(CNN Español) – A las puertas de un segundo debate en el Congreso para pedir su destitución, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, renunció este miércoles. En un pronunciamiento televisado, donde dijo que no desea que “ni la patria ni su familia siga sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos”, reveló su decisión de dimitir al cargo. Poco después, la Junta de Portavoces del Congreso aceptó la renuncia y el debate por la solicitud de renuncia empieza este jueves.
Sin embargo, los hechos que llevaron a Kuczynski a este punto de no retorno vienen de meses atrás y tienen sus raíces en escándalos como el de Odebrecht y el indulto al expresidente Alberto Fujimori.
¿Qué pasó durante los últimos meses con Kuczynski?
Los tentáculos de Odebrecht
En diciembre de 2017, trascendió que supuestamente Kuczynski había sido socio de la empresa First Capital Partners (FCP), una consultora financiera que, según consigna la agencia estatal Andina, habría asesorado al consorcio encabezado por la empresa brasileña Odebrecht. En ese momento, el mandatario negó tal relación.
Lo que sí reconoció Kuczynski en ese momento, en una entrevista con RPP, fue que asesoró a H2Olmos S.A., una empresa de Odebrecht que ganó la licitación de un proyecto de irrigación llamado Olmos. “Yo no era ministro, era un privado que se gana la vida como lo he hecho durante mi carrera profesional”, explicó.
El primer pedido de vacancia
El 15 de diciembre de 2017, el Congreso aprobó admitir la moción de vacancia contra Kuczynski, después de que la Comisión Lava Jato diera por hecho que el mandatario había mentido al no reportar los supuestos pagos que recibió de Odebrecht mientras era ministro del expresidente Alejandro Toledo. Seis días después, antes de que se votara la medida, él se presentó ante el órgano legislativo y señaló que jamás había favorecido “a ninguna empresa o persona en los cargos que he ocupado”. También se refirió a un golpe de Estado disfrazado y aseveró: “Estoy aquí para dar la cara, no tengo nada que ocultar”.
Ese 21 de diciembre de 2017, el Congreso votó por la moción de vacancia para destituir a Kuczynski. Sin embargo, los resultados no alcanzaron las dos terceras partes necesarias para aprobar dicha medida. Con 79 votos a favor, 19 en contra y 21 abstenciones, Kuczynski siguió al mando. En ese momento, dijo en Twitter: “Mañana empieza un nuevo capítulo en nuestra historia: reconciliación y reconstrucción de nuestro país”.
Y en un discurso televisado, Kuczynski se disculpó por no tener cuidado con el registro de actividades, admitiendo que había sido desorganizado. Pero continuó explicando que eso no significaba que era deshonesto o que había cometido un delito, pues “nunca sería una herramienta para la deshonestidad”. Y, aprovechó para añadir, que no renunciaría en medio de las “falsas” acusaciones que lo acusan de recibir más de 4 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.
El indulto a Fujimori y las protestas
En la víspera de Navidad, Perú vivió otro episodio polémico: Kuczynski le concedió el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori. “Una junta médica oficial ha evaluado al interno y ha determinado que el señor Fujimori padece de una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable y que las condiciones carcelarias significan un grave riesgo a su vida, salud e integridad”, afirmó el comunicado de la decisión.
Fujimori, de 79 años, se encontraba en prisión pagando una condena de 25 años por los delitos de homicidio, lesiones graves y secuestro agravado, cometidos durante su gobierno entre 1990 y 2000. Asimismo, en 2015 recibió otros 8 años de prisión por el delito de peculado. Además, la Corte Suprema de Chile decidió en junio de este año que ampliaría los cargos en la extradición por Fujimori, lo que implican nuevos juicios por lesa humanidad y asociación ilícita.
Sin embargo, el indulto provocó fuertes manifestaciones en las calles. En Lima, quienes se opusieron a la decisión protestaron en la Plaza San Martín, a solo pocas cuadras del palacio presidencial. Los manifestantes se enfrentaron con la policía, quienes dispararon gases lacrimógenos para dispersar a la multitud, según reportó la agencia estatal de noticias, Andina. Dos días después, las manifestaciones seguían: cantando “traidor” y “el indulto tiene que eliminarse”, los opositores de Fujimori continuaron su manifestación frente a la clínica de Lima, donde el exlíder estaba siendo tratado.
La decisión también recibió la condena de algunos legisladores, que cuestionaron si hubo algún acuerdo político detrás de la decisión, dado que se produjo apenas días después de la votación por la vacancia de Kuczynski.
El segundo pedido de vacancia
Si el final de 2017 fue un momento convulsionado para Kuczynski, el principio de 2018 no fue muy diferente. El pasado 15 de marzo, el Congreso volvió a aprobar la moción para un debate sobre el pedido de vacancia del presidente. Esta vez también fue por “incapacidad moral”. Se esperaba que dicha medida fuera votada este jueves, pero Kuczynski renunció un día antes.
Y, horas antes de su dimisión, legisladores del partido Fuerza Popular denunciaron que “representantes del ejecutivo se le habían acercado para comprar su voto en contra de la vacancia del presidente Kuczynski”. Las acusaciones llegaron acompañadas de una serie de videos grabados con cámara oculta de reuniones con Kenji Fujimori y otros parlamentarios del bloque que lidera.
Uno de los legisladores, Moisés Mamami dijo que “en diciembre el gobierno buscó hacer el cambio por el no en la vacancia” y que desde entonces ha querido conseguir pruebas que el “gobierno compra congresistas para quedarse en el poder.” Las supuestas pruebas de esto son unos videos donde aparece Mamami en diferentes reuniones con personalidades que le hacen una serie de ofrecimientos sobre obras y proyectos.
La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, dijo en rueda de prensa que el “gobierno no compra congresistas”. El Congreso peruano convocó para el miércoles una junta de portavoces para evaluar las acciones legales y constitucionales frente a las denuncias. Por su lado, el Ministerio Público de Perú investigará los contenidos de los audios y videos difundidos.