Los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014, sostuvieron este miércoles su primer encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desde que asumió el cargo el 1 de octubre, ocasión en la que les ofreció reconstruir el diálogo y la implementación de una nueva ruta en la investigación del caso, dijo a la prensa Vidulfo Rosales, abogado de familias de los jóvenes.
Este jueves, Sheinbaum afirmó que durante la reunión con las familias prometió “una nueva visión” de la investigación, y que no habrá confrontación en la búsqueda de los jóvenes, además de que se planteó que abrirán los archivos del Ejército y habrá castigo a los culpables.
“Les planteé que estoy de acuerdo con las cartas que en su momento envió el presidente (Andrés Manuel López Obrador) pero que no se trata de entrar de nuevo a un esquema de decir una cosa o la otra, sino encontrar nuevos lugares de búsqueda que se está visualizando gracias a esta nueva visión de la investigación”, dijo la mandataria mexicana desde su conferencia matutina.
De acuerdo con Rosales, en el primer encuentro de Sheinbaum con las familias de los 43 jóvenes —cuando era todavía presidenta electa, a finales de julio pasado—, la mandataria les ofreció revisar todos los expedientes con un nuevo equipo, trazando una nueva metodología e implementando herramientas tecnológicas que ayuden a las indagatorias de este caso que ha conmocionado dentro y fuera de México.
Rosales indicó tras la reunión del miércoles que la presidenta ha conformado un nuevo equipo “que se va a avocar a la revisión de estos expedientes, y a la utilización de esta tecnología en la idea de que lo importante el día de hoy es encontrar la verdad”.
El abogado definió el encuentro como “un buen inicio”, y dijo que confiaba en que la ruta del diálogo con Sheinbaum será más fluida y les permitirá avanzar hasta conocer la verdad sobre el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México hace diez años.
El representante legal de las familias dijo que Sheinbaum les confirmó que la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ) del caso Ayotzinapa —la comisión gubernamental creada en el gobierno de López Obrador— se mantendrá en su administración para ayudar con las indagatorias, y que sería la mandataria quien informe posteriormente los detalles sobre quién presidirá dicho grupo, función que antes desempeñó Alejandro Encinas, entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.
CNN ha solicitado más información a la Secretaría de Gobernación, pero sin respuesta hasta el momento.
Rosales también adelantó que la próxima reunión de padres de los 43 estudiantes y Sheinbaum se realizará a principios de febrero del 2025.
Una década clamando justicia
Según las autoridades mexicanas, los estudiantes desaparecidos se preparaban para una manifestación entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando fueron atacados por policías corruptos, coludidos con el grupo delincuencial Guerreros Unidos. Por este caso, que conmocionó a México, decenas de personas ―incluidos policías y otros funcionarios― están detenidos.
En agosto de 2022, el exjefe de la desaparecida Procuraduría General de Justicia (PGR), Jesús Murillo Karam, fue detenido por la Fiscalía acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la Justicia. En septiembre de ese año, un juez de distrito le concedió una suspensión definitiva al exprocurador contra la vinculación a proceso por esos delitos.
Durante su gestión, Murillo Karam presentó y defendió la “verdad histórica”, como se conoce a la explicación que las autoridades de entonces dieron sobre los hechos y que ahora la Fiscalía General de la República considera una fabricación. Esta primera versión sostiene que los estudiantes fueron secuestrados por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes después los asesinaron e incineraron en un basurero del municipio de Cocula, Guerrero.
El Gobierno de México, bajo la administración de López Obrador, luego dijo que la desaparición de los 43 jóvenes fue “un crimen de Estado” en el que participaron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos “y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”. La ONU ha pedido a las autoridades mexicanas una investigación clara y efectiva.
Alejandro Encinas ha señalado que autoridades municipales, estatales y federales “tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes” desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos en Iguala hasta su desaparición.