Por Ed Payne, Michael Martinez y Holly Yan, CNN
(CNN) — La controversia sobre el aumento de inmigrantes centroamericanos que cruzan ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos se estableció en un nuevo campo de batalla esta semana: una pequeña ciudad del sur de California, en donde una muchedumbre iracunda impidió que los inmigrantes detenidos entraran a su comunidad.
Ese sentimiento llegó a una ruidosa reunión que se llevó a cabo la noche del miércoles en el auditorio de una preparatoria de Murrieta, California. La patrulla fronteriza y los oficiales de inmigración recibieron muchas críticas.
“Esto es una invasión”, dijo Heidi Klute, una de las asistentes, ante un auditorio abarrotado. “¿Por qué la Guardia Nacional no evita que entren?”.
La multitud era tan numerosa que llegaban hasta el estacionamiento de la escuela.
Los manifestantes se enfrentaron el martes a tres autobuses que transportaban a los inmigrantes; coreaban: “¡Regresen a su casa!” y “USA”; finalmente obligaron a los autobuses a salir de Murrieta, reportó la cadena KFMB, filial de CNN.
Los autobuses transportaron a los alrededor de 140 inmigrantes indocumentados a centros de procesamiento de las zonas de San Diego y El Centro, de acuerdo con los funcionarios federales.
Otros manifestantes llegaron a enfrentar a los primeros y estalló un duelo de gritos sobre el sistema de inmigración de Estados Unidos, país que recientemente se ha visto abrumado con la oleada de menores centroamericanos que entran ilegalmente a Estados Unidos y que llegan solos o con otros niños.
Los políticos locales parecen estar de acuerdo con sus electores.
“Es un problema nacional y la pequeña ciudad de Murrieta va a la cabeza”, dijo el alcalde, Alan Long.
Jeff Stone, miembro del cabildo del condado de Riverside, causó molestia entre la multitud al pedirles que hicieran responsable a la Casa Blanca.
“Pídanle a Obama que deje de usar a estos refugiados para cumplir con sus objetivos políticos”, dijo.
La raíz del problema
Una combinación de pobreza, violencia y falsas promesas de los contrabandistas provoca la llegada de centroamericanos.
A diferencia de los inmigrantes indocumentados mexicanos, a quienes usualmente se deporta de inmediato, el gobierno estadounidense detiene y procesa a los centroamericanos, a quienes liberan tarde o temprano y les dan un mes para reportarse en las oficinas de inmigración. Muchos nunca se presentan y se incorporan a los 11 millones de indocumentados del país, según el Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, sindicato que representa a los agentes de esa corporación.
Los inmigrantes latinoamericanos a los que los manifestantes de Murrieta rechazaron estaban detenidos inicialmente en Texas, en donde las instalaciones gubernamentales están tan saturadas que envían a los detenidos a otros estados para que los procesen.
El gobierno no tiene espacio para albergar a los niños junto con los adultos: hay solo un centro de detención para familias inmigrantes en Pennsylvania. Para ayudar a los niños sin acompañante, el gobierno del presidente Barack Obama abrió albergues en junio en tres bases militares porque las instalaciones federales que estaban pensadas para albergar adultos ahora están saturadas de niños.
Entre los inmigrantes centroamericanos detenidos que viajaban en los autobuses no había menores sin acompañante, de acuerdo con el jefe de la Policía de Murrieta, Sean Hadden, quien dijo que la cifra de manifestantes era de 125. Los niños que iban en los autobuses aparentemente iban acompañados de sus familiares o de otros adultos, de acuerdo con un funcionario del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza.
‘¡Depórtenlos! ¡Depórtenlos!’
Los manifestantes que gritaban: “¡Juicio político a Obama!” y “¡Depórtenlos! ¡Depórtenlos!” se enfrentaron a los autobuses un día después de que el ayuntamiento publicara un aviso en su sitio web: “Murrieta se opone a la llegada de los inmigrantes ilegales”.
“Este es el fracaso de la implementación de la ley federal a nivel federal”, dijo Long el lunes en un comunicado sobre la inminente llegada de 140 inmigrantes a la estación de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. “Murrieta sigue oponiéndose al traslado de inmigrantes ilegales a la oficina local de la patrulla fronteriza”.
Long habló en el programa Anderson Cooper 360 de CNN el miércoles.
“No estoy en contra de los inmigrantes”, dijo. “Están tratando de salir de un lugar menos deseable y de venir al país más grande del mundo. No podemos culparlos por eso… Nadie protesta por eso. Protestamos contra el producto de un sistema roto que finalmente llegó a las puertas de nuestra comunidad”.
Long dijo que ninguna de las partes que participa en el debate nacional ha propuesto una solución: “El problema sigue allí. El problema está en Washington D.C.”.
El gobierno estadounidense enviará el viernes otro grupo de inmigrantes indocumentados a Murrieta para que los procesen, señaló el funcionario del sindicato de agentes de la Patrulla Fronteriza.
El jefe Hadden agregó que le dijeron que llegarían 140 inmigrantes cada 72 horas y que la llegada del siguiente grupo estaba programada para el viernes 4 de julio.
La mañana del miércoles, los defensores de los derechos de los inmigrantes denunciaron a los manifestantes.
“Es deplorable que la gente que usa retórica de odio antiinmigrante cree tensiones innecesarias y siembre el temor entre las madres inmigrantes y sus hijos”, dijo Pedro Rios, representante comunitario del Consorcio para los Derechos de los Inmigrantes de San Diego, a través de un comunicado. “Es aún más preocupante que los funcionarios electos del municipio de Murrieta instiguen estas tensiones. Las madres que viajan con sus hijos en esos autobuses han sufrido traumas suficientes”.
Un viaje desde Texas
El gobierno estadounidense transportó en avión a los 140 inmigrantes centroamericanos desde Texas a San Diego. Los agentes federales estaban transportándolos en autobús a Murrieta para que los procesaran en la estación de la Patrulla Fronteriza cuando ocurrió la manifestación del martes, según reportes de las filiales de CNN.
Luego llevaron a los 140 inmigrantes a la estación de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos de San Ysidro, en San Diego, dijo Ron Zermeno, del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza.
El gobierno estadounidense se esfuerza en detener y alojar a una oleada de inmigrantes indocumentados, particularmente niños sin acompañante procedentes de los países centroamericanos de El Salvador, Guatemala y Honduras. El gobierno estadounidense no tiene suficientes camas, alimentos ni infraestructura sanitaria.
Las autoridades estiman que entre 60.000 y 80.000 niños cruzarán la frontera sin sus padres este año, hecho que la Casa Blanca calificó de “crisis humanitaria inmediata”.
Para aliviar la carga de las atestadas instalaciones en Texas, ahora envían a los inmigrantes indocumentados a otras partes para que los procesen.
Sin embargo, Zermeno sostiene que el procesamiento de inmigrantes solo empeora la situación en vez de proteger las fronteras.
“Me preocupa que van a estar comiendo en las mismas celdas que alguien que está usando el baño a dos metros”, dijo.
Debate intenso
El furor que se vivió en Murrieta ilustra el conflicto que existe entre la protección de las fronteras y la garantía de la seguridad de los inmigrantes y niños detenidos.
La manifestante Ellen Meeks dijo que la identidad del país se ha erosionado con la entrada de los inmigrantes indocumentados.
“Solo deseo que Estados Unidos vuelva a ser Estados Unidos porque ya no lo es; eso no solo se dirige a los hispanos”, dijo Meeks. “Todos tienen que recurrir a la vía legal”.
Otros manifestantes dijeron a KGTV, filial de CNN, que quieren que los inmigrantes sigan el procedimiento legal para entrar a Estados Unidos.
“Todos los que quieren venir a este país tienen derecho, pero deberían venir de forma correcta”, dijo Bob Cuccio.
“Traen a todos estos niños y van a apoderarse de nuestras escuelas”, agregó Bel Reeves. “¿Qué va a pasar con los niños que nacieron y crecieron aquí?”.
Sin embargo, el defensor de los derechos de los inmigrantes, Enrique Morones, comparó la migración con una crisis de refugiados e insinuó que la antipatía racial motivaba a los manifestantes.
“Si estos niños fueran canadienses, no tendríamos esta entrevista”, dijo Morones. “Los padres ya tuvieron suficiente. Dicen: “Si no envío a mi hijo al norte, morirán (sic)’”.
El mes pasado, el gobierno de Obama reveló un plan para destinar casi 100 millones de dólares (unos 1,300 millones de pesos) en asistencia a Guatemala, Honduras y El Salvador con el fin de reintegrar a los inmigrantes indocumentados a los que Estados Unidos deportará y para ayudarlos en sus países de origen.
El gobierno también destinará 161 millones y medio de dólares (unos 2,099 millones y medio de pesos) este año a los programas de la Iniciativa para la Seguridad Regional Centroamericana (CARSI, por sus siglas en inglés) en un esfuerzo por “ayudar a detener el flujo migratorio y abordar la causa principal de la migración”, señaló la Casa Blanca.
El gobierno de Obama ha acusado a las agencias informativas latinoamericanas de librar una campaña deliberada de desinformación sobre la migración a Estados Unidos que ha causado que la gente pobre de los países centroamericanos y de México arriesgue su vida para cruzar ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos.
Con información de Chuck Conder, Stephanie Elam, Rosalina Nieves, Traci Tamura y Greg Morrison.