(CNN) – Cuando el presidente de Estados Unidos Donald Trump pronuncie este martes su discurso del Estado de la Unión, se enfrentará a un tema que fue persistente durante su campaña de 2016 y que continúa resurgiendo bajo su gobierno: las acusaciones de acoso sexual.
Y los legisladores estarán planteando una posición en lo que posiblemente sea el discurso presidencial más importante del año, en medio de un ajuste de cuentas nacional sobre acoso sexual. Las mujeres en Hollywood están vistiendo de negro en la alfombra roja. Más de 150 mujeres alzaron su voz para relatar las historias de cómo un exmédico del equipo de gimnasia de Estados Unidos abusó de ellas y, en apenas unos pocos meses, varios legisladores han perdido su trabajo por acusaciones de conducta sexual inapropiada.
Con la intención de mantener el foco sobre el debate de acoso sexual durante el discurso nacional de Trump, algunos legisladores tienen planeado honrar al creciente movimiento de #MeToo (#YoTambién), coordinando lo que van a usar y llevando invitados que representen dicho esfuerzo. Algunos vestirán prendas negras –una decisión que hace eco a las mujeres de Hollywood que llevaron vestidos negros durante los Premio Globo de Oro en solidaridad con las víctimas de acoso y de conducta sexual inapropiada–, mientras otros han invitado víctimas y activistas para que asistan a la gran declaración de Trump.
Además, la representante Bonnie Watson Coleman, copresidenta del Congressional Black Caucus para las niñas y mujeres negra, planea usar un prendedor rojo en honor a Recy Taylor. De hecho, está alentando a otros colegas a hacer lo mismo. Taylor, una mujer afroestadounidense de Alabama, fue violada por un grupo de hombres blancos en la década de 1940, y su decisión de hablar sobre lo que sucedió, a pesar de las amenazas de muerte que recibió, la convirtió en una importante figura de los derechos civiles.
Watson Coleman también planea traer a la sobrina de Taylor como su invitada al evento de este martes. Y no es la única. Erin Walton, directora ejecutiva de Rape Victim Advocates asistirá como invitada del representante Mike Quigley; Fatima Goss Graves, presidenta del National Women’s Law Center, será una invitada de la representante Jackie Speier; y Danielle McGuire, autora e historiadora que ha investigado y escrito sobre Taylor, será invitada de la representante Brenda Lawrence.
El Congreso está abordando sus propios problemas
En el Capitolio, los legisladores están luchando por encontrar la manera para manejar el acoso y la conducta sexual inapropiada en las dos cámaras. A principios de este mes, el representante republicano de Pensilvania Patrick Meehan fue criticado por utilizar el dinero de los contribuyentes para resolver un pleito por conducta sexual inapropiada con una exasistente. El pasado jueves, Meehan sostuvo que no planeaba postularse para reelección.
El republicano, que fue despojado de su posición en la Comisión de Ética de la Cámara por el líder de ese órgano Paul Ryan, negó haber intentado entablar una relación con su exasistente, aunque reconoció que tenía “afecto por ella” y que la consideraba su “alma gemela”. La Comisión de Ética de la Cámara empezó una investigación sobre las acusaciones de la asistente, así como frente a la posibilidad de que Meehan haya utilizado indebidamente los recursos oficiales al pagar el pleito con fondos de su oficina en el Congreso.
CNN se contactó con la oficina cada miembro del Congreso y les preguntó a todos si alguna vez fueron acusados de acoso sexual o si llegaron a un acuerdo en algún pleito de esta índole. Cerca de 40 oficinas no respondieron. La de Meehan fue una de esas.
Si bien la falta de respuesta no sugiere ni se traduce en irregularidades, las docenas de oficinas que no estuvieron dispuestas a responder parecen sugerir que el acoso sexual sigue siendo un tema incómodo para muchos de los legisladores electos, incluso en medio de las demandas generalizadas para una mayor apertura y transparencia.
Meehan no es el único congresista que se encuentra actualmente bajo investigación de la Comisión de Ética: también están indagando a los representantes Blake Farenthold, un republicano de Texas, y Ruben Kihuen, demócrata por Nevada, debido a acusaciones de acoso sexual. Los dos han dicho que no buscarán la reelección.
Farenthold ha negado algunas de las acusaciones en su contra, relacionadas con el acoso sexual y un ambiente de trabajo hostil. Pero, ha reconocido que parte del lenguaje que usaba no era apropiado. Además, en una declaración se disculpó por el rol que tuvo en crear un lugar de trabajo que falló en “tratar a las personas con el respeto que merecían”. Kihuen ha negado reiteradamente las acusaciones de acoso sexual.
El propio presidente Trump también sigue enfrentándose a una amplia gama de acusaciones, que van desde el acoso y la agresión sexual hasta el comportamiento lascivo, de al menos 15 mujeres. De ellas, 13 dicen que Trump las atacó directamente y otras dos sostienen que presenciaron una conducta que las hizo sentir incómodas. Todos los presuntos incidentes ocurrieron antes de que él asumiera la presidencia. Trump ha negado todos los delitos relacionados con las acusaciones, y muchos congresistas se han dedicado a centrar la atención en la defensa de las víctimas y de las sobrevivientes, en vez del mandatario.
Actualizando las leyes para el Congreso
El Capitolio también está en medio de un debate sobre cuál es la mejor manera de tratar el acoso sexual y la discriminación en el lugar de trabajo. A principios de esta semana, un grupo bipartidista de legisladores de la Cámara presentó un plan largamente esperado para enfrentar esas quejas. Quienes lo respaldan dicen que el proyecto de ley es el paso más significativo de los últimos años para abordar el acoso sexual en el Congreso y que, además, haría el proceso menos arduo para las víctimas.
La nueva legislación simplificaría el proceso que debe atravesar un empleado de la Cámara debe para reportar un reclamo en su lugar de trabajo, incluido el hecho de eliminar período obligatorio de asesoramiento y la mediación de 30 días. También requeriría que los miembros del Congreso paguen el fondo del Tesoro controlado por la Oficina de Cumplimiento dentro de 90 días, incluidos quienes dejen el cargo, y requeriría que cada reclamo que termine en un acuerdo se remita al Comité de Ética de la Cámara, algo que actualmente no se hace automáticamente.
Bajo la ley vigente, no existe el requisito de que los congresistas reembolsen los fondos destinados a llegar a un acuerdo y que se hacen con dinero de los contribuyentes. Aunque un legislador, el representante republicano Blake Farenthold ha dicho que planea pagar el acuerdo de 84.000 con una exasistente usando un préstamo personal. préstamo. Aún no lo ha hecho.
Los congresistas han estado bajo presión para exponer a aquellos colegas que han pagado acuerdos en pleitos, con el dinero de los contribuyentes.
La presencia de invitados vinculados al movimiento #MeToo, y la exhibición de vestuario de algunos legisladores demócratas, traerá un enfoque renovado al debate en medio de una de las noches ceremoniales más grandes de la Presidencia de Estados Unidos.