El Gobierno de Javier Milei amplió la capacidad de actuación de las Fuerzas Armadas de Argentina, las que con las nuevas disposiciones podrán ser convocadas a participar en ciertos asuntos de seguridad interior.
Mediante dos decretos, Milei modificó la reglamentación de Ley de Defensa Nacional, la cual fue sancionada en 1988 por Raúl Alfonsín, tras la vuelta de la democracia tras la dictadura militar (1976-1983).
El objetivo de la ley de 1988 era establecer el margen de actuación de las Fuerzas Armadas en los conflictos que requirieran su intervención “en forma disuasiva o efectiva” para garantizar la soberanía e independencia nacional ante agresiones de origen externo, pero a la vez limitar la injerencia de los militares en la actividad dentro del país.
Entonces, se consideró oportuno señalar que “para dilucidar las cuestiones atinentes a la Defensa Nacional”, se debía tener “permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que separa a la Defensa Nacional de la Seguridad Interior”, según se explicita en el artículo 4 de aquella legislación.
La ley, reglamentada casi dos décadas después, durante el gobierno de Néstor Kirchner en 2006, estableció que el aparato militar podría actuar como respuesta ante agresiones “perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otro/s Estado/s”. La reglamentación sufrió algunas modificaciones durante las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández, para regresar con este último al enfoque que le había dado Kirchner.
Sin embargo, las nuevas disposiciones van en diferente dirección: redefinen el concepto de agresiones de origen externo, amplían los espacios de operación militar y facultan al Ministerio de Seguridad a pedir colaboración a Defensa para cuestiones de seguridad interior.
El gobierno de Milei argumenta en los fundamentos de sus recientes decretos que la anterior reglamentación firmada por Kirchner formaba parte de “un sesgo ideológico contrario a la defensa de los intereses vitales de la República Argentina”.
Objetivos de valor estratégico
Según la Ley de Defensa, la Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional, que son fuerzas de seguridad, son responsables, entre otras cosas, del control y vigilancia de fronteras terrestres y acuáticas y la “custodia de objetivos estratégicos”.
Mediante un primer decreto firmado por Milei y los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, el Gobierno definió los objetivos de valor estratégico como “cualquier bien, instalación o conjunto de instalaciones fijas y las entidades materiales de vital importancia para el Estado Nacional que, en caso de ser dañados parcialmente o destruidos, ocasionarían graves perjuicios a la vida y bienestar de los habitantes del país, a su economía, al ambiente o a la propia seguridad de la Nación, limitando, posponiendo o impidiendo su desarrollo”.
Además, facultó al Poder Ejecutivo para determinar de manera exclusiva cuáles son esos objetivos, sin necesidad de pasar por el Congreso, algo que anteriormente era requerido, y dictaminó la “cooperación interinstitucional” para que el Ministerio de Seguridad pueda pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales y de seguridad federales cuando el Poder Ejecutivo lo considere.
Ampliación del ámbito de actuación de las Fuerzas Armadas
El segundo decreto, justificado en “la evolución tecnológica y las nuevas formas de definir los conflictos”, amplía el ámbito de acción de las FF.AA. al ciberespacio, el espectro electromagnético y el espacio exterior y amplía el concepto de agresor externo no limitándolo a las fuerzas armadas de un Estado, sino que considera también figuras como organismos paraestatales extranjeros, de organizaciones terroristas u otras organizaciones transnacionales, o cualquier forma de agresión externa que afecte los intereses vitales de la nación.
Además, determina que las Fuerzas Armadas podrán “complementar el accionar de las fuerzas de seguridad en las zonas de seguridad de fronteras” con actividades de adiestramiento operacional, así como apoyo logístico al sistema de seguridad interior, apoyo a la comunidad y asistencia ante catástrofes naturales o emergencias.
Advertencia de organismos sociales y de Derechos Humanos
La posición del Gobierno argentino frente al papel de las Fuerzas Armadas es uno más de los tantos cambios que impulsa la actual administración.
La mayor inversión en materia de Defensa a lo largo de todo el año, la vuelta de los desfiles militares e, incluso, la difusión de un polémico video en el Día de la Memoria (que conmemora a las víctimas de la última dictadura militar) son solo algunas muestras de ese cambio de paradigma.
En diálogo con CNN, Manuel Trufó, director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advierte que “es preocupante que se avance en una militarización de la seguridad cuando no hay una situación real que lo demande”.
“Ante la ausencia de escenarios de riesgo real de terrorismo o crimen organizado, del que se habla, pero en términos muy vagos, queda sospechar que se trata más bien de un proyecto político”, dice Trufó y marca un aspecto al que llama a prestar atención: la inclusión de infraestructura relacionada a determinadas actividades económicas como parte de los “Objetivos de Valor Estratégico” del primero de los decretos mencionados anteriormente.
“Este es un Gobierno que ha hablado en contra de los bloqueos como forma de protesta, que ha caracterizado como terroristas a manifestantes y a comunidades indígenas que reivindican sus territorios. Ahí hay una preocupación también”, concluye.
Entre tanto, desde su cuenta de X, el ministro de Defensa, Luis Petri, difundió un video acompañado por su colega de Seguridad, Patricia Bullrich en el que prometió: “Defender lo estratégico es defender a los argentinos de bien: Donde hay recursos y futuro, no habrá lugar para mafias ni corruptos”, escribió.