(CNN Radio Argentina) – Cecilia Goyeneche, exprocuradora adjunta y fiscal anticorrupción de la provincia de Entre Ríos, habló este miércoles con CNN Radio sobre la situación del exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, quien continuará en prisión luego de la condena que recibió por delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
“Es una satisfacción enorme que las cosas se vayan poniendo en su lugar y que las personas que han sido condenadas por hechos de corrupción comiencen a cumplir su pena, aunque por ahora solo funciona como una prisión preventiva”, expresó en Al Fin y Al Cabo con Hernán Harris.
Goyeneche recordó que “hace dos años y medio que fueron condenados, ya tuvieron un recurso de casación donde se les rechazó el planteo que hizo la defensa, y también tuvieron una instancia ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que igualmente rechazó el recurso”.
“La corrupción es un hecho sumamente grave y la única forma de que podamos tener un país vivible y que progrese es que los funcionarios públicos y mandatarios comiencen a ejercer al derecho, para que se den cuenta de que el dinero público es sagrado y no les pertenece”, señaló.
Además, afirmó: “Todos los que trabajamos en la causa de Urribarri siempre tuvimos denuncias en nuestra contra, y hubo una intención constante de ponernos en el banquillo a los fiscales. Cuando comenzó el juicio contra Urribarri, la situación tomó otro color, porque hubo una decisión política de destituirme con la idea de amedrentar a los fiscales en general y tratar de evitar esa condena”.
Según Goyeneche, “claramente hubo complicidad de una parte del Tribunal Superior de Justicia, que se puso de acuerdo para mi destitución y lo llevaron adelante”.
La exprocuradora detalló que “a Urribarri se lo condenó por cinco grandes causas de corrupción: por un lado, la campaña que él hizo para ser candidato a presidente de Argentina, y como esa campaña era muy cara, uso dinero público simulando que se trataba de gastos de interés común”.
Por otro lado, “montaron una empresa de publicidad en la vía pública, cuyo dueño era su cuñado, y hacia esa empresa se desviaron infinidad de contrataciones”.
“Siempre pensé que valía la pena denunciar y que había que hacerlo igual, aunque vuelva o no a mi cargo”, concluyó.