(CNN Español) – La organización pro derechos humanos publicó un nuevo informe este miércoles en el que acusa al gobierno de Venezuela de “incrementar la persecución y los castigos contra quienes piensan diferente”.
En las semanas recientes en Venezuela se ha vivido un ambiente de protestas y violencia que ya dejan un saldo de al menos 26 muertos, más de 400 heridos y al menos 1.289 detenidos.
En su informe “Silencio a La Fuerza: Detenciones Arbitrarias por Motivos Políticos en Venezuela”, Amnistía denuncia una “caza de brujas”, mediante la que “el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) realiza “detenciones sin órdenes judiciales”, se procesa a “activistas pacíficos por delitos ‘contra la patria’”, se imponen “medidas de prisión preventiva sin justificación” y se realizan “campañas difamatorias en medios de comunicación contra miembros de la oposición”.
“En Venezuela está prohibido disentir. Las autoridades parecen no tener límite a la hora de aplicar un sinnúmero de argucias legales para castigar a quienes expresan una opinión diferente de la oficial”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“En vez de obsesionarse por acallar cualquier opinión contraria a la oficial, las autoridades venezolanas deberían enfocarse en buscar soluciones prácticas y duraderas a la profunda crisis que sufre el país”, agregó.
Este miércoles las marchas de la oposición vuelven a las calles de Venezuela para movilizarse hacia las sedes de la Defensoría del Pueblo en distintas ciudades del país.
Desde que el 30 de marzo el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) emitió una sentencia para asumir las competencias de la Asamblea Nacional –de mayoría opositora–, el país se ha sumido en una profunda crisis institucional agravada por los problemas sociales y de desabastecimiento de productos básicos. Tres días después, el alto tribunal dio marcha atrás, pero el descontento de los venezolanos no se detuvo y han seguido saliendo de manera masiva a las calles.
Los partidos opositores piden cuatro cosas: que se inhabilite a los jueces de la Corte Suprema, que se celebren elecciones libres tan pronto como sean posibles, la liberación de los políticos presos, como Leopoldo López, y ayuda humanitaria para comida y medicinas en Venezuela.
El punto de la inhabilitación le correspondería a la Defensoría del Pueblo, por lo que las marchas se dirigen allá para solicitarle al titular Tarek William Saab que les dé una respuesta.
La ONU también manifestó su preocupación por la situación en el país.
“Estamos siguiendo la situación en Venezuela con gran preocupación ante la escalada de violencia en las protestas”, le dijo a Efe la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani.
FOTOS | La mujer valiente de Venezuela que se enfrentó a una tanqueta
El gobierno de Venezuela no se ha pronunciado hasta el momento sobre el informe de Amnistía Internacional, y los esfuerzos de CNN en Español por obtener un comentario de la Cancillería no han tenido éxito hasta el momento.
Sin embargo, en pronunciamientos similares anteriores, la canciller de Venezuela Delcy Rodríguez se ha manifestado enérgicamente en contra de la “injerencia” extranjera.
Este miércoles, el Ministerio de Exteriores de Francia publicó un comunicado “deplorando los nuevos actos de violencia en Venezuela, los cuales ya han causado más de veinte víctimas. Asimismo, desea reiterar su llamado a la calma y al respeto al derecho de manifestarse pacíficamente”.
Frente a lo que la canciller respondió en una serie de tweets rechazando que “Francia pretenda dar órdenes”.
Este martes la canciller habló de la posibilidad de que Venezuela se retire de la OEA.
Rodríguez dijo por teléfono en VTV en la noche del martes que si realiza alguna reunión de cancilleres de la OEA que no cuente con el aval del Gobierno de Venezuela, “yo he recibido instrucción del jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, de iniciar el procedimiento del retiro de Venezuela de esta organización”.
Además, el gobierno de Venezuela solicitó con carácter de urgencia una reunión de los cancilleres de la Comunidad de Estados de América Latina y el caribe, CELAC. En una carta de la canciller Delcy Rodríguez publicada en Twitter, Venezuela se dirige a El Salvador, país que ejerce la presidencia temporal del foro.
El 17 de abril los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay firmaron un comunicado conjunto en el que se exhorta al gobierno del presidente Nicolás Maduro definir “las fechas para dar cumplimiento al cronograma electoral que permita una pronta solución a la grave crisis que vive Venezuela y que preocupa a la región”.
El Departamento de Estado de Estados Unidos se unió a este llamado y le exigió a Venezuela “cumplir los compromisos que asumió el otoño pasado en el marco del proceso de diálogo, con la mediación del Vaticano”.
Luego de conocerse el comunicado, la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó como “grosera” la injerencia de los gobiernos firmantes en la política interna de Venezuela, según dijo en ese entonces en su cuenta de Twitter.