El coronel de la Policía de Perú Harvey Colchado pasará a retiro el próximo 1 de enero en una decisión calificada por su abogado, Miguel Pérez Arroyo, en una declaración a CNN de “represalia” y “venganza política “.
En una carta a sus compañeros de la policía y cuya autenticidad fue verificada por CNN, Harvey Colchado escribió: “Que todos sepan que hay Policías que no se venden, que no se arrodillan, mucho menos a intereses ilícitos. Que sepan que para subir no se vale todo“.
El abogado de Colchado dijo que, solicitarán una “reconsideración administrativa“ de la medida, y que hace mes y medio, contactaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir una medida cautelar que proteja el derecho de Colchado y de otros funcionarios “que han tenido que ver con la lucha anticorrupción en Perú”.
Colchado estuvo a la cabeza del equipo que en marzo allanó la casa de la presidenta Dina Boluarte, y en mayo le dijo al Congreso que el abogado de la mandataria le había pedido, a nombre de la presidenta, archivar la investigación contra su hermano, Nicanor Boluarte.
Colchado aún no ha sido notificado formalmente de la decisión, pero, según su representante legal, ya está al tanto de la resolución no solo porque fue publicada en varios medios locales, sino porque el general Víctor Zanabria, comandante general de la Policía, confirmó la versión en una entrevista con el canal local RPP.
Consultada por CNN, la Presidencia de Perú respondió que no tenía comentarios sobre la decisión porque no tiene injerencia alguna en el proceso.
Colchado estuvo al mando de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía (Diviac) cuando fue creada para combatir el crimen organizado, pero desde abril estaba separado de la institución “por haber contravenido el régimen disciplinario” de la PNP (Policía Nacional de Perú), aunque luego fue absuelto.
Para el momento de la decisión, Colchado se desempeñaba, según su abogado, en un “cargo administrativo como director de una oficina de estadística criminal del Ministerio del Interior”.
Colchado estuvo a la cabeza de los agentes de la Diviac que en marzo llevaron adelante el allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte por el caso conocido como Rolex y en el que la mandataria es investigada.
En agosto de 2022, Colchado también encabezó el allanamiento realizado al Palacio de Gobierno en busca de su sobrina del entonces presidente Pedro Castillo, quien es investigada.
En mayo, Colchado dijo que Mateo Castañeda, el exabogado de la presidenta Dina Boluarte, le pidió “archivar” el caso de su hermano, Nicanor Boluarte, y a cambio le prometió ascenderlo a general.
Colchado dijo ante una sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso que Castañeda hablaba en nombre de la mandataria y que también le solicitó “apoyarla” en las investigaciones en su contra.
Tras las denuncias de Colchado el vocero del despacho presidencial, Fredy Hinojosa, dijo que la conducta de la mandataria siempre ha estado sujeta “a la normativa y la ley”.
Por su parte, Mateo Castañeda, aceptó las reuniones con Colchado, pero dijo que había sufrido “una emboscada”.
Nicanor Boluarte está actualmente en la clandestinidad. El Poder Judicial ordenó prisión preventiva en su contra en medio de una investigación en la que es acusado de organización criminal y tráfico de influencias en el caso conocido como “Los Waykis en la sombra”, que investiga el presunto nombramiento de autoridades con el fin de crear un partido político.
“No hay ninguna venganza”
El comandante general de la Policía de Perú, Víctor Zanabria, dijo al medio RPP que no hay ninguna venganza en el pase a retiro de los funcionarios.
“Estaríamos hablando de 319 venganzas y ese no es el calificativo que se le pueda dar a un procedimiento regular”, explicó, y dijo que el proceso es parte de la “renovación de cuadros el cual tiene unas condiciones” y que se realiza todos los años.
En el caso del coronel Colchado, Zanabria detalló que “cuando un oficial es sancionado no puede tener asignación de cargo similar al que ocupaba durante los siguientes 5 años y, con una sanción de rigor, es imposible que un oficial superior pueda ascender a oficial general”.
Sin embargo, el abogado de Colchado le dijo a CNN que hasta el 13 de diciembre, cuando el Consejo de Calificación se reúne para tomar esta decisión, “no había ninguna sanción que sea firme contra el coronel Colchado”.
Pérez Arroyo dijo que si bien existen 10 procesos en contra de Colchado en la Policía, varios están “siendo archivados y otros han sido sancionados en primera instancia”, refiriéndose a que la vía administrativa aún no ha sido agotada.
Según su abogado, parte de los procesos abiertos contra Colchado comenzaron después de marzo, fecha del allanamiento a la casa de la presidenta
“Le abrieron procesos disciplinarios, cada uno con una vocación clara, la vocación era destituirlo en principio de la Policía, pero como no lograron su cometido venían creando el espacio normativo necesario para que el pase al retiro fuera una consecuencia lógica en base a todo lo que ellos habían estado construyendo”, afirmó Pérez Arroyo.