(CNN Español) –– La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió este lunes que el Estado de Venezuela es responsable por la violación de los derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho a la igualdad en perjuicio de Henrique Capriles durante las elecciones de 2013.
La sentencia, difundida por la Corte, que pertenece al sistema de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ordena al Estado venezolano que implemente medidas que materialicen las garantías mínimas para preservar la integridad electoral, la transparencia en los procesos electorales, el acceso a los medios de comunicación públicos, y la independencia e imparcialidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
CNN le solicitó al gobierno de Maduro y al TSJ un comentario en respuesta al fallo definitivo de la Corte IDH sin que hasta el momebto tenga una respuesta.
Ante el fallo, Capriles dijo que se obtuvo la sentencia con medidas de reparación y urgió respeto a los resultados de la elección del pasado 28 de julio.
“11 años después (la justicia además de hacer prevalecer la verdad tiene que ser expedita) obtuvimos sentencia en relación a la demanda que interpusimos por la elección presidencial del año 2013 ante la @CorteIDH”, publicó Capriles en su cuenta de la red social X.
En las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013 compitieron Henrique Capriles, del partido Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y Nicolás Maduro, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
El 5 de marzo de ese año había fallecido el presidente Hugo Chávez, tras lo cual Maduro, quien era vicepresidente ejecutivo, y posteriormente “Presidente Encargado de la República”, se inscribió como candidato del PSUV, previo aval del TSJ, que lo habilitó para postularse como candidato presidencial sin necesidad de separarse del cargo para competir en los comicios, pese a que, según la interpretación del artículo 229 de la Constitución, un vicepresidente en ejercicio no puede postularse como presidente, destacó la Corte IDH.
La corte hemisférica subrayó además que durante la campaña “se acreditó el uso de medios de comunicación públicos, declaraciones y movilizaciones de funcionarios del Estado, presiones indebidas, y uso de recursos públicos para la cobertura y promoción de Nicolás Maduro. El equipo de campaña del señor Capriles presentó ante el CNE 348 denuncias en las que alegaron presuntas irregularidades electorales, sin que éstas se resolvieran”, consignó el dictamen.
Luego de las elecciones, en las que el CNE declaró ganador a Maduro por 50,61%, contra 49,12% de Capriles, el candidato opositor presentó un recurso contencioso electoral ante la Sala Electoral del TSJ, para que se declarara la nulidad de la elección, ante lo cual la Sala Constitucional del TSJ no solo rechazó el recurso sino que además le impuso una multa de 10.700 bolívares en ese entonces y envió el escrito de Capriles al Ministerio Público para un posible caso penal en su contra, destacó la Corte IDH.
Según el fallo de la Corte IDH, el equipo legal de Capriles presentó –luego de las elecciones del 2013– la impugnación del resultado ante las autoridades venezolanas con el argumento de que existió parcialidad por parte de la Comisión Nacional Electoral.
En su sentencia, la Corte concluyó que “las acciones y omisiones del Estado, tomadas en su conjunto, y en un contexto de deterioro institucional, tuvieron tal magnitud que afectaron la integridad del proceso electoral y los derechos políticos, la libertad de expresión y la igualdad ante la ley del señor Capriles” y agregó que “la actuación del Estado constituyó un abandono de los principios fundamentales del Estado de Derecho, en tanto desconoció las reglas previstas por el propio derecho interno para limitar el poder y hacer posible el juego democrático, y permitió el uso del aparato del Estado para favorecer a Nicolás Maduro” antes, durante y después de las elecciones.
El fallo de la Corte IDH no tendría otro efecto más que informativo sobre autoridades venezolanas, ya que en septiembre de 2013 el Gobierno de Maduro decidió abandonar el sistema Interamericano de derechos humanos en represalia a la Comisión Interamericana por aceptar la revisión de la demanda de Capriles luego de las elecciones de ese año. Venezuela se retiró completamente de la OEA en 2019.