(CNN Español) – Decenas de países tienen leyes muy restrictivas sobre el aborto, llegando incluso a tener consecuencias legales contra las mujeres que tienen abortos involuntarios. Uno de estos países es El Salvador donde una mujer que fue acusada de homicidio por la muerte de su bebé recién nacido fue en principio condenada a 30 años de prisión. Pero tras apelar la decisión, en agosto de 2019 fue absuelta de los cargos en su contra.
La justicia acusaba a Evelyn Hernández, de 21 años, de homicidio agravado por la muerte de su bebé. Según la Fiscalía salvadoreña, ella no asistió a su hijo al momento de nacer, quien según el informe médico tenía 32 semanas de gestación. Hernández se declaró inocente y uno de sus argumentos era que no sabía que estaba embarazada producto de una violación. Ella asegura que se trató de un parto extrhospitalario y que se desmayó. Y que si hubiera sabido que estaba embarazada, “hubiera esperado con orgullo y alegría”.
Sus abogados lograron que fuera puesta en libertad condicional en febrero pasado, mientras esperaba la fecha para que se repitiera el juicio en su contra, que el 19 de agosto terminó con la absolución de su caso, según confirmó su abogado en redes sociales. Su caso da evidencia de las duras leyes contra el aborto en El Salvador.
Actualmente, decenas de países y territorios tienen leyes que no permiten el aborto bajo ninguna circunstancia, incluso cuando la vida de la mujer está en riesgo, según el Centro por los Derechos Reproductivos, una organización sin ánimo de lucro de Estados Unidos, que lleva una cuenta del estado de las leyes sobre abortos en todo el mundo.
Entre estos están cuatro países de América Latina: El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.
Estos son los otros territorios donde está prohibido el aborto: Andorra, Aruba, Congo, Curaçao, Gabón, Haití, Jamaica, Madagascar, Malta, Islas Marshall, Palau, Filipinas, San Marino, Senegal, Suriname, Tonga y la Ribera Occidental y la Franja de Gaza.
“Los países que han criminalizado el aborto a menudo articulan un término de encarcelamiento para la mujer embarazada que busca un aborto y/o el médico o el profesional de la salud que proporciona el aborto”, dice el Centro de Derechos Reproductivos. “A menudo, los países diferencian las sanciones dependiendo de si la persona (culpable del aborto) era la mujer embarazada, un médico, un trabajador de la salud o un tercero”.
A nivel mundial, hubo 25 millones de abortos inseguros anualmente entre 2010 y 2014 (45% de todos los abortos) y al menos 22.800 mujeres murieron por complicaciones relacionadas con ellos, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Guttmacher.
En El Salvador, por ejemplo, donde no hay excepciones para el aborto, ni siquiera en casos de violación, incesto, ni que la vida de la madre corran riesgo, el aborto es considerado como un delito y puede acarrear penas de hasta 50 años de prisión por homicidio agravado.
En República Dominicana el artículo 37 de la Constitución del país, que también prohíbe la pena de muerte bajo todas las circunstancias, reza: “El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte” y también puede acarrear penas de prisión. Y el Código Penal del país amenaza con penas de prisión cuando se trata del aborto: las mujeres y las niñas que se autoinducen abortos o dan su consentimiento para interrumpir sus embarazos pueden pasar hasta dos años en prisión, mientras que los médicos o profesionales de la salud que accedan a realizar un aborto pueden tener penas hasta de 20 años de prisión, según Human Rights Watch.
En Nicaragua, la mujer que intencionalmente cause su propio aborto, se le impondrá una pena de prisión de uno o dos años; la persona que practique un aborto con el consentimiento de la mujer tendrá una pena de entre uno y tres años de prisión, según la OMS. Si se tratara de alguien que haga parte del personal médico, “la sanción principal incluirá simultáneamente dos a cinco años de descalificación de la práctica de la medicina o la salud”, dice el organismo.
Además, en ese país, según la legislación vigente, quien practique un aborto sin el consentimiento de la madre, tendrá una pena de entre tres a seis años de prisión y si se tratara de personal médico, puede acarrear hasta siete años de prisión. Hay agravantes, como la violencia, intimidación y amenazas, que podrían acarrear una pena de hasta 10 años y la descalificación de la práctica médica si se trata del personal médico, según la ley, citada por la OMS.
En este país los médicos pueden ser sancionados y enfrentar prohibiciones de practicar su profesión hasta en 10 años.
Según la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos es uno de al menos 49 países que permiten abortos a pedido de una mujer sin ningún requisito de justificación.
Sin embargo, el acceso al procedimiento varía en cada estado del país. En mayo de este año, el estado de Alabama promulgó la “Ley de Protección de la Vida Humana” que no hace exenciones para las víctimas de incesto o violación. Los médicos que intenten llevar a cabo las terminaciones enfrentarán 10 años de prisión, mientras que los médicos que realicen el procedimiento podrían recibir una sentencia de 99 años.
La ley de aborto de Alabama, la más estricta de los Estados Unidos, permite solo excepciones “para evitar un grave riesgo de salud para la madre del feto”, para embarazos ectópicos y si el “niño no nacido tiene una anomalía letal”.
En Egipto, la ley establece sanciones tanto para las mujeres que se practique abortos, así como para los que asistan esta práctica y los proveedores del mismo, pueden ser penalizados con detención y, si un médico, cirujano, farmaceuta, partera, etc., pueden llegar a ser castigados hasta con trabajos forzados temporales, según la OMS.
En Gabón, la ley castiga a quienes ayuden a una mujer a abortar con prisión de entre uno y cinco años y una multa de entre 40 y casi 850 dólares estadounidenses. En caso de que se compruebe que una persona ha participado habitualmente en estos hechos, la multa puede aumentar hasta los 1.700 dólares y las penas de prisión pueden llegar hasta los 10 años. Esto último puede perjudicar a médicos, estudiantes, enfermeros, farmaceutas, entre otros, según la OMS.
En Jamaica si una mujer intenta llevar a cabo un aborto, puede ser “culpable de delito grave y, al ser condenado por el mismo, será condenado a cadena perpetua, con o sin trabajos forzados”, según la OMS. Quien le proporcione instrumentos o antídotos para abortar a una mujer, puede ser llevado a prisión por hasta tres años, con o sin trabajos forzados, dice la OMS.
Otros países con prohibiciones
Además de estos países que criminalizan el aborto en todas las circunstancias, hay casi 40 Estados en los que el aborto está permitido solo cuando la vida de la mujer esté en riesgo.
Afganistán, Antigua & Barbuda, Bahrain, Bangladesh Bhutan, Brunei Darussalam, Brasil, Chile, Costa de Marfil, Egipto, Dominica, Guatemala, Indonesia, Irán, Kiribati, Líbano, Libia, Malawi, Malí, México (que tiene leyes federales sobre la materia), Micronesia, Myanmar, Nigeria, Omán, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Islas Salomón, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Sri Lanka, Siria, Tanzania, Timor Oriental, Tuvalú, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela y Yemen.
En los países donde el aborto es ilegal, se pueden hacer excepciones para una variedad de casos, que van desde las víctimas de violación e incesto hasta ninguna excepción.
En países como Brunei, Guatemala, Libia y Siria, las leyes de aborto no hacen excepciones para casos de incesto o violación, pero sí permiten que las terminaciones salven la vida de la mujer.
En Qatar y Níger, el aborto solo está permitido en casos de insuficiencia fetal o si la vida o la salud de la mujer están en peligro.
En todo México, el aborto es casi completamente ilegal, sin embargo, todos los estados hacen una excepción en el caso de violación, mientras que algunos estados proporcionan el procedimiento en casos de daño fetal o para la salud física o mental de la mujer.
Según Human Rights Watch, “restringir el acceso legal al aborto no disminuye la necesidad del aborto, pero es probable que aumente el número de mujeres que buscan abortos ilegales e inseguros, lo que lleva a una mayor morbilidad y mortalidad”.
Y según el Instituto Guttmacher, el aborto sigue estando “fuertemente estigmatizado” en varias partes del mundo, una situación que no solo impide las reformas legales, “sino que también retrasan la implementación cuando se han ampliado los criterios legales”.
“La persistencia del estigma”, dice el reporte de esa organización, “incluso cuando el aborto ha sido seguro y legal durante muchos años, significa que muchas mujeres siguen siendo reticentes a buscar servicios abiertamente y, en cambio, pueden optar por un aborto clandestino incluso cuando tienen opciones legales”.