(CNN Radio Argentina) – Jorge Monastersky, abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, con posgrado en Derecho Procesal Penal, Criminalística y Medicina Legal, habló con CNN Radio sobre la causas que enfrenta el expresidente, Alberto Fernández, por corrupción y violencia de género: “Una persona está imputada en una causa penal desde que es mencionada y cualquier persona puede designar un abogado defensor, si lo requiere necesario; por más que no se llegue el momento procesal de ser llamado para prestar declaración indagatoria”.
En comunicación con CNN Primera Mañana, con la conducción de Pepe Gil Vidal, Monastersky recordó cómo surgió la causa por violencia de género, a raíz de la causa por corrupción: “Yañez posteriormente se comunica con el juzgado de Ercolini y dice que quiere instar la acción penal, que procesalmente significa que habilita al Estado y al fiscal perseguir a Fernández”.
Y detalló el andar de dicho proceso hasta la actualidad: “Cuando fue la declaración del día de ayer, la defensa técnica de Fernández da cuenta que hay una testimonial y quiere participar para lo que se llama el control de la prueba. Esto es escuchar el testimonio y quizás hacer alguna pregunta, pero la fiscalía no lo permitió”.
En este punto destacó: “El criterio para los delitos donde hay violencia de género, la jurisprudencia dice que no tiene que participar para preservar a la víctima en esta etapa procesal”.
Por otro lado, el especialista observó la figura de la exministra, Ayelén Mazzina: “En el caso de la ministra que ocupó el cargo en el Ministerio de la Mujer, veo con objetividad una imputación muy posible. No todos tienen la obligación de denunciar, pero el funcionario que se anoticia de un delito en ejercicio y relacionado a su cargo tiene la obligación de denunciar”.
Y advirtió: “Como mínimo veo un delito de incumplimiento de deberes de funcionario público; y si se confirma que prestó una colaboración haciendo acciones directas o indirectas para que Yañez no denuncie a Fernández ya hablaríamos de prestar una colaboración y estaríamos ante un delito de encubrimiento”.
Por último, declaró: “Si el médico Saavedra atendió a Yañez en Olivos y estaba embarazada y había un riesgo de un niño por nacer, estaba obligado a presentar una denuncia penal”.