En diciembre del 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que funcionarios de la constructora brasileña Odebrecht habían confesado millonarios sobornos pagados en la mayoría de países de América Latina para quedarse con decenas de contratos para llevar a cabo obras públicas.
En el caso de Colombia, los pagos suman, según la cifra reportada por las autoridades estadounidenses, 11 de millones de dólares, entregados entre el 2009 y el 2014. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía en Colombia, ese dinero se habría repartido de la siguiente manera:
6,5 millones de dólares para lograr la adjudicación de la concesión, por parte del Instituto Nacional de Concesiones (INCO), dirigido en calidad de encargado por Gabriel García Morales, entonces viceministro de Transporte, del Tramo II de la Ruta del Sol, uno de los proyectos viales más importantes de los últimos años en Colombia, que une al interior del país con la Costa Caribe. Este contrato fue adjudicado en diciembre de 2009 y firmado en enero de 2010.
4,6 millones de dólares para la adjudicación de la vía Ocaña-Gamarra, mediante su contratación por adición al contrato del Tramo II de la Ruta del Sol. Esta adición se hizo mediante el otrosí número 6, firmado el 14 de marzo de 2014 por el director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade.
Odebrecht estaba entre las beneficiadas por el esquema de corrupción masiva que la operación Lava Jato destapó en Petrobras y que incluía a ejecutivos de la petrolera brasileña, intermediarios y políticos de diversos partidos.
La operación Lava Jato es la mayor investigación sobre corrupción llevada a cabo en la historia de Brasil. Su origen data de marzo de 2014, cuando se llevó a cabo una investigación de menor porte sobre una red de cambistas clandestinos que operaba en diversos estados de Brasil.
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Según la información entregada hasta ahora por la Fiscalía General de Colombia, este es el mapa de los 28 mencionados e involucrados en la investigación del caso de corrupción más grande de la historia de América Latina, capítulo Colombia.
CONFESARON Y ESTÁN CAPTURADOS
1. Exviceministro Gabriel García Morales
Viceministro de Transporte y director encargado del Instituto Nacional de Concesiones (INCO), que ya no existe, cuando en el 2009 se adjudicó el contrato del Tramo II de la Ruta del Sol, uno de los proyectos de infraestructura vial más ambiciosos y costosos de los últimos años en Colombia, pues debe unir a Bogotá y el centro del país con los principales puertos y ciudades de la Costa Atlántica. García Morales ya aceptó haber recibido un soborno por 6,5 millones de dólares para adjudicar ese contrato a Odebrecht.
El 12 de enero fue capturado por los delitos de cohecho impropio, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito. El 16 de enero, la Fiscalía confirmó que García Morales aceptó los cargos. Según el ente investigador, el exviceministro quiere colaborar con la justicia y ya ha estado en seis diligencias de interrogatorio.
El 13 de marzo, la Fiscalía confirmó que inició la extinción de dominio de los activos pertenecientes a García Morales y los hermanos Ghisays Manzur, reunidos en cinco bienes inmuebles ubicados en la ciudad de Cartagena, dos vehículos y 4 millones de dólares en acciones de propiedad de la empresa panameña Lourion Trading INC.
2. Empresario Enrique José Ghisays Manzur
El exviceministro García Morales confesó que logró blanquear los 6,5 millones de dólares de soborno que recibió de Odebrecht a través de la firma panameña Lurion Trading INC., constituida por el empresario cartagenero Enrique Ghisays Manzur y su hermano, Eduardo Assad Ghisays Manzur.
Enrique Ghisays aceptó, este 6 de marzo, los cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito que la Fiscalía le imputó. Según la Fiscalía, existen pruebas de que Lurion Trading “fue constituida para ese único efecto, en 2010”.
CAPTURADOS
3. Exsenador Otto Bula
Según la Fiscalía, Odebrecht contrató en Colombia al entonces senador Otto Bula mediante la modalidad de “honorarios por resultado o cuota de éxito”, con el objeto de obtener el contrato de la vía Ocaña-Gamarra, a favor de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. La construcción de la vía Ocaña-Gamarra se adjudicó a Odebrecht, como parte del contrato del Tramo II de la Ruta del Sol, a través de un otrosí firmado por la Agencia Nacional de Infraestructura. Odebrecht asegura que le pagó 4,6 millones de dólares a Bula, a través de siete empresas, sobre todo panameñas y chinas.
El 14 de enero del 2017, la Fiscalía capturó a Bula acusado de cohecho y enriquecimiento ilícito. En la audiencia de imputación de cargos, el 19 de enero, Bula no aceptó los cargos y se declaró inocente. El 27 de febrero, la Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio 686 bienes, entre inmuebles, vehículos, empresas y cabezas de ganado —avaluados por casi 18 millones de dólares— que aparecen a nombre de Bula, familiares y supuestos testaferros.
4. Ingeniero Andrés Cardona
El 20 de febrero del 2017, la Fiscalía capturó en Bogotá al contratista Andrés Alberto Cardona Laverde, socio y miembro de la junta directiva de la empresa ACC Ingeniería, subcontratista del consorcio Tunjuelo-Canoas, al que le fue adjudicada la descontaminación del río Bogotá. La Fiscalía dice que lo investiga por ser el presunto encargado de “recoger los sobornos del consorcio y enviarlos a funcionarios públicos, en el caso del contrato para construir un túnel interceptor” que descontaminaría el río Bogotá, firmado en 2009 entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y el Consorcio Canoas, conformado por varias empresas, entre ellas Odebrecht.
La Fiscalía le imputó cargos por los delitos de cohecho y celebración indebida de contratos. Luego de ser capturado, Cardona Laverde se declaró inocente, según reportaron medios locales presentes en la audiencia el 22 de febrero. Francisco Farfán Molina, quien era el abogado titular de Cardona en el momento de la imputación de la Fiscalía, renunció días después a seguir siendo su apoderado, según le confirmó el mismo Farfán a CNN en Español.
IMPUTADOS
5. Empresario Eduardo Assad Ghisays
El hermano del empresario Enrique José Ghysays Manzur, detenido por el escándalo, también fue imputado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, pero todavía no se ha pronunciado al respecto. CNN hizo repetidos intentos para contactar a su abogado, Ulises Durán Porto, pero este no respondió a las llamadas que se le hicieron.
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CASOS ENVIADOS A LA CORTE SUPREMA
6. Exsenador Plinio Olano
La Fiscalía le pidió a la Corte Suprema de Justicia —encargada de investigar y juzgar a los congresistas en Colombia— que investigue al exsenador Plinio Olano por su presunta participación en la corrupción que rodeó la adjudicación del Tramo II de la Ruta del Sol.
A través de un comunicado de la Federación Nacional de Departamentos, de la que es actualmente su director, Olano dijo que no intervino “en manera alguna” en el proceso de adjudicación de los contratos mencionados por la Fiscalía, por las que compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia.
“No intervine, en manera alguna, en el proceso de adjudicación del mencionado contrato. Ni de ese, ni de ningún otro contrato con el Estado”, dice el comunicado de Olano conocido por CNN en Español. “Exhorto a cualquier funcionario, con capacidad de decisión, vinculado al Estado por la época de los hechos mencionados por la Fiscalía General de la Nación, a que declare si yo alguna vez intervine o gestioné en favor de esa firma o de cualquier otra, en algún proceso contractual. Categóricamente puedo anticipar que nunca lo hice”. Olano también dijo estar a disposición de la Corte Suprema de Justicia para “aclarar lo necesario”.
7. Senador Bernardo Elías
La Fiscalía le pidió a la Corte Suprema de Justicia que investigue la conducta del senador Bernardo Miguel Elías Vidal, conocido en Colombia como el “Ñoño” Elías y quien tiene un enorme poder en la Costa Caribe. La Fiscalía asegura tener evidencia de que Elías fue uno de los intermediarios de una controvertida reunión entre Bula y el empresario Andrés Giraldo, relacionada con los sobornos de Odebrecht y en la que, según Bula, Giraldo habría recibido un millón de dólares, que irían a parar a la campaña presidencial de Santos en el 2014.
La Fiscalía también dice tener pruebas de que el senador Elías participó en la adjudicación a Odebrecht del otrosí de la vía Ocaña-Gamarra. Elías ha negado ambas acusaciones a través de su cuenta de Twitter y en entrevistas con varios medios colombianos.
LLAMADOS A INTERROGATORIO
8. José Elías Melo Acosta, expresidente de Corficolombiana
Fue vinculado al proceso mediante una diligencia de interrogatorio que se llevó a cabo el pasado 30 de enero. La Fiscalía investiga si tuvo algo que ver en el soborno que recibió García Morales.
Hace 11 meses, Melo Acosta renunció a la presidencia de Corficolombiana —una empresa del grupo financiero más grande de Colombia, el Grupo Aval—, aduciendo motivos personales. A propósito de versiones que han circulado sobre actuaciones de Corficolombiana con respecto a Odebrecht, un comunicado de la empresa al que tuvo acceso CNN En Español afirma que descarta “con absoluta certeza” haber efectuado “pagos ilícitos a funcionarios o a intermediarios”.
En el comunicado, Corficolombiana asegura que en el año 2009 la firma Estudios y Proyectos del Sol S.A.S. (EPISOL), su filial, atendió de buena fe la invitación de Odebrecht para participar, como socio minoritario, en la convocatoria efectuada por el Instituto Nacional de Concesiones (INCO) para la adjudicación del contrato correspondiente a la construcción del Tramo II de la Ruta del Sol.
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“Surtido el trámite de la licitación y adjudicado el contrato a la promesa de sociedad futura convocada por Odebrecht, se constituyó la sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. cuyos accionistas son: Constructora Norberto Odebrecht S.A., Odebrecht Latinvest S.A.S., Estudios y Proyectos del Sol S.A.S. y CSS Constructores S.A.
Es de anotar que las compañías del grupo Odebrecht poseen el 62% del capital de la sociedad concesionaria y, por ende, la operan y controlan. Episol aceptó una participación minoritaria (33%) y por lo tanto no controlante debido a no contar, en aquel entonces, con la experiencia mínima requerida por el INCO para acreditar su participación en esa licitación”, dice el comunicado.
Además, asegura que las juntas directivas de Corficolombiana y Episol “nunca estuvieron al tanto ni mucho menos participaron en los actos de corrupción cometidos, que se dieron entre Odebrecht y algunos servidores públicos en torno al contrato. En consecuencia, tampoco autorizaron a persona alguna para proceder de manera ilícita, y si alguien pretendió hacerlo a nombre de Corficolombiana y/o Episol, actuó en claro abuso de la confianza depositada. Sólo en los últimos meses, y por la información divulgada en los medios de comunicación así como por parte de la Fiscalía General de la Nación, las directivas de Corficolombiana tuvieron conocimiento de que la firma brasileña había acordado con funcionarios públicos colombianos e intermediarios, el pago de cuantiosas sumas de dinero en relación con la adjudicación y desarrollo del mencionado contrato”.
Melo Acosta fue presidente de Corficolombiana desde 2008 hasta abril de 2016. CNN en Español ha tratado de ubicarlo para conocer su versión al respecto, pero hasta el momento no ha sido posible.
9. Juan Ricardo Noero
Exviceministro de Transporte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Fue llamado a indagatoria en la Fiscalía, el 23 de febrero del 2017, por su presunto conocimiento sobre las inversiones efectuadas con los dineros del soborno que recibió García Morales. Entre 2002 y 2006 fue viceministro de Transporte del gobierno de Álvaro Uribe. En 2010, fue nombrado presidente y director general de Pacific Infrastructure.
Fuentes cercanas a Noero le dijeron a CNN en Español que la relación del representante de Pacific Infraestructure con el caso Odebrecht se debe a una alerta que el mismo empresario envió, el 17 de enero de 2017, a la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF), informando sobre una transacción que hizo la empresa Lurion Trading INC., con la compañía que preside durante su proceso de capitalización, pero dijeron que él no está involucrado más allá de ser testigo para la Fiscalía.
La alerta de Noero ocurrió después de las acusaciones hechas por la Fiscalía al exfuncionario. El 24 de enero, Noero envió la misma información a la Fiscalía General de la Nación y manifestó la voluntad de colaborar ante cualquier llamado de la justicia.
Sin embargo, Noero aclaró en medios locales que no tiene certeza de que García Morales haga parte del grupo que invirtió en la compañía en ese entonces.
“El que Juan Ricardo Noero haya sido viceministro de Transporte no es la razón que lo vincula al caso, como puede ser verificado ante cualquier autoridad”, dijo la fuente a CNN en Español.
El pasado 1 de febrero, en entrevistas con diversos medios colombianos, como el diario El Espectador y las emisoras W Radio y Blu Radio, Noero negó haber tenido contacto con representantes de Odebrecht y dijo que colaborará con la Fiscalía si así se lo pide esa institución. “No teníamos por qué sospechar que existía la posibilidad de un soborno”, dijo Noero, en W Radio.
CNN en Español se comunicó con Noero para tener una declaración sobre el caso, pero el empresario se negó a hablar con este medio.
10 y 11. Miguel Peñaloza y Mateo Restrepo, consejeros presidenciales del gobierno de Álvaro Uribe
Miguel Peñaloza y Mateo Restrepo, consejeros presidenciales de Álvaro Uribe cuando se adjudicó el contrato a Odebrecht para construir el Tramo II de la Ruta del Sol, fueron vinculados al proceso mediante diligencia de interrogatorio. Peñaloza fue ministro de Transporte del presidente de Colombia Juan Manuel Santos, entre mayo y septiembre del 2012.
CNN en Español le preguntó a Peñaloza sobre su posición tras el llamado a interrogatorio de la Fiscalía. Peñaloza dijo que era una oportunidad para “aclarar todo” y añadió que ya no diría más a los medios por exigencia de su abogado. “Confío plenamente en la justicia y asistiré puntual a todo”, añadió.
En diálogo con W Radio, el 12 de diciembre de 2016, antes de que la Fiscalía lo vinculara al proceso, Peñaloza aseguró que nunca había recibido ofrecimientos inapropiados por parte de Odebrecht o intermediarios. “Yo tengo el mismo conocimiento que tienen ustedes, o menos, lo que dijeron los medios en su momento. Nunca alguien se me ha acercado con ese tema o he sabido yo de algo específico en ese sentido”.
Mateo Restrepo Villegas, quien fue un importante consejero presidencial, envió un comunicado a los medios, el pasado 7 de febrero, en el que explicó su labor y se puso a disposición de la Fiscalía para colaborar con el esclarecimiento del caso.
Restrepo dijo que en cabeza de la oficina del Alto Consejero Presidencial para la Política Anticíclica, que afirma que fue creada para mitigar los efectos de la crisis financiera global de 2008, tuvo “permanente contacto con los ministros, viceministros y demás funcionarios del gobierno encargados de la ejecución de numerosos proyectos”. Además, señala que una de las estrategias del gobierno para hacer frente a la crisis fue la de invertir “en infraestructura en su sentido más amplio: transporte, vivienda, agua y saneamiento básico, y minero energético. Por lo tanto, la Alta Consejería a mi cargo realizó informes de seguimiento de un amplio número de proyectos en estos sectores, siempre con absoluta sujeción a la normatividad vigente”.
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12. Luis Fernando Andrade, director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)
Fue vinculado formalmente a la investigación tras rendir interrogatorio, el pasado 21 de febrero. Sobre él recae la responsabilidad de la adjudicación del otrosí de la vía Ocaña-Gamarra en marzo del 2014, por el cual Odebrecht pagó 4,6 millones de dólares en sobornos.
En un comunicado enviado a la opinión pública el 6 de marzo, la ANI informó que “la firma Odebrecht no ha recibido trato preferencial alguno por parte de la ANI, ni en lo relacionado con la adición de (la vía) Ocaña-Gamarra, ni en las reclamaciones que ha hecho contra el Estado vía Tribunal de Arbitramento y mucho menos en términos de adjudicaciones contractuales de concesiones de infraestructura”. Andrade ha negado las acusaciones y también ha negado conocer a Otto Bula, a través de sus redes sociales y de una amplia entrevista que en febrero pasado le dio al periódico El Tiempo.
13. Juan Sebastián Correa Rodríguez
Asesor de Andrade en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), también fue vinculado formalmente a la investigación por parte de la Fiscalía. Rindió interrogatorio el 20 de febrero pasado. CNN en Español trató de ponerse en contacto con Correa a través de la ANI, pero aseguraron que no estaba disponible por el momento y que no sabían cuándo podría atender a alguien. En la oficina de prensa de la entidad, además, afirmaron que no estaban autorizados a “brindar ningún tipo de información”.
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14. Daniel García Arizabaleta
La Fiscalía llamó a diligencia de interrogatorio a Daniel García Arizabaleta, por “su presunta participación y conocimiento de los hechos que rodearon el soborno” que entregó Odebrecht para la adjudicación de la obra de la Ruta del Sol, según la entidad investigadora. García Arizabaleta renunció a su cargo como director del Invías para asesorar a la firma brasileña en el 2010. Después de trabajar para Odebrecht fue nombrado coordinador político del partido Centro Demócratico, liderado por el hoy expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez.
El periodista Daniel Coronell —uno de los periodistas investigadores más importantes de Colombia— documentó que mientras el gobierno de Uribe realizaba la licitación para el contrato de la Ruta del Sol, García Arizabaleta ingresó 43 veces a la Casa de Nariño (sede de la Presidencia).
CNN en Español contactó a Daniel García Arizabaleta y al Centro Democrático para obtener una declaración al respecto y aún no ha recibido respuesta.
15. Eduardo Zambrano
La Fiscalía llamó a diligencia de interrogatorio a Eduardo Zambrano por “su presunta participación y conocimiento de los hechos que rodearon el soborno” que entregó Odebrecht para la adjudicación de la obra de la Ruta del Sol. Para conocer su versión, CNN en Español ha buscado a Zambrano pero no ha podido localizarlo. Zambrano está vinculado con García Arizabaleta según la Fiscalía, entidad que no ha proporcionado más detalles sobre el papel de Zambrano en el caso.
16-21. Menzel Amin Avendaño, Marco Giampaoli, Alfonso Pereira del Río, Rafael Nieto Loaiza, María Fernanda Valencia y Otto Rodríguez
La Fiscalía aseguró que llamó a todas estas personas a diligencias de interrogatorio por el conocimiento que, según el ente investigador, tendrían del destino de los recursos del soborno y de los hechos que rodearon la adjudicación de la obra.
Menzel Amín Avendaño
Es uno de los hombres más fuertes de la construcción en Colombia gracias a su empresa KMA. Socio de Marco Giampaoli en varios proyectos de construcción en el país. Según la Fiscalía, Scatolini y Amín fueron citados a declarar dentro de la investigación de Odebrecht pues eran socios de la empresa panameña Oil & Gas Logistics, a la que llegaron dineros del exviceministro García Morales y que es propiedad de los hermanos Ghisays.
CNN en Español intentó comunicarse con Amín y en la oficina de prensa de la constructora KMA pidieron hacer la aclaración de que no fue llamado a interrogatorio “sino a entrevista”, lo que aseguran significa que no está vinculado todavía formalmente a la investigación. También explicaron que tanto Amín como Giampaoli se acercaron voluntariamente a la Fiscalía cuando conocieron que eran parte de uno de los negocios salpicados con dineros de sobornos de Odebrecht, pero cuando se metieron en el negocio no sabían que el dinero provenía de la multinacional brasileña.
La oficina de prensa de KMA aseguró que devolvería la llamada para saber si Amín Avendaño accedía a hablar con CNN en Español, pero todavía no ha sucedido.
Marco Giampaoli Scatolini
Empresario venezolano que aparece mencionado en la investigación de los Papeles de Panamá y es propietario de la firma constructora Obras Especiales (Obresca). Giampaoli es socio de Menzel Amín en varios de los proyectos de infraestructura más importantes de Colombia, como las llamadas autopistas 4G o de cuarta generación, en firmas como el Consorcio Autopistas de la Sabana y el Consorcio Autopistas del Sol.
Según la Fiscalía, Giampaoli y Amín fueron citados a declarar dentro de la investigación de Odebrecht pues eran socios de la empresa panameña Oil & Gas Logistics a la que llegaron dineros del exviceministro García Morales y que es propiedad de los hermanos Ghisays. CNN en Español llamó varias veces a Obresca, pero su asistente primero dijo que se encontraba fuera de la ciudad y luego dijo que había hablado con Giampaoli y este no se pronunciaría al respecto.
Alfonso Pereira del Río
Empresario citado por Fiscalía pues es socio del exviceministro García Morales en una empresa llamada Canal Logistics SAS, especializada en el transporte de carga por vía terrestre y marítima. CNN en Español se comunicó en varias oportunidades con su oficina en la empresa Inversiones Perca —de la cual fue representante legal y de la que ahora dirige su liquidación—, en la ciudad de Cartagena, y aunque su asistente afirmó que devolvería la llamada, todavía no ha podido comunicarse con él.
Rafael Nieto Loaiza
Abogado, fue viceministro de Justicia durante el segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez y también representó al Estado colombiano en varios pleitos ante tribunales internacionales. En un mensaje enviado a través de su cuenta de Twitter, el pasado 6 de marzo, Nieto Loaiza negó haber estado vinculado a la constructora y dijo que su relación “se limitó a una reunión social en la que no prosperó ningún acuerdo laboral o contractual”.
En una entrevista con el diario El Tiempo, el 6 de marzo, Nieto agregó que hacia 2008-2009 “sí buscó un contacto con Odebrecht para proponerle, junto con otros particulares, un consorcio y aspirar a la Ruta del Sol, pero esos contactos no terminaron en nada y la firma brasileña terminó asociada con otras firmas”. Y aseguró que “nunca” ha recibido recurso o pago alguno Odebrecht.
En una columna que Nieto Loaiza escribió para el diario El Colombiano, de Medellín, el pasado 19 de febrero, el exviceministro afirmó que “no se puede desatar una cacería de brujas” y “mucha gente seria y honesta tuvo contratos con Odebrecht mientras que ella se reputaba como la más grande y eficiente compañía de ingeniería de América Latina”, pero “esas relaciones legítimas no pueden ensombrecer la reputación de quienes las hayan tenido”.
Félix Otto Rodríguez
Empresario de artes gráficas e impresiones. Fue citado el pasado 13 de marzo en la Fiscalía para explicar la nueva arista de la investigación de Odebrecht en Colombia: si es cierto que la constructora brasileña pagó los 400.000 dólares con los que se habrían elaborado 2 millones de afiches para la campaña presidencial de Santos, en 2010.
Según información de la Fiscalía, la campaña de Santos habría contratado ese trabajo con la compañía panameña de publicidad Impressa Group Corp., cuyos dueños eran Félix Otto Rodríguez y María Fernanda Valencia, quien en ese momento era su esposa. Impressa Group Corp., hace parte de las empresas offshore abiertas por la polémica firma de abogados Mossack Fonseca, razón por la cual ambos aparecen en la investigación sobre el uso de paraísos fiscales conocida como los Papeles de Panamá. Fue registrada en 2010 y está inactiva desde el 2014. CNN en Español trató de comunicarse con Rodríguez para conocer su versión al respecto, pero no fue posible.
María Fernanda Valencia
Esta abogada no es un personaje desconocido en Colombia ni en los medios ni en la política. Fue viceministra de Turismo durante la presidencia de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) y ha tratado en dos ocasiones de llegar a cargos de elección popular, pero en ninguna de las dos le alcanzaron los votos: primero quiso ser representante a la Cámara por el Partido de la U en el 2010 y luego, en 2015, se lanzó al Concejo de Bogotá por el Partido Cambio Radical. Hasta hace unos meses, trabajó como periodista en el canal de televisión CM&.
CNN en Español se comunicó con Valencia, pero ella respondió que no le parecía “conveniente” hablar con los medios en este momento, dijo que se puso a disposición del fiscal general para aclarar todo y pidió hacer una precisión: “Nosotros fuimos citados a entrevista y como testigos por la Fiscalía, no a interrogatorio, y allí acudiremos”. En el comunicado de la Fiscalía, sin embargo, se aclara que es una “diligencia de interrogatorio”. Valencia fue citada el pasado miércoles 15 de marzo.
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INDAGACIÓN PRELIMINAR EN LA FISCALÍA
22. Exministra Cecilia Álvarez Correa
Álvarez fue ministra de Transporte entre 2012 y 2014, durante el mandato del presidente Santos. Ya dio una declaración libre en la Fiscalía, que abrió una indagación preliminar en su contra por la denuncia que al parecer hizo Otto Bula en su testimonio juramentado, según la cual habría tenido un interés indebido en la celebración del otrosí de la vía Ocaña-Gamarra.
Álvarez negó la acusación y dijo que no conoce a Otto Bula, en un comunicado enviado el pasado 6 de marzo conjuntamente con su pareja, la exministra de Educación Gina Parody.
“De acuerdo con el propio comunicado, la apertura de indagación preliminar tiene como fundamento la denuncia presentada en nuestra contra. Esa delirante denuncia uribista contiene múltiples falsedades, pero ni siquiera en ese mar de exageraciones e inexactitudes se atrevieron a acusarnos respecto de los sobornos de Odebrecht. Por consiguiente, el llamado de la Fiscalía nada tiene que ver con esa investigación”, dice el comunicado. La investigación de Álvarez y Parody será llevada a cabo por la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, por su fuero constitucional.
23. Exministra Gina Parody
Fue ministra de Educación del gobierno de Santos entre el 2014 y el 2016. Su familia tiene una participación accionaria en la Terminal Fluvial Andalucía en Gamarra (César), adonde llega la vía Ocaña-Gamarra. Parody negó cualquier relación con la adjudicación de ese contrato, a través de un comunicado enviado de manera conjunta con su pareja, la exministra Cecilia Álvarez, el pasado 6 de marzo.
CITADOS A DECLARAR
24. Iván Mustafá
La Fiscalía citó a declarar a Iván Mustafa, director del Fondo de Adaptación, para que explique la relación entre la adjudicación del contrato a Navelena —la compañía encargada de la recuperación del río Magdalena (el más importante de Colombia) y de la que Odebrecht es socio mayoritario— y un otrosí para la exclusa del Canal del Dique, una bifurcación del río en los departamentos de Atlántico y Bolívar. Según la Fiscalía, “la hipótesis investigativa relaciona la adjudicación de este contrato a Navelena, con la adjudicación del contrato del metro de Quito”.
En un comunicado, el Fondo de Adaptación —una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la ejecución de proyectos de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático— dijo que el hecho al que se refiere la Fiscalía “no ha ocurrido” y que esa entidad no ha promovido la suscripción de ningún otrosí.
25. Empresario Andrés Giraldo
Otto Bula le dijo a la Fiscalía que estuvo en una reunión con el empresario Andrés Giraldo, en la que le entregó un millón de dólares que provenían de Odebrecht y estarían destinados a la gerencia de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, en 2014. Giraldo ya rindió indagatoria en la Fiscalía y fue vinculado formalmente a la investigación. En entrevista con la Revista Semana publicada el pasado 9 de febrero, Giraldo reconoció que se reunió con Bula (no recuerda si una o dos veces), pero negó “rotundamente” que hubiera recibido plata. CNN en Español intentó ubicar al empresario para conocer su posición al respecto, pero no fue posible.
26. Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Santos de 2014
La Fiscalía llamó a diligencia de interrogatorio al exgerente de la campaña presidencial de Santos de 2014, Roberto Prieto, para quien según Otto Bula estaba destinado el millón de dólares que Odebrecht le habría mandado a través del empresario Andrés Giraldo. El exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales —que ya confesó y fue capturado— y el director de la ANI, Luis Fernando Andrade, aseguran que Prieto era enlace de Odebrecht.
En un comunicado enviado a la opinión pública, el pasado 6 de marzo, Prieto detalló todos los dineros que asegura entraron a la campaña presidencial de Santos, desde marzo del 2014, afirmó que la campaña rindió cuentas de todo el dinero al Consejo Nacional Electoral y negó que la campaña hubiera tenido conocimiento de la encuesta de opinión que Odebrecht contrató con la firma panameña Paddington (vinculada con una reconocida agencia de publicidad colombiana), para aproximarse con el gobierno de Santos, quien no ha sido vinculado con la investigación.
La Fiscalía dijo que una vez concluyan las entrevistas e interrogatorios en curso citará a Prieto.
En entrevista con Blu Radio, el 14 de marzo, Prieto aceptó que la campaña de Juan Manuel Santos, en 2010, había recibido fondos de la empresa brasileña para pagar 2 millones de afiches, aunque afirmó que eso se concretó en una reunión entre los miembros del comité financiero de la campaña y Odebrecht, a la que él no asistió. En ese momento, Prieto era el director financiero de la campaña presidencial.
“Cuando yo llego dijeron, está fondeado esto. Yo lo reconozco. A mí me dijeron, hay que contratar 2 millones de afiches, ¿quién paga eso?, paga Odebrecht. Mándele la factura a Odebrecht. Eso fue lo que yo hice, porque ya estaba fondeado”, afirmó, y luego señaló que Santos no sabía de esto. “Usted me pregunta y se lo tengo que decir honestamente, esa fue una operación irregular y la campaña la tendrá que aceptar y la va a aceptar y es una operación irregular donde el presidente no tuvo nada absolutamente nada que ver”, dijo.
El mandatario pidió perdón en un video publicado en Twitter este 14 de marzo:
“Frente a la revelación de que hubo recursos no registrados en mi campaña de 2010 quiero expresar mi más absoluto rechazo y condena frente a ese hecho. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar”, afirmó.
Santos dijo que no había autorizado ni conocido estas acciones que violaban la ética y control que afirma haber exigido. “Pido a todos los involucrados que aclaren a la mayor brevedad posible esta actuación inaceptable. Esta violación de las normas de la campaña no supone ni puede suponer que se deriven hechos de corrupción en mi gobierno”, añadió, y pidió a las autoridades que investiguen su administración y sancionen al que sea responsable de corrupción.
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MENCIONADOS EN LA INVESTIGACIÓN
27. Óscar Iván Zuluaga, excandidato a la presidencia por el Centro Democrático en 2014
Según las pruebas recaudadas por la Fiscalía, Odebrecht habría servido de puente para llevar a cabo una reunión, en febrero del 2014, entre directivos de la campaña presidencial del candidato uribista Óscar Iván Zuluaga y el publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonca, más conocido como ‘Duda’ Mendonca. El encuentro se realizó en Sao Paulo y fue coordinado por Marcio Polidoro, director de Comunicaciones de Odebrecht para América Latina.
Odebrecht asegura que le pagó 1,6 millones de dólares al publicista, correspondientes a un cobro adicional a una suma previamente convenida, para prestarle servicios a la campaña de Zuluaga, llamada “Manos Firmes, Corazón Grande”, valor que no aparece reportado por la campaña ante el Consejo Nacional Electoral. Zuluaga ha negado la acusación a través de sus redes sociales.
28. Agencia de publicidad Sancho BBDO
El 6 de marzo, la Fiscalía reveló que verificó un contrato celebrado el 2 de febrero del 2014 con la empresa panameña Paddington (vinculada a la reconocida agencia de publicidad colombiana Sancho BBDO) por un millón de dólares, para llevar a cabo una encuesta de opinión en las principales ciudades del país que, según la Fiscalía, tendría como objetivo “lograr una aproximación con el gobierno del presidente Santos para viabilizar el reconocimiento y pago directo de las reclamaciones existentes para aquella época con ocasión del proyecto Ruta del Sol 2, que ascendían a una cifra cercana a los 100 millones de dólares por circunstancias que los brasileños estimaban no eran imputables a su compañía”.
El pasado 7 de marzo, Sancho BBDO admitió, por medio de un comunicado, que en febrero del 2014 Odebrecht firmó un contrato con Paddington, la sociedad panameña a la que está vinculada la empresa colombiana.