(CNN) – Steve Reams, el sheriff del condado de Weld en Denver, no está de acuerdo con un proyecto de ley de armas de fuego que se encuentra en la legislatura de Colorado y está dispuesto a ir a la cárcel en lugar de hacerlo cumplir.
“Es una cuestión de hacer lo correcto”, dijo.
No es el único que se siente tan enérgico.
El polémico proyecto de ley de “bandera roja” apunta a incautar armas temporalmente a personas que se consideran una amenaza para ellos mismos o para otros.
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El Senado del estado de Colorado aprobó el proyecto de ley este jueves por un solo voto, sin ningún apoyo republicano, y se espera que el proyecto de ley pase a la Cámara, posiblemente esta semana. Con las mayorías demócratas en ambas cámaras, los republicanos de Colorado tienen muy pocos votos para interponerse en el camino.
Pero más de la mitad de los 64 condados de Colorado se oponen oficialmente al proyecto de ley. Muchos, en protesta, incluso se han declarado como condados “santuario” de la Segunda Enmienda.
No hacer cumplir una orden judicial para confiscar las armas de una persona puede significar que los sheriffs se encuentren en desacato. Un juez podría multarlos indefinidamente, o incluso enviarlos a la cárcel para obligarlos a cumplir.
Reams dice que es un sacrificio que se vería obligado a hacer.
¿Cuál es el proyecto de ley?
El proyecto de ley de “orden de protección de riesgo extremo” de Colorado permitiría a un miembro de la familia, a un compañero de cuarto o a la policía solicitarle a un juez que se lleve las armas de fuego de alguien si se considera que son un peligro para sí mismos o para otros.
El impulso a la legislación siguió a la muerte de Zack Parrish, el agente del sheriff del condado de Douglas, de 29 años de edad, asesinado en 2017 por un hombre con un arsenal de armas que, según las autoridades, tenía un historial de comportamiento extraño, incluidas amenazas a la policía.
El exjefe de Parrish, el sheriff Tony Spurlock, ha sido uno de los defensores más importantes del proyecto de ley y dice que cree que podría haber evitado la muerte de Parrish. El líder de la mayoría demócrata local, Alec Garnett, uno de los principales patrocinadores del proyecto de ley, está de acuerdo.
El otro patrocinador de la Cámara de Representantes es el representante Tom Sullivan, cuyo hijo, Alex, fue asesinado en el cine de Aurora, Colorado, en 2012.
Garnett dice que no perderá el sueño si Reams u otro sheriff de Colorado optan por ir a la cárcel.
“Voy a perder el sueño si esa es la decisión que toman y alguien pierde la vida, alguien en crisis se va a disparar, (o) alguien se suicida porque no le quitaron una pistola”, dijo.
¿Qué es tan polémico?
Los activistas de los derechos de armas y un número cada vez mayor de líderes legales dicen que el proyecto de ley va demasiado lejos.
David Kopel, un experto en derecho constitucional que ha escrito extensamente sobre la política de armas en Estados Unidos, dice que cree que el proyecto de ley es generalmente una buena idea, pero que tiene serias reservas sobre cómo está escrito, en parte debido a la influencia externa.
“Los lobbys de la prohibición de armas de fuego se están volviendo cada vez más extremos y agresivos”, dijo.
El proyecto de ley le permite a un juez ordenar que se confisquen las armas de una persona antes de que la persona tenga la oportunidad de comparecer ante el tribunal. El proyecto de ley requiere una segunda audiencia con el propietario del arma presente que se llevará a cabo dentro de los 14 días, donde el propietario podría abogar por conservar las armas, pero si el propietario no tiene éxito, un juez podría ordenar que se incauten las armas hasta por un año.
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Kopel dijo que sería difícil evitar un escenario de pesadilla en el que alguien hace un mal uso de la ley para quitarle las armas a una persona a la que pretende atacar violentamente.
La carga de la prueba es baja: “la preponderancia de la evidencia”, que es el mismo estándar utilizado en los casos civiles, y un nivel mucho más bajo que el estándar criminal, “más allá de una duda razonable”.
Reams dijo que también le preocupa el potencial de agravar a una persona ya volátil al tomar sus armas.
“Al entrar, sacar sus armas y salir de la escena, no puedo ver cómo eso hace que corran menos riesgo. Solo quita una herramienta”, dijo Reams, argumentando que una persona empeñada en lastimar a alguien podría hacerlo con un cuchillo o un carro.
En 2018, un hombre cerca de Baltimore fue asesinado después de que los oficiales se presentaron para confiscar sus armas basándose en una orden judicial y “se enfureció”, dijo la policía.
Garnett desestimó las preocupaciones sobre el proyecto de ley.
“La oposición siempre está ahí. Siempre estará allí y no habrá nada, no hay enmiendas ni cambios que se puedan hacer para que el sheriff del Condado de Weld se suba a bordo”, dijo.
Tiene razón. Reams admite que nunca apoyaría el proyecto de ley, incluso con enmiendas.
Condados contraatacan
Un total de 32 condados se han declarado a sí mismos santuarios de la Segunda Enmienda, condados de preservación o han aprobado resoluciones similares. La mayoría respalda el apoyo a sus sheriffs y declara que no se utilizarán recursos o dinero para hacer cumplir las leyes inconstitucionales. Otros dos condados ya tenían resoluciones similares y otro ha enviado una carta a la legislatura declarando su oposición.
Incluso el condado de Douglas, donde fue asesinado el agente Parrish, aprobó una resolución similar en la que prometía que no se utilizarían recursos del condado para hacer cumplir la ley de bandera roja, a pesar del apoyo del Sheriff Spurlock a la legislación.
“Estamos poniendo una línea divisoria para lo que creemos ahora es el apoyo (a) las leyes constitucionales”, dijo el comisionado del condado de Douglas, Roger Partridge, en una reunión polémica en marzo.
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“¿Por qué le dirías a un agente de la ley que no podrían hacer cumplir la ley porque no te gustó? Eso es una locura”, dijo Spurlock.
“La idea de un condado santuario es más un movimiento político que un movimiento legal”, dijo John Campbell, profesor de derecho en la Universidad de Denver.
Campbell dijo que también cree que podría haber una responsabilidad civil o incluso penal para un sheriff desafiante si se niegan a tomar un arma y esa persona continúa cometiendo un crimen con ella.
¿Qué pasa después?
El proyecto de ley no entraría oficialmente en vigor hasta el próximo año, pero el Condado de El Paso planea lanzar un desafío legal tan pronto como se convierta en ley.
En una declaración, el fiscal general de Colorado Phil Weiser dijo que está “confiado en que, cuando llegue el momento, todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán el estado de derecho”.
Pero Reams es firme.
“Lo he explicado una y otra vez”, dijo. “No estoy fanfarroneando”.
