(CNN Radio Argentina) – Iván Daniel Jaramillo Jassir, abogado especialista en derecho del trabajo del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario en Bogotá, aseguró en CNN Radio que “a raíz de la pandemia, hay una profundización de los índices de desigualdad en Colombia” y eso hace que las manifestaciones continúen en aquel país, pese a que el Gobiernos retiró el proyecto de reforma impositiva que catalizó el malestar social.
“El último informe de nuestro Departamento Administrativo Nacional de Estadística da cuenta de que en Colombia tenemos más de 21 millones de personas por debajo de la línea de pobreza. Para vivir mensualmente se necesitan 331 mil pesos colombianos, equivalente aproximadamente a 87 dólares”, añadió en CNN Economía.
“Hay grandes desigualdades sociales y en ese contexto se presentó un proyecto de reforma tributaria para recaudar todos los recursos de asistencia social”, contextualizó el abogado.
A la hora de describir algunos ítems de esta propuesta, Jassir explicó: “Lo que sucede es que está orientada a una debilitada clase media, imponiendo gravados a las pensiones, aumentando la base de contribución a asalariados y con un enfoque en debilitar el acceso a bienes y servicios básicos. Por eso hay una respuesta social importante”.
“No solo existe una reacción a la reforma tributaria, porque ya fue retirada. También se debe a que hay una política de represalia institucional en Colombia. El día antes de iniciarse las marchas y las protestas, un tribunal derogó la Constitución y prohibió que se llevaran a cabo las manifestaciones”, describió el especialista en derecho laboral.
Además, indicó que las revueltas en las calles no cesan porque también hay un “proyecto de reforma de salud y laboral, todas ellas regresivas en un contexto de pandemia, profundización de las inequidades sociales y de restricción al acceso de bienes y servicios básicos en la gran mayoría de la población”.
“En este contexto se da la fuerte reacción social con una resistencia institucional muy violenta y fuerte que deja en entredicho la promesa Constitucional del derecho fundamental a la protesta social”, culminó.