(CNN Español) – La violencia contra políticos en México no cesa. Así lo demuestra el Protocolo para la Seguridad y Protección de Alcaldes elaborado por la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) en abril. Según sus datos, desde 2006 y hasta el 12 de abril de 2018 ha habido un total de 121 asesinatos a alcaldes en el país, de los que 53 lo eran en funciones, 59 eran exalcaldes y nueve acababan de ser elegidos.
Los datos, elaborados con una metodología propia —a falta de datos oficiales del gobierno— basada en informaciones periodísticas y de ayuntamientos, según explicó ANAC a CNN en Español, reflejan que en los últimos años la violencia contra cargos electos se ha mantenido. En lo que va de 2018, ha habido un asesinato a alcalde en funciones y nueve a exalcaldes. Según sus estadísticas, el último asesinato a un regidor ocurrió esta semana: José Efraín García, alcalde de Tlalnepantla, en el estado de Puebla.
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Según los datos manejados por la ANAC, en 2017 hubo un total de 22 asesinatos, de los que ocho fueron a alcaldes en funciones, 13 a exalcaldes y un alcalde electo fue asesinado. De este modo, 2017 se convirtió en el más mortífero para los regidores locales en México, según estos datos. El siguiente año más mortífero para estos representantes públicos fue 2010, con 18 asesinatos.
“Los asesinatos a servidores públicos cada vez son más frecuentes y numerosos”, alertó la ANAC. La organización, vinculada al Partido Acción Nacional (PAN), llamó la atención sobre la violencia contra cargos locales y elaboró un mapa de México en el que los estados estaban clasificados según su nivel de violencia.
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Los estados con más riesgo para los alcaldes son Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz. Les siguen el Estado de México (a excepción de Ciudad de México), Guerrero, Puebla y Tamaulipas.
Tal y como destacó la ANAC en su informe, “los municipios en los que existe violencia contra alcaldes corresponden geográficamente a las áreas de mayor influencia de cárteles de la droga y del crimen organizado”. A su vez, el protocolo recordó que en el primer trimestre de 2018 ya ha habido 2.500 asesinatos presuntamente realizados por el crimen organizado en el país.
“Es claro que la situación es seria”, alertó la ANAC, que aseguró en su informe que “no se puede negar que la situación se ha convertido en una grave amenaza para la seguridad y la estabilidad en todos los niveles de la sociedad, la política y el gobierno”.
En este sentido, los alcaldes aseguraron que México “ha presentado todas las condiciones para una ‘tormenta perfecta’ de violencia relacionada con el tráfico de drogas”, por lo que “se debe trabajar en el fortalecimiento de los mecanismos que permitan asegurar la integridad de todo aquel servidor público en el país”.
A este respecto, la ANAC llamó la atención sobre los sueldos de los policías y soldados —”se puede asumir que los salarios bajos combinados con el alto riesgo hacen que este trabajo sea cada vez menos atractivo”, escribió— y sobre los presupuestos de los Ayuntamientos con menos de 50.000 habitantes —donde se producen más asesinatos a alcaldes—, que tildó de “insuficientes”: “Lo que vuelve prácticamente imposible contar con el equipo necesario para asegurar la protección de la población y, por ende, la protección misma del presidente municipal y sus servidores públicos”.
La seguridad en las elecciones
Todo esto se conoce en plena campaña electoral para las elecciones del 1 de julio, en las que miles de cargos públicos serán elegidos. Son varias las voces que están llamando la atención sobre la seguridad de los políticos en estos días.
Precisamente en el estado de Michoacán, calificado como uno de los más peligrosos para los alcaldes por la ANAC, es donde se ha producido el último asesinato conocido a un político en el país. Maribel Barajas era candidata a diputada local en el estado de Michoacán y su cuerpo fue encontrado este miércoles 11 de abril cerca de Morelia, la capital del estado.
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Sobre la violencia contra los políticos en México también alertó un estudio de la consultora Etellekt publicado esta semana. Según el mismo, entre septiembre de 2017 y el 8 de abril de 2018 se reportaron 173 agresiones directas a políticos y al menos 78 asesinatos.
Esta consultora mencionaba los mismos estados como los más peligrosos del país para los políticos. En su caso, el director de la entidad, Rubén Salazar, también llamó la atención sobre la desprotección de los políticos locales pero, sobre todo, de los precandidatos, pues el protocolo de seguridad del Instituto Nacional Electoral (INE) está pensado para candidatos de facto, dijo.
Alfonso Navarrete, secretario de Gobernación de México, habló la semana pasada sobre el estado de Guerrero —otro de los más inseguros según estos dos últimos informes— y reconoció que había “un problema”: “Sí ha habido temas con candidatos en materia de seguridad, sí ha habido ejecuciones en una zona cercana al Chilpancingo, que es Chilapa, y sí tenemos obligación de entrar a estos lugares y aplicar la ley”, respondió a los reporteros después de que se conociera que un obispo del estado había mantenido contactos con el crimen organizado para pedirles que no atacaran a políticos.