Débora Pérez Volpin

(CNN Radio Argentina) – Diego Pirota, abogado de la familia de la periodista Débora Pérez Volpin, habló este viernes con CNN Radio sobre el juicio contra el ex director del Sanatorio de La Trinidad de Palermo, Roberto Martingano y la instrumentadora Miriam Frías.

En Regreso CNN de Federico Seeber, el abogado sostuvo que “el día que se dictó sentencia al endoscopista, el propio Tribunal Oral tomó la decisión de extraer testimonios y denunciar al director del Sanatorio y al director de Galeno por el encubrimiento y por la instigación al falso testimonio de los empleados”.

Luego de cinco años y medio de la muerte de la periodista, hoy comenzó el segundo juicio en donde se determinará la responsabilidad del ex director del Sanatorio de La Trinidad de Palermo, Roberto Martingano y la instrumentadora Miriam Frías.

Pirota mostró su rechazo contra el médico y contó que hoy frente a la Justicia, “Roberto Martingano expresó que dejó de ser director de la Clínica, pero desde hace un año lo ascendieron a director de todas las clínicas”.

El abogado de la familia de Débora Pérez Volpin, remarcó que “se llega a este segundo juicio porque primero lo denunció la propia Justicia, después con las declaraciones el juez no le creyó y lo proceso. Finalmente, apeló a la Cámara de Apelación que tampoco le creyó”.

“Ahora hay una nueva fiscal y un nuevo tribunal que lo van a juzgar. Ya son muchos los magistrados que no le creen a Martingano y que vienen confirmando que a Débora Pérez Volpin la mataron”, precisó.

Pirota, destacó que el ex director fue imputado por haber entregado a la Justicia una máquina procesadora del endoscopio con los números de serie limados, lo cual no permite conocer la autenticidad de esa máquina ni constatar si fue cambiada luego de la muerte de la periodista.

“Mientras mostraban estar mal frente a la familia, estaban encubriendo la muerte y por eso empezó un juicio hoy”, dijo el abogado.

Roberto Martingano, ex director del Sanatorio de la Trinidad, será juzgado por el presunto delito de encubrimiento, que tiene una pena de hasta tres años de prisión  “La escala penal es muy baja y no refleja la realidad de la gravedad del hecho”, manifestó Pirota.