(CNN) – La Corte Suprema de Estados Unidos sostuvo el martes que el Gobierno puede detener, sin una audiencia de fianza, a inmigrantes con antecedentes penales, incluso si han pasado años desde que fueron liberados de la custodia penal.
El caso se centró en si la detención sin una audiencia de fianza debe ocurrir justo después de que un inmigrante es liberado de la custodia penal o si puede suceder meses o incluso años más tarde cuando la persona ha vuelto a establecerse en la sociedad. El estatuto dice simplemente que la detención puede ocurrir “cuando el extranjero es liberado” de la custodia.
El tribunal votó 5-4 a favor del gobierno.
La impugnación fue presentada por residentes permanentes legales que cometieron un delito que podría llevar a su expulsión.
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En su opinión para el tribunal, el juez Samuel Alito dijo que los inmigrantes en el caso habían argumentado que se les “debían audiencias de fianza” para argumentar su liberación. Alito dijo que la ley no apoyaba ese argumento.
El juez Brett Kavanaugh escribió por separado para decir que la decisión se basaba completamente en el lenguaje del estatuto actual. Dijo que sería “extraño” interpretar el estatuto como el mandato de la detención de ciertos “no ciudadanos” que presentan un riesgo de peligro de fuga, pero “no obstante” les permiten permanecer libres durante su proceso de expulsión si el poder ejecutivo falla “para detenerlos inmediatamente después de su liberación de la custodia penal”.
“El tribunal sostiene correctamente que la detención del poder ejecutivo de los no ciudadanos en particular aquí sigue siendo obligatoria a pesar de que el poder ejecutivo no los detuvo de inmediato”.
El juez Stephen Breyer escribió para discrepar y tomó la inusual decisión de leer la opinión desde la silla. A él se unieron los jueces Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor.
“Se corre el mayor riesgo de privar a aquellos a quienes el Gobierno ha detenido de una de las libertades garantizadas constitucionalmente más antiguas e importantes: el derecho a no ser privado de la libertad sin el debido proceso”.
Breyer dijo que “mucho más” estaba en discusión en el caso que el “significado técnico de las palabras” en el estatuto de inmigración. Dijo que la “mayor importancia del caso radica en el poder” que la opinión mayoritaria otorga al Gobierno.
“Es un poder detener a las personas que cometieron un delito menor muchos años antes”, dijo Breyer. “Y es un poder mantener a esas personas, quizás por muchos meses, sin ninguna oportunidad de obtener una fianza”.
La sentencia surge cuando el Gobierno ha adoptado una línea dura en todos los ámbitos para hacer cumplir las leyes de inmigración. Si bien es difícil saber la cantidad precisa de personas que se verían afectadas por el fallo, el tribunal inferior señaló que cada día el gobierno detiene a unos 30.000 inmigrantes mientras determina si deben ser deportados.
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La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (American Civil Liberties Union, en inglés), que presentó la impugnación en nombre de un grupo de inmigrantes, dijo en una declaración el martes: “Por dos periodos consecutivos, la Corte Suprema ha respaldado la interpretación más extrema de los estatutos de detención de inmigrantes, permitiendo el encarcelamiento en masa de personas sin ninguna audiencia, simplemente porque se están defendiendo contra un cargo de deportación”.
Un panel de jueces en el 9.º Tribunal del Circuito de Apelaciones de EE. UU. falló en contra del gobierno en 2016, sosteniendo que en virtud de una disposición de la Ley de Inmigración y Naturalización, el Departamento de Seguridad Nacional puede detener sin fianza solo a aquellos criminales extranjeros que fueron puestos bajo custodia de inmigración “inmediatamente después de su liberación de la custodia penal”, no los detenidos mucho tiempo después.
Otros tribunales se han dividido en el asunto.
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El demandante, Mony Preap, nació en un campo de refugiados luego de que su familia huyó del Khmer Rouge de Camboya. Llegó cuando era niño en 1981 y fue condenado dos veces en 2006 por posesión de marihuana. Años después de su liberación, fue trasladado a detención de inmigrantes luego de una breve sentencia por simple agresión, una ofensa que no activa la detención obligatoria.
Los abogados de Preap en la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles argumentaron que, según la interpretación de la ley por parte del gobierno, aquellas personas que podrían demostrarle a un juez de inmigración que no presentan riesgo de fuga, serán confinadas a la detención por “meses o incluso por años”.
En última instancia, Preap fue liberado de la custodia de inmigración pero sigue siendo el principal demandante de otros con quejas similares.