(CNN Español) – El atentado contra un congresista argentino en las calles de Buenos Aires, que murió tres días después, recuerda otros casos de políticos de América Latina que fueron víctimas de atentados en su contra, y que en la mayoría de casos no lograron sobrevivir para contar la historia.
Aunque hay muchos más, te presentamos cuatro casos representativos de políticos de América Latina que sufrieron atentados contra su vida en las últimas tres décadas. Unos fallecieron, otro logró salir con vida.
Héctor Olivares, Argentina, 2019
Tras recibir un disparo mientras caminaba por las calles cercanas al Congreso el 9 de mayo, el diputado argentino Héctor Olivares quedó gravemente herido y tres días después, murió por la gravedad de sus heridas en un hospital en Buenos Aires.
El presidente de Argentina Mauricio Macri decretó dos días de duelo nacional para rendir honor a Olivares, quien previamente había sido operado dos veces en un intento de los médicos para salvar su vida. Además de Olivares, también murió el funcionario de la provincia de La Rioja, Miguel Yadón, que caminaba junto al diputado Olivares.
Por este caso fueron detenidas seis personas de un “clan mafioso” según la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, que publicó una imagen con los nombres de los detenidos sospechosos por los asesinatos, “incluido el segundo que iba en el auto, uno de los dos asesinos de Yadon y el que hirió gravemente al diputado Olivares”, tuiteó Bullrich.
Jair Bolsonaro, Brasil, 2018
En septiembre de 2018, en plena campaña presidencial, el candidato de derecha Jair Bolsonaro fue apuñalado en el abdomen en el estado de Minas Gerais.
Bolsonaro fue sometido a varias cirugías, entre ellas la de reconstrucción de su tracto intestinal tras el atentado en su contra, y dejó el hospital a finales de septiembre, según la agencia estatal de noticias de Brasil, Agencia Brasil.
Tras el atentado, el principal sospechoso del ataque, Adélio Bispo de Oliveira, fue detenido en flagrancia después del ataque, según Agencia Brasil, y una investigación de la Policía Federal concluyó que el atacante “actuó solo y por motivación política”, informó la agencia estatal de noticias.
“Quedó claro que el motivo [del atentado] era el inconformismo político del señor Adélio con los proyectos políticos del candidato. La conclusión es que, el día de ese acto, Adelio actuó sin que nadie le acompañara, sin contar con la participación de nadie”, dijo el comisario regional de Combate al Crimen Organizado en Minas Gerais, Rodrigo Morais Fernandes, responsable del caso, citado por Agencia Brasil.
Según las investigaciones, el hombre planeó el atentado tres días antes de cometer el atentado contra Bolsonaro, cuando supo que el candidato presidencial visitaría la ciudad, según Agencia Brasil. En su celular, que fue incautado por las autoridades, tenía fotografías de carteles que anunciaban la llegada del candidato.
Adelio Bispo de Oliveira permanece en una prisión federal en Campo Grande, por determinación de un juez federal, según Agencia Brasil.
Luis Donaldo Colosio, México, 1994
Colosio era candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de México. Se desempeñó como diputado, senador, presidente de su partido hasta su asesinato el 23 de marzo de 1994 en plena campaña presidencial. Su asesinato fue calificado como “magnicidio” por la Procuraduría General de México.
El candidato presidencial fue asesinado tras recibir disparos en la cabeza y en el abdomen cuando se encontraba en un acto de campaña en la ciudad de Tijuana, según un expediente del caso de la Procuraduría General de la República, desclasificado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Colosio fue trasladado de urgencias a un centro de salud donde murió horas más tarde.
Dos hombres fueron arrestados en ese momento por personal de seguridad, dice el informe, uno de ellos fue Mario Aburto Martínez, un hombre de 23 años, quien tras ser capturado dijo haber accionado el revolver que dio muerte a Colosio.
Según el expediente, Aburto Martínez disparó contra Colosio “porque de acuerdo a sus ideas personales quería evitar hechos que pudieran pasar semanales a los que ocurrieron en Chiapas, negándose rotundamente a negar mayor información ‘ya que no le importaba si vida ni lo que le pudiera pasar”. Siete meses después del asesinato de Colosio, Aburto Martínez fue el único condenado y fue sentenciado 42 años de prisión. El asesinato del priista fue investigado por cuatro fiscales especiales en distintos momentos y todos concluyeron que un asesino solitario fue quien disparó contra el priista.
25 años después de este asesinato sigue habiendo dudas históricas sobre si lo que ocurrió con este asesinato fue producto de algún complot político para eliminar de la escena al entonces candidato a la presidencia de México o si se trató de una acción criminal de un individuo que actuó por mano propia.
Con motivo del aniversario 25 del asesinato de Colosio, la familia del condenado asesino, Mario Aburto Martínez, le envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador pidiéndole que se reabra el caso. AMLO dijo que podría abrirse de nuevo la investigación.
“No hay que agotar ninguna posibilidad de investigación, no cerrar el caso, deben ser expedientes abiertos porque fue un crimen deslesnable”, dijo AMLO a periodistas el 22 de marzo. “Se dice que cuando se trata de crímenes de Estado, siempre hay complicaciones para conocer la verdad, pero hay que indagar, hay que insistir, que esto no quede impune en el caso de que se tratara de un crimen de Estado”.
Luis Carlos Galán Sarmiento, Colombia, 1989
La década de los 80 y 90 en Colombia estuvo marcada por la violencia contra muchos líderes políticos y sociales. Uno de los hechos que más ha conmovido a los colombianos fue el asesinato del candidato presidencial del Nuevo Liberalismo Luis Carlos Galán Sarmiento, quien fue asesinado en una plaza pública en el municipio de Soacha, Cundinamarca, el 18 de agosto de 1989.
Galán Sarmiento, que era uno de los favoritos para ganar la presidencia en esa época, llevaba la bandera política la persecución a los narcotraficantes, en épocas donde la violencia del Cartel de Medellín de Pablo Escobar desangraba el país.
El Centro Nacional de Memoria Histórica relata la muerte de Galán así:
“Aquella noche del 18 de agosto de 1989 Galán se bajó de su carro blindado, se montó a un camión y emprendió su desfile hasta las calles principales de Soacha, se subió a la tarima y minutos después de su saludo al público tres ráfagas se escucharon. Ahí empezó la balacera entre los guardaespaldas de Galán, la Policía y los sicarios. El candidato ya estaba en el piso, sus tres escoltadas lo llevaron al carro; él tenía los ojos abiertos, pero no pronunciaba palabras. Fue llevado al hospital de Kennedy demasiado tarde. El candidato había muerto. Miles de personas lloraron y gritaron en su entierro en el Cementerio Central de Bogotá”.
La Corte Suprema de Justicia declaró el asesinato de Galán como un magnicidio y por tanto imprescriptible, según el CNMH. Durante años las investigaciones han vinculado a decenas de presuntos culpables, y se dice que el magnifico del líder político se dio por un plan conjunto entre el narcotráfico, agentes del Estado y paramilitares, según el Centro de Memoria Histórica.
Durante los más de 25 años de investigaciones, han sido vinculadas a este proceso al menos 37 personas, de las cuales 25 fueron dejadas en libertad porque no se les comprobó su participación, agrega el CNMH: “Algunos de los presuntos responsables están desaparecidos y otros fueron asesinados”.
Entre los condenados por el magnicidio de Galán están el jefe de sicarios de Pablo Escobar, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’, de quien la Fiscalía dijo que fue el encargado de “ejecutar asesinatos y otros crímenes por encargo del Cartel de Medellín”. También el político liberal Alberto Santofimio Botero, a quien en 2007 un juez lo declaró coautor del magnicidio de Luis Carlos Galán y le impuso la pena de 24 años de prisión.
En 2016, la Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó a 30 años de prisión al exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Miguel Maza Márquez, por ser coautor responsable de los delitos de concierto para delinquir y homicidio con fines terroristas.
Según la Corte, Maza Márquez, ayudó en el asesinato del líder liberal, “debilitando su seguridad”, nombrando como jefe de escoltas a un hombre de su confianza, una tarea que había acordado con el paramilitar Henry de Jesús Pérez Durán, “con quien mantenía estrechos vínculos, y a quien, a su vez, el denominado Cartel de Medellín le había encargado la ejecución del magnicidio”, dice la Corte en el expediente del general retirado.
El magnicidio de Galán no fue el único que azotó un país ultrajado por la guerra, pues en la década de los 80 y 90 se vivía en Colombia “un ambiente de crispación y debilidad institucional”, según el CNMH, en el que fueron asesinados dos candidatos presidenciales del partido de Izquierda Unión Patriótica —Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa—, así como ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y más de cuatro mil militantes de esta corriente política.