(CNN) – El gobierno del presidente de EE.UU. Donald Trump decidió que quienes sean detenidos por cruzar ilegalmente la frontera deberán ser remitidos a juicios federales, una política que podría resultar en la separación de muchas más familias.
La medida también significaría que, incluso si cuentan con solicitudes válidas de asilo, los inmigrantes arrestados en la frontera podrían terminar con condenas federales en sus registros, independientemente de si un juez decide finalmente que ellos tienen derecho a vivir y permanecer en Estados Unidos.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, promulgó oficialmente la política el viernes pasado, según un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional que habló con la condición de anonimato. La medida va de la mano con una “política de cero tolerancia” ante los cruces ilegales de la frontera que impulsa el Departamento de Justicia. Bajo esta estrategia, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, les ordenó a los fiscales federales presentar cargos penales contra todos los referidos que sean detenidos cruzando ilegalmente la frontera, en la medida posible.
Sessions anunció el cambio y reiteró la política de su departamento en una presentación durante este lunes en Arizona.
La política podría eximir a los solicitantes de asilo que lleguen a un puerto de entrada oficial a EE.UU. sin documentos: esos individuos solo serían ubicados en procedimientos de inmigración.
Pero, remitir a juicio a los inmigrantes detenidos cuando intentaron entrar ilegalmente también significa que aquellos adultos que crucen la frontera con niños serán separados de ellos mientras esperan su proceso penal.
Un ejemplo reciente de cómo funciona dicha política es el caso una mujer detenida en un grupo al norte de la frontera y que el Departamento de Justicia sospecha fue parte de la caravana de inmigrantes. Ella fue acusada de entrar ilegalmente a EE.UU. y la separaron de los cuatros niños que la acompañaban. Sus abogados han luchado contra las medidas, señalando al Departamento de Justicia de discriminarla por ser centroamericana.
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Desde hace mucho tiempo, ser arrestado tratando de ingresar ilegalmente a Estados Unidos representa un delito federal menor con una pena de hasta seis meses de prisión. Sin embargo, el gobierno no siempre ha remitido a juicio a todos los detenidos. Aquellas personas capturadas fueron puestas rápidamente en procedimientos de inmigración y –a menos que cumplan con los requisitos para presentar una solicitud de asilo válida– pueden ser deportados a su país en un tiempo muy corto.
El plan actual del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no cuenta con acuerdos especiales para aquellos que piden el asilo cuando son detenidos. Aunque se les permitirá continuar con sus solicitudes y eventualmente llegaría determinarse que tienen derecho legítimo a vivir en EE.UU., también podrían enfrentar una condena por entrar ilegalmente
El DHS ha sido criticado duramente por activistas, debido a que supuestamente separa familias en la frontera como una medida de persuasión. Además, fue demandado por una mujer congolesa que buscaba asilo y quien permaneció separada de su hija durante meses, hasta que las pruebas de ADN en el proceso judicial confirmaron su parentesco.
Nielsen ha declarado previamente que el DHS solo separa a las familias cuando es por la seguridad del niño o cuando no se puede demostrar una relación familiar. La ley federal y los fallos judiciales exigen que los niños sean sacados rápidamente la detención inmigratoria y, anteriormente, las autoridades federales optaban por dejar en libertad a familias enteras, en lugar de separarlas y mantener a los padres bajo arresto.
Mayor control en la frontera
La medida se produce en medio de una fuerte atención sobre la caravana de inmigrantes, un viaje anual de mujeres y niños que huyen de, según dicen, situaciones peligrosas en su sus países para atravesar México y presentar solicitudes de asilo en EE.UU.
Más de 200 personas en ese grupo fueron procesadas para solicitudes de asilo en el puerto de entrada de San Ysidro en California la semana pasada. Aunque en los últimos años la caravana atrajo poca atención nacional, el presidente Donald Trump, Sessions y otros funcionarios del gobierno la señalaron en las últimas semanas de ser la evidencia de una crisis en la frontera sur, donde las entradas ilegales se encuentran en niveles históricamente bajos. Los abogados de la mujer arrestada han usado esas declaraciones como pruebas en su caso.
Para el gobierno Trump adoptar una estrategia agresiva contra la inmigración ilegal es una prioridad. Según el funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, solo en este año fiscal la entidad ya remitió 30.005 casos de entrada ilegal al Departamento de Justicia, un aumento del 61% frente al año fiscal 2017, incluso antes de que la política entrara en vigencia.
Pero las cifras recientes están en línea con las tendencias estacionales de los últimos años y son el producto de una caída precipitada en los cruces ilegales durante las últimas décadas.
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Cerca de 38.000 personas fueron detenidas tratando de cruzar ilegalmente la frontera sur, durante cada uno de los últimos dos meses. Pero, las cifras van de 25.000 a 29.000 en los meses de invierno. Aproximadamente, entre 5.000 y 10.000 familias por mes fueron parte de ese total.
Los partidarios del programa le atribuyeron la reducción en el número de entradas ilegales y de personas reincidentes, mientras que los críticos dijeron que sobrecarga a los tribunales y las fiscalías estadounidenses con delitos de bajo perfil, lo que dificulta el uso de recursos para ir tras los delitos graves y peligrosos como el tráfico de drogas y carteles.
Un estudio de la Universidad de California-Berkeley Law realizado sobre la Operación Streamline dijo que la política no fue efectiva, y un análisis del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional de 2015 descubrió que era difícil evaluar la efectividad y el costo del programa debido a la insuficiencia de datos internos.
El informe del inspector general señaló que llevar a juicio a los inmigrantes antes de que se les permitiera presentar sus solicitudes de asilo podría incumplir las obligaciones de los tratados internacionales e instó a Aduanas y Protección Fronteriza a elaborar políticas específicas para esa situación.
Christian Sierra, de CNN, contribuyó a este informe.