(CNN Español) – Este domingo, en Perú se vota un referéndum que plantea cuatro modificaciones a su Constitución. Será la primera vez en la historia del país sudamericano que habrá cambios a una carta magna a través de un plebiscito. En 1993 hubo un referéndum para adoptar una nueva Constitución (la vigente y propuesta por el entonces mandatario Alberto Fujimori) y en 2010 hubo un proceso similar sobre la modificación de una ley para la devolución del dinero de un fondo de vivienda a sus aportantes.
Los analistas consultados coinciden al indicar que la consulta popular ha estado relegada de la agenda pública. Desde que se anunció el referéndum, en mensaje presidencial el 28 de julio, los reflectores han apuntado hacia otros temas de coyuntura. La denegación del indulto al expresidente Alberto Fujimori, los problemas legales de su hija y excandidata presidencial Keiko Fujimori Higuchi (en prisión preventiva por 36 meses desde el 31 de octubre), y los del exmandatario Alan García, a quien Uruguay acaba de rechazar un pedido de asilo político, han ocupado la mayor parte de la agenda peruana en las últimas semanas.
En los casos de Fujimori Higuchi y García, ambos afrontan procesos judiciales. A la primera, la Fiscalía peruana la acusa de que habría recibido dinero de parte de la empresa por Odebrecht para su campaña el año 2011. A García se le acusa de haber recibido presuntos sobornos de Odebrecht en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima. Ambos aseguran ser inocentes.
Precisamente, las cuatro preguntas están relacionadas con los temas que opacaron al referéndum desde que fue anunciado. Estas son:
1. “¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura?”
El Consejo Nacional de la Magistratura elige, destituye y evalúa a los jueces que componen el sistema judicial peruano. Además del cambio nominal, se plantea que ahora se llame Junta Nacional de Justicia (JNJ), se propone que la selección de magistrados sea a través de un concurso público; actualmente son elegidos por representantes del Poder Judicial y colegios profesionales, entre otras instituciones. Asimismo, los magistrado del JNJ deberán ser abogados con 25 años de experiencia comprobada o con 15 años como investigador en temas jurídicos, además de no tener una sentencia condenatoria firma por delito doloso. Asimismo, estos magistrados tendrán la potestad de revisar los procesos de selección que hizo el antiguo CNM.
Para Samuel Abad, abogado constitucionalista del Estudio Echecopar, este cambio era más que necesario y que ello se refleja en los casos de corrupción de “Los cuellos blancos del puerto”, un grupo de jueces y abogados que negociaban sentencias al mejor postor.
“El funcionamiento del CNM fracasó, fue copado por gente con limitados valores éticos”, indica Abad y recuerda que hasta Pedro Chávarry, el fiscal de la Nación de Perú, es señalado en un informe de la fiscal provincial Sandra Castro, publicado en agosto, de supuestamente pertenecer al grupo criminal “Los cuellos blancos del puerto”. Chávarry rechaza los señalamientos y se niega a renunciar.
Eso sí, Abad indica que si bien el cambio era necesario, este no logrará mejoras si es que el concurso público no es transparente ni hay vigilancia ciudadana.
2. “¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas?”
Esta pregunta busca transparentar la manera en que los partidos políticos son financiados, explican los analistas consultados. La exigencia de bancarizar los aportes y de solo emplear los espacios publicitarios de radio y TV contratados por el Estado apuntan a ese fin.
Otra de las modificaciones que plantea es que todo aquel que falte a la norma no solo tendrá una sanción administrativa, como sucede hasta ahora, sino que tendrá responsabilidad penal.
“Nadie respetaba ni pagaba la sanciones administrativas, considerar esta falta un delito penal cambiará las cosas”, señala Requena.
3. “¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República?”
De aprobarse este cambio, ningún legislador podrá ir a la reelección inmediata en Perú. Es decir, tendrían que esperar un periodo, que actualmente es de cinco años, para poder postular nuevamente al Parlamento.
Para Abad, esta pregunta “tiene un altísimo contenido político y es la más apoyada por la ciudadanía porque este Congreso ha hecho mérito para deslegitimarse”. Es preciso señalar que, en las encuestas de opinión de Ipsos de noviembre, el 74% de las personas consultadas desaprobaban la gestión del Legislativo peruano. En tanto, el presidente Vizcarra cuenta con un 65% de aprobación en el mismo estudio de opinión.
Requena califica esta tercera pregunta de efectista, pues asegura que se vale de la poca popularidad y rechazo que el actual Congreso genera en la ciudadanía, y de perjudicial a largo plazo, debido a que truncaría carrera políticas y limitaría las opciones de los ciudadanos a elegir. “Los poderes legislativos en las democracias consolidadas, con todo los impopulares que puedan ser, promueven las carreras parlamentarias, buscan que tengan una experiencia dilatada y esta propuesta va en contra de eso”, apunta.
4. “¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República?”
Actualmente el Poder Legislativo peruano está compuesto por una sola cámara con 130 escaños. Lo que esta modificación plantea es que haya dos cámaras, una con 130 senadores y otra con 50 diputados.
Hubiese preferido que, antes de plantear la bicameralidad, se debata una nueva representación de cada región de Perú en el Parlamento. “Hay zonas del país que no tienen la cantidad suficiente de parlamentarios que los representen, creo que se debió empezar por eso”, apunta.
Ya conocidas las preguntas, ¿qué está en juego en Perú?
Para Samuel Abad, este referéndum resulta más que necesario. “Porque el Perú requiere de instituciones, uno de los grandes problemas del país es que todo se ha visto desde el lado del crecimiento económico y no desde el lado instituciones”, agrega y asegura que, desde el punto de vista jurídico, lo que las preguntas buscan es garantizar que las instituciones estén mejor diseñadas.
No obstante, específicamente en las reformas judiciales que busca este referéndum, el constitucionalista insistió en que se trata de un trabajo a largo plazo y que requiere del seguimiento de la ciudadanía. “El objetivo jurídico es claro, fortalecer el sistema y garantizar que las instituciones tengan un mejor diseño”, indica.
Desde el ámbito político, José Carlos Requena señala que el presidente Martín Vizcarra buscaría tener una legitimación en las urnas, toda vez que llegó al máximo cargo del Ejecutivo luego de la renuncia del mandatario Pedro Pablo Kuczynski, de quien fue su vicepresidente.
“Puede ser positivo en el plazo inmediato, pero en término de balance de poderes no ha sido conveniente, debió haber otros mecanismos para lidiar con la oposición”, agrega Requena, socio de la consultora de análisis 50+1.
Asimismo, sugiere que el referéndum debió obviar las dos últimas preguntas y limitarse a las relacionadas al sistema judicial. Si el objetivo de Vizcarra era ir acorde a la ola de indignación popular, los temas judiciales bastaban, indica.
Tanto Abad como Requena coinciden en que otra de las razones por las que el referéndum no ha sido protagonista en la agenda peruana es que se trata de temas técnicos con los que la ciudadanía no está familiarizada.
