(CNN Español) – Esta semana el Congreso de Colombia debía votar la aprobación de las facultades de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, acordada en el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC.
Esa ley de procedimientos es, según algunos senadores, clave para evitar choque de trenes entre la justicia especial para la paz y la justicia ordinaria. Y según el presidente Juan Manuel Santos, es “un elemento fundamental para consolidar la paz”.
Pero la votación en el Congreso se enredó esta semana por falta de quórum.
La ley de procedimiento de la JEP regirá normativamente la acción jurídica de la JEP. Pero en la votación del 22 de mayo, los parlamentarios del Centro Democrático y del Partido MIRA se retiraron y por falta de quórum la decisión quedó aplazada para el próximo 28 de mayo, un día después de la primera vuelta presidencial en Colombia.
La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado en el acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, que fue firmado en Bogotá en noviembre de 2016.
Y la ley de procedimiento, compuesta por 228 artículos, tiene como objetivo definir los procesos que afrontarán tanto los postulados a la JEP como las víctimas y darles seguridad jurídica, según la JEP.
El presidente Santos le pidió al Congreso este lunes, con mensaje de urgencia, que agilizara el trámite de este proyecto, pues aunque funciona con su propios protocolos, hay críticas frente a esto.
Santos defendió la justicia como y la JEP como fundamental en la implementación de los acuerdos. Pero ya terminando su periodo como presidente, el Congreso pareció no escucharlo y aplazó su votación.
¿Está en peligro la JEP?
El aplazamiento de la votación de la ley de procedimientos es uno de los traspiés que enfrenta la JEP en el Congreso, pero no la pone en peligro, según el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, que es copresidente de la Comisión de Paz del Congreso.
“Hay juristas que sostienen que no es imprescindible una ley para que la JEP pueda operar, porque las normas de procedimiento pueden ser deducidas por otras leyes que existen en el país que tienen que ver con el procedimiento penal”, dice Cepeda.
Pero para el senador conservador Hernán Andrade, que también hace parte de esa Comisión, el hecho de que la JEP quiera autoregularse, es grave, pues “indica sesgo y favoritismo” para algunos de los que serían procesados, como por ejemplo el exguerrillero Jesús Santrich, que está acusado de supuesto narcotráfico por Estados Unidos.
“La JEP decide ella misma darse un reglamento para acometer el caso, y lo expide después de recibido y conocido el caso: no solo van en contra de cualquier principio básico de legalidad, sino que dan a entender que expidieron un reglamento a la medida del caso, para favorecer al señor Santrich”, aseguró Andrade este martes en un comunicado.
El senador del Partido de la U, Armando Benedetti, dice que establecer los procedimientos de la JEP es clave para que no haya un choque de trenes entre las justicias especial y ordinaria. Por eso, dice él, hay que “tener las reglas claras”.
“¿Qué tal que la JEP dijera liberen a Santrich y el fiscal diga no lo libere?”, dijo Benedetti en su intervención en el Congreso. “Le enumero una cosa bastante difícil y álgida si aquí ese procedimiento no se determina bien”.
Y ese choque de trenes ya se empezó a ver: mientras la semana pasada la sección de revisión del Tribunal Especial para la Paz suspendió la extradición de Santrich a Estados Unidos, la Fiscalía dijo esta semana que esa decisión “pone en riesgo la institucionalidad y el orden constitucional” de Colombia.
La Fiscalía agregó que la JEP no puede establecer su propio procedimiento.
Pero el presidente Santos ha aclarado que la justicia transicional es diferente de la justicia ordinaria, pues son “dos formas complementarias de justicia, cada una enfocada en sus propios fines”. Esa es la discusión.
Para Cepeda, aunque la votación sobre la ley de procedimientos no le causa un gran daño a la JEP, que empezó a funcionar el 15 de marzo, sí hay otros sectores que están “claramente interesados en que se destruya” la Jurisdicción Especial para la Paz.
“Colombia es un país en el cual las leyes, las exquisiteces jurídicas, priman a veces sobre los asuntos de fondo y de contenido realmente importante. Entonces aquí se quiere determinar hasta el último detalle de cómo va a funcionar la Jurisdicción”, agregó Cepeda.
El partido Centro Democrático también ha elevado sus críticas respecto a la JEP, pues según dijo el senador José Obdulio Gaviria, la JEP “es una justicia a la medida de las Farc y que el marco es provocador”. Y la también senadora de ese partido, Paloma Valencia, dice que la JEP “es un sistema de impunidad diseñado para complacer a los terroristas de las Farc así lo reconoce Santos y empieza a descubrirlo el país”.
La discusión frente a la justicia transicional no es nueva, pero se ha aumentado en pleno proceso electoral, y este domingo podría ser decisivo para el futuro de los acuerdos de paz cuando los colombianos elijan el próximo presidente.