos en impedir las entradas ilegales… Esto va a requerir una vigilancia continua por parte de Texas, por parte de otros estados, así como por parte de la administración Trump”, dijo Abbott en Fox Business la semana pasada.
Texas ha estado entre las regiones más afectadas por los cruces de migrantes y, en los últimos años, el estado ha lidiado con oleadas récord que superaron los recursos estatales y federales. Los gobernadores republicanos se apresuraron a apoyar a Abbott, incluso enviando tropas de la Guardia Nacional para asistirlo.
Históricamente, los funcionarios de Texas y los funcionarios federales han trabajado juntos en la frontera entre EE.UU. y México. Pero la operación de Abbott dio un paso más allá. Los funcionarios de Seguridad Nacional argumentaron que la iniciativa impedía las operaciones federales y algunos miembros de la Guardia Nacional de Texas plantearon problemas con el despliegue.
Los cruces de migrantes han caído en picada en los últimos meses, y tanto Texas como la Administración de Biden se han atribuido el mérito. Los funcionarios estatales de Texas destacan el trabajo de su operación, argumentando que sirvió como un disuasivo, y los funcionarios federales citan la acción ejecutiva de Biden que impuso consecuencias más severas para los que cruzan la frontera.
Expectativas mixtas entre las autoridades de Texas
El sheriff Brad Coe del condado de Kinney, que comparte aproximadamente 25 kilómetros de la frontera con México, dijo que es cautelosamente optimista y cree que la situación a lo largo de la frontera sur de EE.UU. mejorará. Como resultado, la Operación Lone Star podrá reducirse.
Coe espera que una mayor participación federal permita a sus propios empleados a enfocarse en llamadas no relacionadas con la inmigración en lugar de en casos de invasiones o persecuciones a alta velocidad con contrabandistas.
“Es un gran alivio cuando recibes una llamada para sacar un gato de un árbol en lugar de, ya sabes, ‘acabamos de tener a 15 personas que irrumpieron en una casa de campo’”, dijo.
Sin embargo, no está claro si el gobierno federal reembolsará a Texas algo de los US$ 11.000 millones que el estado ha destinado a la Operación Lone Star. Coe, un republicano, dijo que le gustaría ver a Washington reembolsar a los propietarios locales que han sufrido daños a la propiedad o han perdido ingresos debido a los cruces de migrantes.
Es posible que ningún condado haya experimentado más la aplicación de la ley estatal por parte de la Operación Lone Star que el condado de Maverick, que abarca Eagle Pass, uno de los principales puntos de cruce de migrantes en los últimos años y sitio de múltiples disputas legales.
El sheriff del condado de Maverick, Tom Schmerber, un demócrata, adoptó un enfoque de “esperar y ver” con la próxima gestión de Trump. Si bien apoya en gran medida la promesa de Trump de deportaciones masivas, teme que la iniciativa sea costosa y desvíe fondos de las subvenciones federales que ayudan a los sheriffs a pagar equipo y horas extras para lidiar con la aplicación de la ley fronteriza.
“Realmente necesitamos ese dinero”, dijo.
Schmerber expresó su preocupación sobre la posibilidad de que los funcionarios federales pidan a su departamento —ubicado a más de 320 kilómetros de la tierra de rancho comprada por el estado— ayudar a detener a los migrantes hasta que sean deportados. Schmerber dijo que su cárcel tiene tuberías rotas, techos con goteras y una capacidad de apenas 250 personas.
“Si pueden ayudarnos con todo eso, estaría encantado de detener a más personas con la asistencia del gobierno federal”, dijo.
Un cambio anticipado en los tribunales
Los brazos abiertos con los que se espera que el segundo gobierno de Trump reciba a la Operación Lone Star llegan después de que la Administración de Biden luchara repetidamente en los tribunales con Texas sobre sus intentos de intervenir en la aplicación de la inmigración.
Las peleas legales han incluido batallas sobre el alambre de púa que los funcionarios estatales erigieron en la frontera con México, que el Departamento de Seguridad Nacional dijo que estaba interfiriendo con la actividad federal de inmigración, así como un conflicto en curso sobre boyas que Texas instaló en el río Grande.
El Departamento de Justicia de Biden también obtuvo una orden judicial para bloquear un programa de Texas de 2021 que apuntaba contra aquellos que transportan migrantes que habían sido liberados de la custodia.
Un caso importante pendiente es el cuestionamiento del Departamento de Justicia a una ley de Texas que permitiría a los funcionarios estatales arrestar y detener a personas sospechosas de entrar ilegalmente al país.
La conservadora Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU. puso en pausa la ley, pero aún no ha emitido su fallo tras una revisión más completa de la disputa, lo que plantea la pregunta de qué rol pueden desempeñar los estados en una materia —inmigración— históricamente dominada por el gobierno federal.
En los argumentos orales de abril, un abogado de Texas dijo que los legisladores estatales querían llegar justo al límite del precedente existente de la Corte Suprema que reafirma la abrumadora autoridad del gobierno federal sobre los asuntos de inmigración.
Si el próximo gobierno de Trump cambia de postura en el caso y dice a los tribunales que respalden el estatuto de Texas, la demanda continuará ya que los grupos de defensa de inmigrantes y la ciudad de El Paso también han intervenido para impugnar la ley.
El grupo está presentando sus propios argumentos, más allá de las reclamaciones de supremacía federal del Departamento de Justicia, para alegar que la medida de Texas es ilegal.
Los defensores de la inmigración ya esperan que otros estados avancen con legislación como la SB4 y esos esfuerzos se verían beneficiados si el 5º Circuito apoyara el enfoque de Texas.
“Texas realmente ha sido un laboratorio para cómo funcionarían las redadas masivas de inmigrantes y cómo se puede hacer prácticamente”, dijo Kristin Etter, la directora de política y servicios legales en el Consejo de Leyes de Inmigración de Texas.