(CNN Español) – Los asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia aumentaron un 27% en el 2016, según un detallado informe de los atentados, amenazas y homicidios de los que fueron víctimas estas personas durante el año pasado, elaborado por la ONG Somos Defensores.
Las cifras, que CNN en Español pudo conocer previamente antes de su difusión pública, hablan de 80 homicidios de líderes sociales durante el 2016, frente a 63 ocurridos en el 2015. Los atentados, por su parte, pasaron de 35 a 49 entre ambos años.
Lo que sí se redujo, de acuerdo con el informe, fue el número de amenazas que recibieron los líderes sociales: pasaron de 481 en el 2015 a 317 en el 2016, una disminución del 34%. Sin embargo, no se trata de un dato alentador, advierten los expertos, pues también puede implicar que cada vez se materializan más amenazas.
El informe de Somos Defensores se suma a los de otras organizaciones no gubernamentales que en los últimos días también han lanzado la misma alerta y han mostrado su preocupación por la falta de acción de las autoridades que deben prevenir que ocurran estos hechos e investigarlos cuando suceden.
“La Fiscalía, que es la debe hacerlo, no investiga a fondo y no avanza realmente”, le explicó a CNN en Español Diana Sánchez, coordinadora de programa de Somos Defensores.
“El Ejecutivo toma medidas cosméticas y mediáticas cada vez que conoce estos informes y crea comisiones de altísimo nivel, pero no previene el problema desde la raíz, y la fuerza pública no sabemos bien qué papel está jugando porque muchos de estos asesinatos se han producido en zonas que hoy están altamente militarizadas. Entonces, el ejército y la policía parece que allí no están defendiendo a las comunidades sino intereses particulares muy específicos”, agrega la investigadora.
El ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, le dijo este lunes a CNN en Español que “hay mafias del narcotráfico y de la minería ilegal para las que esos líderes sociales representan un obstáculo y una incomodidad” en su afán de apoderarse de recursos, pero fue enfático en que ya existe “todo un plan del gobierno para ocupar esas zonas y proteger a esos líderes” y la meta es “llegar a 0 amenazas y 0 asesinatos” gracias a estas acciones.
La Fiscalía, por su parte, ha informado que hasta el momento no hay ninguna persona detenida por estos hechos.
“¿Cómo es posible que en las zonas donde se desmovilizaron los paramilitares hace unos años y donde ahora se comienzan a desarmar los guerrilleros, en las cuales se ha robustecido la presencia de la fuerza pública, no disminuyan los homicidios, sino que aumenten?”, se pregunta Sánchez.
¿Reacción al proceso de paz?
Llama la atención, además, que 43 de los 80 asesinatos del año pasado se presentaron durante el segundo semestre y que el último trimestre del año fue el más violento, con 22 casos. “Consideramos que el contexto del proceso de paz con las FARC sí influenció el incremento de los homicidios”, afirma Sánchez.
Particularmente, hay tres momentos que preocupan porque en ellos se registró un pico: la primera firma del acuerdo de paz, ocurrida en Cartagena el 26 de septiembre; el plebiscito del 2 de octubre, en el que una estrecha mayoría de colombianos rechazaron los acuerdos alcanzados con la guerrilla, y la segunda firma del acuerdo de paz, el 24 de noviembre.
“Creemos que esa reacción contra el proceso de paz (la de las urnas) legitimó de alguna manera a todos los actores que se oponen al mismo”, dice la investigadora de la ONG.
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De los 80 casos de asesinatos registrados en el 2016, el 89% correspondieron a hombres (71 casos) y el 11% a mujeres (9 casos). La mayoría (69) se llevaron a cabo con armas de fuego y en 3 de los casos se encontraron señales de tortura física.
Según la ONG, los paramilitares y la delincuencia común son los principales autores de los asesinatos de los líderes sociales y los defensores de derechos humanos.
El gobierno colombiano asegura que los paramilitares dejaron de existir durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien llevó a cabo un proceso de desmovilización con esos grupos de extrema derecha. Sin embargo, para muchas ONG defensoras de los derechos humanos y varios académicos, los paramilitares no han dejado de existir sino que hoy conforman, en su mayoría, lo que el Gobierno denomina bandas criminales, que viven básicamente de la extorsión y del narcotráfico.
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La mayoría de las víctimas, según el informe de Somos Defensores, son líderes que presidían Juntas de Acción Comunal en distintos municipios del país, indígenas, campesinos y miembros del movimiento político Marcha Patriótica, de tendencia de izquierda.
Imelda Daza, histórica líder de la Unión Patriótica y quien ahora pertenece al movimiento político Voces de Paz y Reconciliación, le dijo a CNN en Español que teme que ahora se esté “gestando otro genocidio político igual o peor al que ocurrió con la Unión Patriótica”.
La Unión Patriótica fue el partido político que se creó en 1984 tras un acuerdo entre las FARC y el gobierno de entonces. Entre las décadas de 1980 y 1990, unos 5.000 de sus miembros (incluidos dos candidatos presidenciales y más de 10 congresistas) fueron asesinados.
La justicia colombiana ya determinó que detrás del exterminio de esos líderes de izquierda estuvieron grupos paramilitares y agentes estatales y el mismo presidente Juan Manuel Santos, en septiembre pasado, reconoció en un acto público la responsabilidad del Estado en esta masacre.