(CNN) – Meriam Yehya Ibrahim se enfrenta a una sentencia de muerte por apostasía en Sudán después que un tribunal dictaminó que renunció al Islam para hacerse cristiana. Ahora la mujer, de 27 años de edad, madre de un niño y embarazada de otro, se embarca en un largo e impredecible camino legal.
Una variedad de factores garantizan que no será ejecutada a corto plazo como el Sistema de Sudán legal, las diferencias entre su constitución y la ley islámica impuesta por el juez de sentencia y su embarazo.
El abogado de Ibrahim argumenta que la sentencia no debe mantenerse y aseguró que una protesta internacional podría presionar al gobierno de Sudán para que solucione su situación.
Incluso si la sentencia se mantuviera, la ley islámica que se aplica en Sudán prohíbe llevar a cabo la sentencia de muerte a una mujer embarazada hasta dos años después de dar a luz.
El jueves, un tribunal de Jartum condenó a Ibrahim por apostasía, o renuncia a la fe, y la condenó a muerte. Ibrahim nació de padre musulmán sudanés y de madre ortodoxa etíope. Su padre se fue cuando ella tenía 6 años, y ella fue criada por su madre como cristiana.
Su abogado, Mohamed Jar Elnabi, dijo que el conflicto se desencadenó después de que el hermano de Ibrahim la denunciara alegando que había desaparecido desde hace varios años y que su familia se sorprendió al descubrir que se había casado con un hombre cristiano.
Debido a que su padre era musulmán, el tribunal de la ley islámica se negó a reconocer su matrimonio con un cristiano y también la declaró culpable de adulterio, con una condena adicional de 100 latigazos.
Antes de imponer la sentencia, el tribunal le dio la oportunidad de retractarse de su fe cristiana, pero Elnabi dijo que Ibrahim se negó a hacerlo: “Yo soy cristiana, y voy a seguir siendo cristiana”.
Los intentos de CNN para contactar con el ministro de Justicia y el Ministro de Asuntos Exteriores de Sudán respecto al caso no tuvieron éxito.
¿Puede apelar?
Elnabi dijo a CNN el viernes que planea recurrir a un tribunal de apelaciones para revisar la sentencia, y podría presentar la solicitud el mismo domingo.
Entonces comenzará un proceso legal en el que el caso se abrirá camino a través de la Corte Suprema de Sudán y hasta el Tribunal Constitucional, la principal autoridad jurídica de la nación.
No hay ningún calendario definitivo para el proceso de apelación, de acuerdo con Elnabi, quien dijo que cualquier sentencia de muerte debe ser ratificado tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional.
¿Cuál es la base de la apelación?
Elnabi sostiene que la Constitución del Sudán permite la conversión religiosa y sin restricción.
“Soy muy optimista de que el Tribunal de Apelación revierta la sentencia de muerte dictada por el tribunal de primera instancia”, dijo.
Katherine Perks del Centro Africano de Estudios de Justicia y Paz está de acuerdo con él. Ella dijo que el veredicto va en contra de Sudán” contra su propia constitución y los compromisos contraídos en virtud del derecho regional e internacional”-
Sin embargo, no es la primera vez que Sudán comete discriminación religiosa.
El país impone la ley islámica a los musulmanes y no musulmanes por igual y castiga los actos de “indecencia” e “inmoralidad” desde la flagelación a las amputaciones.
La conversión del Islam es un delito punible con la muerte, el personal de seguridad del gobierno intimida y a veces tortura a las personas sospechosas de haberse convertido al cristinaismo”, dijo la comisión nombrada por el Congreso y el presidente de EE.UU.
Desde 1999, el Departamento de Estado ha considerado Sudán uno de los peores infractores de los derechos religiosos del mundo.
¿Es su embarazo y situación familiar hacen una diferencia?
Ibrahim está embarazada de ocho meses y tiene un hijo de 20 meses, que permanece con ella en la cárcel. Elnabi dijo que su esposo, Daniel Wani, utiliza una silla de ruedas y “depende totalmente de ella para todo en su vida”.
Tal como se practica en Sudán, la ley islámica prohíbe la ejecución de mujeres embarazadas. En cambio, la sentencia se retrasa hasta dos años después de la lactancia.
En los casos anteriores que involucran a mujeres embarazadas o lactantes, el gobierno sudanés esperó hasta que la madre desteta a su hijo antes de llevar a cabo la sentencia, dijo la portavoz de Christian Solidarity Worldwide Kiri Kankhwende .
Según Elnabi, Ibrahim está teniendo un embarazo difícil, pero una petición para enviarla a un hospital privado se le negó”, debido a las medidas de seguridad”.
¿SErvirá para algo la presión internacional?
Grupos de derechos humanos y gobiernos occidentales ya han protestado or este caso.
“Hacemos un llamamiento al gobierno de Sudán a respetar el derecho a la libertad de religión, incluso del derecho a cambiar de fe o de creencias, un derecho que está consagrado en el derecho internacional de los derechos humanos, así como en el propio 2005 Constitución provisional de Sudán”, dijo un declaración de las embajadas de los Estados Unidos, Gran Bretaña , Canadá y los Países Bajos.
Amnistía Internacional describió a Ibrahim como un presa de conciencia.
“El adulterio y la apostasía son actos que no deben ser considerados delitos en absoluto, y mucho menos cumplen con el estándar internacional de “delitos más graves” en relación con la pena de muerte, dijo Manar Idriss, Sudán investigadora de Amnistía Internacional. “Es una violación flagrante del derecho internacional de los derechos humanos”.
El caso se presenta mientras el mundo está pendiente de las más de 200 alumnas secuestrados por extremistas islámicos en el norte de Nigeria, que amenazan a venderlos como esclavos.
Aunque no está claro que el caso de Ibrahim vaya a generar la misma reacción fuerte como la situación de Nigeria sigue siendo poco clara .
En el pasado, una protesta internacional contundente influyó en los casos de apostasía similares.
En 2006, un hombre afgano amenazado con la pena de muerte por convertirse al cristianismo fue lanzado al exilio después que el presidente de Afganistán, Hamid Karzai, intervino a petición de sus aliados occidentales, pese a las objeciones de la judicatura conservadora del país.