La noche de este martes la jueza Tanya Loor aceptó un recurso de habeas corpus planteado por los familiares de los cuatro niños desaparecidos tras un operativo militar el 8 de diciembre en el sector de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, y declaró como “desaparición forzada” este caso que ha conmocionado a Ecuador.
La jueza indicó que los 16 militares que participaron en la intervención que desencadenó la desaparición de Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo no cumplieron con los protocolos establecidos ni solicitaron la cooperación de la Policía Nacional.
Durante la audiencia, el representante legal del Ministerio de Defensa, Leonardo Alvear, negó que exista una desaparición forzada en este caso y que los menores de entre 11 y 15 años no se encuentran bajo custodia de las Fuerzas Armadas. Agregó que tras el operativo militar los menores fueron liberados y no fueron ingresados a ninguna base militar.
La Fiscalía enfatizó que no hay evidencia de que los menores se encontraran involucrados en un robo –como afirmó el Ministerio de Defensa– y que tras su detención, en todo caso, deberían haber sido entregados para su custodia al Servicio Nacional de Adolescentes Infractores. Añadió que, de acuerdo a un video difundido públicamente por la Asamblea Nacional sobre la noche de la detención, se pudo observar que los menores fueron coaccionados para subir en contra de su voluntad a una patrulla.
La jueza Loor dictó medidas en las que pide una investigación para dar con el paradero de los menores, garantizar protocolos y la creación de una comisión de investigación, entre otras.
Tras la audiencia de habeas corpus, los padres de los chicos reaccionaron a la decisión de la jueza.
“Yo tengo la fe y la certeza que ellos van a regresar. La fe en Dios nunca se pierde y yo sé que papito Dios nos los va devolver”, dijo Ronny Medina, padre de Steven, uno de los menores desaparecidos en declaraciones al diario El Universo afuera de la unidad judicial donde se realizó la audiencia.
“Quiero a mis hijos con vida, que regresen pronto”, fue la reacción de Luis Arroyo, padre de Josué e Ismael.
Más temprano, las Fuerzas Armadas informaron que pusieron bajo custodia a 16 integrantes de la Fuerza Aérea que son investigados por su posible relación con la desaparición de los cuatro menores.
Esta medida tiene el objetivo “de intensificar la seguridad y eliminar en su totalidad cualquier riesgo de fuga”, dijo el Ministerio.
La propia Fiscalía informó en su cuenta de X que solicitó a la Justicia una fecha para formular cargos contra los 16 militares por el presunto delito de desaparición forzada.
Este hecho –que ha conmocionado al país y ha generado decenas de reacciones desde la sociedad civil, organismos de derechos humanos, instituciones y autoridades– ocurrió en medio de la declaratoria de conflicto interno armado decretada por el presidente Daniel Noboa en enero debido al aumento de la violencia en el país.
El lunes, la Asamblea de Ecuador recibió los testimonios de los padres de los menores desaparecidos, quienes expusieron su preocupación por lo ocurrido. La Asamblea resolvió iniciar un proceso de fiscalización en relación con este hecho.