(CNN) – El proceso de paz en Colombia atraviesa un momento delicado, pues a pesar de que en los últimos años se han reducido los índices de crímenes como el secuestro, las muertes en combate, y los atentados terroristas, ha habido una dramática intensificación de asesinatos de líderes sociales después de la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016.
Esta es una radiografía a dos años y medio de la firma del acuerdo de paz entre Colombia y las FARC.
Líderes sociales
Conocer la realidad de las cifras de asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos es difícil, pues varían según la entidad que las reporta. Lo cierto es que hay un patrón de intensificación de estos crímenes desde el finales de 2016, cuando se firmó el acuerdo, hasta la fecha.
Un reporte del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, pone en evidencia el recrudecimiento de la violencia, diciendo que “se ha agravado la violencia en contra de personas líderes sociales, defensoras de derechos humanos y excombatientes de las FARC-EP en proceso de reincorporación”.
Y las cifras así lo demuestran:
La Fiscalía de Colombia —que trabaja con cifras de Naciones Unidas, que verifica en terreno las amenazas y homicidios contra líderes sociales— reportó 274 homicidios de defensores de derechos humanos entre enero de 2016 hasta abril de 2019. Entre enero y abril de 2019, la Fiscalía dijo que la ONU le había reportado 18 casos, de los cuales 11 fueron establecidos.
El presidente de Colombia, Iván Duque, reportó el 17 de junio que en lo que va corrido de su gobierno se han reducido en un 32% los asesinatos de líderes sociales (hacía dos semanas había dicho que era un 33%) y, además, dijo que en el 96% del territorio colombiano no se está presentando ese fenómeno.
Según el Gobierno, entre 2016 y mayo de 2019 ocurrieron 281 homicidios de líderes sociales en el país, de los cuales, solo 60 sucedieron durante el gobierno Duque. Según esto, 221 asesinatos de líderes fueron perpetrados durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que dejó la presidencia el 7 de agosto de 2017.
Las cifras no coinciden con las de Medicina Legal, que reportó a mediados de mayo de este año que 317 líderes sociales fueron asesinados desde el 1 de enero de 2018 hasta el 30 de abril de 2019 en 28 de los 32 departamentos del país, es decir, en casi el 90% del territorio nacional.
Tampoco coinciden con las de la Defensoría del Pueblo, que reportó que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de enero de 2019 fueron asesinados 462 líderes sociales y las amenazas contra de defensores de derechos humanos aumentaron a 982, entre marzo de 2018 y febrero de 2019, es decir un 47% respecto del periodo anterior.
Y según la ONU, en Colombia se ha observado una “tendencia negativa” de asesinato de líderes sociales, “que se intensificó en 2018” (durante el gobierno Duque), cuando el personal de la ONU documentó 116 asesinatos de defensores de derechos humanos.
De gira por Europa, Duque se refirió a estos crímenes y les pidió a los cuerpos de seguridad y Defensa “reforzar todos los anillos de protección” y que le presenten “un diagnóstico y acciones de fortalecimiento”.
También dijo que su gobierno está comprometido con la protección de los excombatientes que están en proceso de reinserción: “No escatimaremos en esfuerzos para garantizar su vida y castigar severamente a responsables de crímenes”, tuiteó este martes.
Aumento de la violencia
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) de Colombia reportó a mediados de abril de 2019 que desde la firma de los acuerdos de paz en noviembre de 2016, 128 excombatientes han sido asesinados. Indepaz, en su reporte de mayo de 2019, dice desde la firma de los acuerdos de paz, de los 726 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos que han sido asesinados, 135 eran excombatientes de la desmovilizada guerrilla de las FARC en proceso de reincorporación.
Según la Fundación Paz y Reconciliación, de los 13.000 excombatientes que entregaron sus armas, 830 desertaron del proceso de paz y unos 450 hombres ya hacían parte de las llamadas “disidencias de las FARC”. PARES estima que de los grupos armados post FARC hacen parte unos 1600 hombres, “de los cuales el 80%, es decir, 1280 hombres, serían excombatientes de distintos frentes” de la extinta guerrilla.
En respuesta a una carta del líder del Partido FARC, Rodrigo Londoño, que reclamaba protección para los excombatientes asesinados, Duque dijo que adelantaría una mesa de coordinación para “garantizar la protección de los excombatientes que han dejado el camino de las armas y que quieren entrar a la legalidad”.
Según Indepaz, el factor principal del aumento de la violencia durante la época del posconflicto es la presencia de grupos armados ilegales que se oponen a la implementación de los acuerdos y recurren a la violencia armada y a la estigmatización.
“La punta de lanza de esa violencia persistente, que se reproduce y aumenta en zonas con historias críticas de confrontaciones armadas y disputas territoriales, son grupos o estructuras armadas que atacan permanentemente a líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de las FARC-EP y sus familiares”, dice Indepaz en un reporte sobre cómo va el posconflicto.
El presidente Duque dice que los responsables de estas amenazas y asesinatos son los grupos de delincuencia organizada como ELN, el ‘Clan del Golfo’, ‘Los Pelusos’, ‘Los Caparrapos’, ‘Los Puntilleros’ y los Grupos Armados Organizados Residuales y que estos hechos se dan sobre todo en regiones donde hay “una alta presencia de cultivos ilícitos y minería ilegal”.
El Kroc Institute, de la Universidad de Notre Dame en EE. UU., que monitorea los avances del proceso de paz, dijo en su tercer informe oficial que en algunas regiones del país, donde anteriormente había presencia de las FARC, hay un “reordenamiento de disidencias y de otros grupos armados” que fortalecen sus lazos entre departamentos “para ganar el control territorial del narcotráfico en la región”.
Cultivos ilícitos
Uno de los retos del posconflicto es la erradicación de los cultivos ilícitos. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo en 2018 que Colombia llegó a niveles de récord en cultivos de coca y producción de cocaína con 209.000 hectáreas sembradas en 2017.
Esa es una cifra muy superior a la de la época del narcotraficante Pablo Escobar, cuando los cultivos ilícitos llegaban a 50.000 hectáreas en todo el país.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, criticó en marzo de este año a Duque por no hacer “nada” por contrarrestar el tráfico de drogas hacia su país.
En diciembre de 2018 el Gobierno dijo que fueron erradicadas 87.571 hectáreas de cultivos ilícitos: 60.000 con erradicación y poco menos de 30.000 con sustitución voluntaria. Según Duque, el narcotráfico produce ganancias ilegales de 14.000 millones de dólares en el país, algo que hace difícil de erradicar este negocio ilícito.
Este martes, en entrevista con el diario británico The Guardian, Duque dijo que en las próximas semanas volverían las fumigaciones aéreas con glifosato, que fueron suspendidas durante el gobierno anterior por considerar que esta es una sustancia “altamente cancerígena”.
Disminuyen cifras de otros delitos
A pesar del poco alentador panorama de la violencia armada, indicadores como desplazamientos masivos, secuestros, civiles y militares heridos y asesinados en combate y acciones “subversivas” que antes del conflicto tenían cifras altísimas, han registrado un importante descenso en los dos años y medio de posconflicto, según cifras oficiales del Registro Único de Víctimas.
El secuestro, que llegó a registrar más de miles de casos a finales de la década los 90, alcanzando su punto máximo en el año 2000, tenía una cifra para finales de 2018 de 170 casos. Esto, según la Policía Antisecuestro de Colombia, se debió en parte gracias al proceso de paz con las FARC.
La implementación del proceso de paz ha presentado obstáculos, algo que tiene un “efecto corrosivo en los territorios y erosionan la confianza en el Gobierno”, según el Kroc Institute, que en su más reciente informe sobre el avance del acuerdo insta a que se deben implementar lo máximo posible los acuerdos para mejorar el bienestar social, la inversión pública y tener más posibilidades de una paz estable y duradera.