(CNN Español) – Han pasado 41 días desde la noche del 26 de septiembre, en la que estudiantes de Ayotzinapa, México, fueron atacados en Iguala por policías aliados con un grupo delictivo, resultando en la muerte de seis personas y el secuestro de 43 normalistas, como se les conoce en ese país a quienes estudian para ser maestros.

En estos 41 días, crecientes protestas exigen la ubicación con vida de los 43 estudiantes. Pero hasta ahora, las autoridades sólo han detenido a 59 personas —incluyendo sicarios, policías, funcionarios públicos y políticos—, pero aún no hay rastro certero del paradero de los jóvenes.

Crónica de un secuestro

En la noche del 26 de septiembre, un grupo de unos 100 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, decidieron viajar a Iguala, a unos 120 kilómetros al norte, para realizar una protesta. Según autoridades, los estudiantes, quienes viajaban en autobuses y una camioneta, fueron atacados por oficiales de la policía, quienes les dispararon.

Jesús Murillo Karam, procurador general de México, dice que los policías estaban bajo el mando de una organización criminal Guerrero Unidos que tenia profundos nexos con los gobiernos municipales de Iguala y Cocula.

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Seis personas, incluyendo tres estudiantes, murieron en la balacera. Aldo Gutiérrez Solano, un estudiante de 19 años que recibió un balazo en la cabeza, continúa en estado de coma. Cuarenta y tres estudiantes que fueron secuestrados siguen desaparecidos.

Desde entonces ha iniciado una búsqueda liderada por autoridades federales y con la colaboración de forenses argentinos.

La policía mexicana ha encontrado varias fosas clandestinas en el estado, pero hasta ahora, dicen las autoridades, ninguna de las fosas contenía restos de estudiantes.

El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, fueron arrestados el martes pasado. Autoridades mexicanas dicen que son “los probables autores intelectuales” del ataque contra los estudiantes. También se busca al director de seguridad pública del municipio, Felipe Flores.

Abarca fue recluido en una cárcel federal del Estado de México y su esposa fue arraigada por 40 días, informó la Procuraduría General de la República.

Críticas y protestas

Los padres de los desaparecidos han manifestado su inconformidad con el manejo del caso de las autoridades, porque —dicen— se han enfocado en buscar cadáveres, y no en hallarlos con vida.

La semana pasada, se reunieron con el presidente Enrique Peña Nieto, quien prometió todo su apoyo en la investigación. “Como lo he reiterado en distintos espacios, no cabe el mas mínimo resquicio para la impunidad”, dijo Peña Nieto.

Pero los padres tienen sus dudas. Felipe de la Cruz, representante de los padres de los desaparecidos, aseguró que los familiares no tienen confianza en las labores de las autoridades mexicanas. Exigieron reparación y castigo para los responsables.

“No creemos en el gobierno mexicano porque definitivamente pues si en verdad los estuvieran buscando ya los hubieran encontrado. Son 43 muchachos. Es imposible no saber con todo el poder y los elementos que tiene el gobierno federal”.

“¿Por qué el Gobierno puede encontrar delincuentes y no puede encontrar a nuestros hijos?”, preguntó Carmelita Cruz, una de las madres. “Para mí, mi hijo no está desaparecido, está secuestrado por el Gobierno”, dijo Cruz.

Un grupo de voluntarios se ha sumado a la búsqueda en vista a la falta de resultados. Cristóforo García, líder de la policía comunitaria, dice que objetivo es sólo uno: encontrar a los 43 estudiantes.

El incidente de Iguala ha provocado protestas en todo México, algunas violentas. También se han registrado actos de vandalismo en el estado de Guerrero. Algunos manifestantes han bloqueado carreteras y casetas de peaje en ciudades como Chilpancingo, la capital. También han cerrado el acceso a centros comerciales en el balneario de Acapulco.

Universitarios de Guerrero y varias ciudades del país se han tomado las calles para exigir claridad en el caso, pidiendo incluso la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto.

Profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) derribaron la semana pasada una de las puertas principales de Casa Guerrero, residencia oficial del gobernador, en el municipio de Chilpancingo, como parte de las protestas por el caso Ayotzinapa.

El lunes 3 de noviembre salió desde Iguala, en el estado mexicano de Guerrero, una marcha para exigir que aparezcan con vida los 43 estudiantes desaparecidos hace más de cinco semanas. La marcha ha sido bautizada con el nombre de 43×43: 43 son los estudiantes desaparecidos y 43 las organizaciones civiles que participan en la caminata.

Crisis política

El 23 de octubre, el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, solicitó licencia al congreso del estado.

Salvador Rogelio Ortega Martínez fue designado como gobernador interino y se comprometió a encontrar a los jóvenes normalistas y a hacer justicia por los seis muertos que dejaron los enfrentamientos en Iguala.

Pero los familiares de las víctimas y los desaparecidos no quedaron conformes con el cambio político, y exigen respuestas y hallazgos concretos.

Llamado internacional

Desde la ONU, el alto comisionado para los derechos humanos reconoció el trabajo desplegado por el gobierno mexicano, aunque considera que hace falta más.

En un comunicado lamentó que hasta el momento las investigaciones no hayan sido exitosas para encontrar a los desaparecidos, al tiempo que instó a las autoridades a incrementar sus esfuerzos y dar con su paradero.

Tanto el papa Francisco como el gobierno de Estados Unidos expresaron su preocupación por el caso.

En una audiencia general en el Vaticano el 29 de octubre, Francisco dedicó sus oraciones para la localización de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que es “preocupante” el caso ocurrido en el municipio de Iguala.

Por su parte, Human Rights Watch lamentó la reacción “tardía y mala” del gobierno de Peña Nieto ante la desaparición.

En entrevista con Conclusiones, Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, señaló que los familiares están “cansados y frustrados” y que además denunciaron hostigamientos de las autoridades y presencia de agentes policiales en las marchas.

También se han manifestado personalidades públicas, expresando su solidaridad y pidiendo justicia.

Con información de Fernando del Rincón, Rafael Romo, Claudia Domínguez, Kay Guerrero, Tatiana Arias, Krupskaia Alís, Rey Rodríguez y CNNMéxico.com