(CNN Español) – El caso de Odebrecht en Colombia estrenó un nuevo capítulo este jueves: el presidente Juan Manuel Santos fue citado por la magistrada del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ángela Hernández, para rendir versión libre en la investigación preliminar que realiza la entidad por los aportes que habrían llegado de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña presidencial de 2014. Así se lo confirmó a CNN en Español una fuente de la entidad que pidió reserva de su nombre.
CNN en Español también se comunicó con la Presidencia de Colombia y allí afirmaron que por ahora no habrá un pronunciamiento oficial al respecto.
Según la fuente, el presidente fue llamado a declarar el próximo 8 de mayo a las 9:30 am. Sin embargo, recordó que en su investidura de mandatario a Santos lo cobija un fuero constitucional y, por lo tanto, sólo la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes lo puede investigar y llamarlo a este tipo de diligencias si encuentra méritos. También sostuvo que lo que sí puede hacer el CNE es enviarle un cuestionario para que el presidente responda las preguntas de la magistrada.
Además de Santos, fueron llamados los representantes legales de los partidos Cambio Radical, Unidad Nacional, de la U, y Liberal. Así como, Roberto Prieto, director financiero de la campaña en 2010 y luego gerente de la campaña de reelección en 2014, y otras dos personas.
La fuente agregó que la diligencia hace parte de la investigación preliminar que adelanta la magistrada del CNE, una etapa en la que se recaudan las pruebas. Además, el presidente de la entidad, Alexander Vega, le confirmó en diálogo directo a varios medios locales que la citación efectivamente salió del despacho de la magistrada Hernández y que como el presidente Santos tiene fuero puede contestar la versión en un cuestionario. CNN en Español intentó comunicarse varias veces con Alexander Vega, sin éxito.
Indagan aportes de Odebrecht
A principios de febrero, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, aseguró que en 2014 al país supuestamente entraron dos giros relacionados con los sobornos de Odebrecht y el destinatario final de ese dinero fue la campaña “Santos Presidente -2014”. Una de las personas señaladas de recibir las coimas por parte de la constructora es el excongresista Otto Bula, quien según la Fiscalía hizo dichos giros.
El 16 de febrero, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes empezó también una indagación preliminar contra Juan Manuel Santos por el presunto ingreso a su campaña en 2014 de un millón de dólares provenientes de Odebrecht.
En entrevista con la emisora Blu Radio el 12 de marzo, Roberto Prieto aceptó que la campaña del mandatario en 2010 había recibido fondos de la empresa brasileña para unos afiches. “Me remito a lo que dijo Maria Fernanda Valencia, pagaron los afiches. Yo ordené los afiches … con plata de Odebrecht, eso ya quedó claro”. También aseguró que Santos no tenía conocimiento del hecho.
El 14 de marzo el presidente Santos pidió perdón por los fondos de Odebrecht a su campaña, luego de rechazar enérgicamente las revelaciones hechas por el gerente Roberto Prieto de que sí se recibieron dineros de la constructora brasilera.
“Frente a la revelación de que hubo recursos no registrados en mi campaña de 2010 quiero expresar mi más absoluto rechazo y condena frente a ese hecho. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar”, afirmó Santos en un video publicado en Twitter. El mandatario enfatizó en que no había autorizado ni conocido estas acciones que violaban la ética y control que afirma haber exigido.
Seis días después Santos aseguró en una entrevista publicada por el diario El Tiempo que en su campaña a la presidencia en 2010 “hubo una operación irregular y no “sobornos”. “Un soborno es un pago ilegal para obtener un beneficio indebido por parte de un funcionario, en particular del Estado. Eso es un delito. Otra cosa muy distinta es que haya aportes a una campaña no reportados en las cuentas, que es una infracción administrativa”, afirmó.
El caso se enmarca en las investigaciones surgidas tras la revelación del Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre del 2016 de que funcionarios de la constructora brasileña Odebrecht habían confesado millonarios sobornos realizados en la mayoría de países de América Latina para quedarse con decenas de contratos.