(CNN) – Un padre guatemalteco demandó a dos organizaciones sin fines de lucro que albergan a niños inmigrantes para el gobierno de Estados Unidos, afirmando que su hijo de 10 años fue obligado a tomar drogas psicotrópicas y fue asaltado sexualmente mientras estaba en custodia.
El padre y el hijo, identificados en la demanda como J.E.B. y F.C.B, afirman que los funcionarios de Estados Unidos los separaron por la fuerza en la frontera en febrero de 2018. Desde allí, de acuerdo con la demanda, F.C.B primero fue puesto bajo la custodia de un refugio para migrantes administrado por Southwest Key en Arizona, y luego fue transferido al Centro de Tratamiento Shiloh en Manvel, Texas.
La demanda alega que ambas instalaciones “actuaron de manera fraudulenta, con malicia y total negligencia” y que el personal de ambas instalaciones agredió físicamente a F.C.B. La demanda asegura que en las instalaciones de Texas al niño “se le administraron drogas psicotrópicas poderosas sin el consentimiento de los padres”. También afirma que fue agredido sexualmente por otro niño detenido durante las últimas semanas de su detención en Shiloh, dice el documento.
Tanto el niño como su padre fueron deportados el año pasado, según la demanda, que busca una reparación por los gastos médicos, el dolor y la angustia emocional que supuestamente sufrieron.
Las instalaciones de Southwest Key y el Centro de Tratamiento Shiloh hacen parte de una red de más de 100 refugios en 17 estados que albergan a niños inmigrantes no acompañados que están bajo la custodia del gobierno de Estados Unidos. La demanda no nombra a ningún funcionario o agencia de Estados Unidos como acusados, pero alega que el padre y el hijo fueron separados “en circunstancias inhumanas, crueles y escandalosas”.
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Informes previos de abuso
Evelyn Stauffer, portavoz de la Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, se negó a hacer comentarios.
“No hacemos comentarios sobre litigios pendientes o casos individuales por cuestiones de privacidad”, dijo Stauffer en un correo electrónico.
Un portavoz de Southwest Key también declinó comentar sobre estas acusaciones específicas.
“Somos un proveedor regulado por el gobierno federal y con licencia estatal de servicios de refugio para menores no acompañados. No somos un centro de detención y la oposición de nuestra organización a la separación de familias en la frontera nunca ha flaqueado. Fue una política que perjudicó a los niños, padres y a nuestras comunidades”, dijo el portavoz de Southwest Key, Neil Nowlin. “A partir de los alegatos, parece que ninguna de las acusaciones graves hechas en esta demanda ocurrieron en nuestro refugio, por lo que no podemos comentar sobre ellas”.
CNN no se pudo contactar de inmediato a un representante del Centro de Tratamiento Shiloh para que hiciera un comentario al respecto.
CNN informó anteriormente sobre abusos de gran alcance en Shiloh y otras instalaciones descritas por niños en declaraciones juradas. Estos incluyeron casos de niños que fueron medicados a la fuerza, agredidos y restringidos por largos períodos, entre otras denuncias.
En julio, la juez de distrito Dolly Gee ordenó al gobierno que obtuviera un “consentimiento informado por escrito” de parte de un padre, miembro de la familia o patrocinador, o una orden judicial, antes de darles a los niños drogas psicotrópicas. El personal de Shiloh admitió haber firmado los formularios de consentimiento antes de drogar sistemáticamente a los niños, señaló Gee en el fallo de ese momento.
La medicación psicotrópica se usa para tratar los síntomas psiquiátricos clínicos y los trastornos mentales, y puede incluir antidepresivos, sedantes y antipsicóticos, según los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, CDC.
En respuesta a esa orden judicial, Shiloh dijo en una declaración en su sitio web que “los entes reguladores y de monitoreo han encontrado que las acusaciones específicamente sobre Shiloh carecen de fundamento”.
“El fallo del juez simplemente respalda lo que ya es ley, y Shiloh está de acuerdo”, dijo Shiloh en ese momento. “Los niños no deben tener que permanecer en una ubicación más segura de lo necesario, y los niños no deben recibir medicamentos sin su consentimiento”.
El niño fue ‘visto como un activo’, dice la demanda
La demanda, que se presentó en un tribunal de Texas la semana pasada, alega que se diagnosticó mal al menor FCB mientras estaba bajo custodia, y que el personal de Shiloh lo obligó a tomar los psicotrópicos Lexapro y Risperdal sin el consentimiento de los padres y que estuvo detenido durante casi un año “sin autoridad legal o justificación”.
“A pesar de solicitar en varias ocasiones que quería ir a casa con su padre y su abuela, no hubo una consideración seria para ponerlo en libertad”, dice la demanda, argumentando que Shiloh “veía al niño como un activo” porque esa entidad recibía un pago diario por retenerlo custodia.
Eso cambió, según la demanda, después de que el niño fue asaltado sexualmente por otro niño bajo custodia.
“Después de que se reportó el asalto sexual … fue visto como una posible responsabilidad, y fue deportado rápidamente”, dice la demanda.
La demanda no proporciona detalles sobre el presunto asalto, pero dice que un trabajador social en la instalación informó esto al abogado del niño.
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El mes pasado, un congresista de Estados Unidos Publicó documentos internos de la agencia que muestran que menores no acompañados bajo custodia del gobierno presentaron más de 4.500 denuncias de abuso sexual entre 2014-2018.
“Estoy profundamente preocupado por los documentos que han sido entregados por el Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos que registran una gran cantidad de agresiones sexuales contra niños no acompañados que están bajo custodia de la Oficina de Refugiados y Reasentamiento”, dijo el representante demócrata de Florida Ted Deutch durante una audiencia de alto perfil de la Cámara de Representantes sobre la política de “tolerancia cero” del gobierno de Donald Trump que resultó en la separación de miles de niños inmigrantes de sus padres.
Jonathan Hayes, director interino de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, acusó después a Deutch de describir mal los datos a propósito, diciendo que cualquier aseveración de que el personal de la oficina fue objeto de denuncias de abuso fue “totalmente falsa”.
La gran mayoría de los incidentes reportados fueron entre menores no acompañados, dijo Hayes. En los últimos cuatro años hubo 178 incidentes de presuntos abusos sexuales que involucraron faltas de conducta entre el personal del establecimiento y menores de edad, dijo, y señaló que estos empleados no eran funcionarios federales.
– Bob Ortega de CNN contribuyó a este reporte.