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República Dominicana

Así es la tragedia de intentar abortar bajo las duras leyes de República Dominicana, lo que revela un nuevo informe

Por Jessica Ravitz

(CNN) – Una mujer reveló el caso su hija de 16 años, quien murió luego de que se le negara la quimioterapia que necesitaba para enfrentar una leucemia porque estaba en las primeras etapas de un embarazo.

Una enfermera describió cómo una mujer que experimentaba un grave sangrado tras un aborto autoinducido fue forzada, como método de “castigo”, por prestadores de salud a esperar durante horas un tratamiento, solo para que, en últimas, perdiera tanta sangre que no pudiera ser salvada.

Una trabajadora social recordó a la niña de 14 años con discapacidad mental que quedó embarazada a los 12 años, probablemente de su padre, y no recibió ninguna atención.

Historias como estas quedaron registradas en un nuevo informe de Human Rights Watch, publicado este lunes, que se centra en las consecuencias de la prohibición total al aborto en República Dominicana.

Antes de que su hija muriera, Rosa Hernández suplicó en vano para que médicos le practicaran un aborto terapéutico a la joven, de 16 años, y así pudiera recibir el tratamiento de quimioterapia que ella necesitaba.

La nación caribeña es uno de los 26 países en todo el mundo que prohíbe –incluso penaliza– la interrupción del embarazo sin excepciones, según indicó el Instituto Guttmacher, un grupo de investigación y políticas que se centra en la salud y los derechos reproductivos. Además, República Dominicana es uno de los seis países del Caribe y América Latina que mantiene todas restricciones, sin importar las circunstancias.

El artículo 37 de la Constitución del país, que también prohíbe la pena de muerte bajo todas las circunstancias, reza: “El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte”.

Sin embargo, solo porque los abortos estén prohibidos no significa que no ocurran. De hecho, el Instituto Guttmacher ha reportado que la incidencia de abortos no es menos frecuente –aunque sí más insegura– cuando están restringidos. De hecho, la organización encontró que en América Latina y el Caribe –donde el 97% de las mujeres y niñas en edad reproductiva vive en un lugar con leyes restrictivas sobre la interrupción del embarazo– la tasa de abortos ha aumentado 9 puntos porcentuales entre principios de la década de 1990 y 20 años después.

En un país donde el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social reporta que casi la mitad de los embarazos son indeseados o no planeados, la falta de opciones seguras y legales para el aborto tiene consecuencias reales, reveló el informe.

“Las mujeres y las niñas en República Dominicana siempre han desafiado la prohibición contra el aborto, pero se han visto obligadas a arriesgar su salud y sus vidas para interrumpir clandestinamente los embarazos”, señaló Margaret Wurth, autora del informe e investigadora principal de Derechos de la Mujer en Human Rights Watch.

Rosaura Almonte Hernández, conocida como “Esperancita”, murió en 2012 después de que se le negara inicialmente la quimioterapia porque estaba embarazada.

Ellas han intentado remedios caseros para abortar, han bebido tés especiales y se han negado alimentos o agua. Han tomado medicinas que no deben consumirse durante el embarazo, han ingerido o insertado otras píldoras para interrumpir sus embarazos y han tratado de hacerse daño a sí mismas. Una mujer reportó haber usado un bloque de concreto para golpear su vientre.

“El miedo lo impregna todo”

Human Rights Watch entrevistó a 167 personas para este informe. Se incluyeron 50 mujeres y niñas que tuvieron embarazos no planeados o no deseados y docenas de otras personas, como proveedores de servicios de salud, profesionales de servicios sociales y otros funcionarios.

Las mujeres con recursos que desean interrumpir sus embarazos tienen la opción de viajar fuera del país o, con la ayuda de sus conexiones, organizar abortos a través de proveedores seguros y clandestinos. Pero, aquellas que son pobres o viven en zonas rurales del país no tienen estas alternativas, indicó Wurth. Y solo les quedan dos opciones: tener bebés que no quieren o arreglárselas ellas mismas para interrumpir sus embarazos. Las niñas adolescentes, que suelen carecer de acceso a la anticoncepción y la información, son especialmente vulnerables, señaló la autora.

Y a esa realidad hay que sumarle el artículo 317 del Código Penal de República Dominicana, que amenaza con penas de prisión cuando se trata del aborto. Las mujeres y las niñas que se autoinducen abortos o dan su consentimiento para interrumpir sus embarazos, así como los proveedores médicos que lo hacen clandestinamente, corren el riesgo de pasar tiempo en la cárcel.

Ahora, en la práctica, aunque los abortos son ilegales incluso para salvar la vida de una mujer o de una niña, la ONU informa que “los principios generales de la legislación penal permiten que se realicen abortos por esta razón en las condiciones de necesidad”.

Pero esta excepción no ayuda a todas las mujeres o niñas que sientan la necesidad un aborto.

Los juicios y detenciones por este motivo son inusuales, pero el temor a ambos persiste, lo que por lo general impide que las personas busquen u ofrezcan ayuda, explicó Wurth. Es más, las mujeres que han tenido abortos espontáneos, destacó la autora, admiten haber sentido miedo de ingresar a un hospitales porque podrían ser acusadas falsamente de haberse inducido un aborto.

“Las penas crean un miedo que lo impregna todo”, dijo Wurth. Y eso significa que las mujeres y las niñas creen que “ir al hospital y decir ‘tuve un aborto’ equivale a ‘voy a ir a la cárcel’”.

El resultado es que complicaciones como un sangrado intenso o dolores no son atendidas y en el peor de los casos llevan a la muerte. Un útero perforado o tejidos que quedan dentro de él y conducen a la sepsis son dos ejemplos de lo que puede salir terriblemente mal.

Incluso con el miedo a ser detenidas, “se estima que hay 25.000 hospitalizaciones por aborto y aborto espontáneo cada año en el sistema de salud, muchas son mujeres que necesitan atención tras un aborto clandestino”, destacó el reporte.

Esta cifra provino del doctor José Mordán, jefe del Departamento de Salud Familiar en el Ministerio de Salud Pública, a través de un un correo electrónico que envió este mes a Human Rights Watch, indicó el informe. El funcionario también dijo que por lo menos el 8% de las muertes maternas en República Dominicana se deben a abortos ilegales o abortos involuntarios.

Algunas de las niñas y mujeres que buscaron ayuda médica tras presentar complicaciones hablaron con Human Rights Watch sobre cómo fueron maltratadas y agredidas por prestadores de atención médica. Hablaron de insultos, de que se les negaron medicamentos para el dolor e incluso las sometieron a procedimientos quirúrgicos sin anestesia.

Pero en el país también hay personas que ponen a sus pacientes sobre las leyes, según el informe. “A veces tienes las manos atadas. No sabes qué hacer. Tienes la ley que te dice que no puedes [hacer un aborto]”, expresó un médico a investigadores de Human Rights Watch. “Pero no funciona así… Mi trabajo es preservar la vida de la mujer. Si tengo que violar la ley, lo haré”, completó.

Un punto de partida

Una encuesta en República Dominicana, realizada por una organización de investigación, muestra que el 79% de los encuestados cree que el aborto debe ser despenalizado en ciertos casos. Y los manifestantes, exigiendo el cambio, salieron a las calles en julio.

Miles de personas marchan en Santo Domingo, en julio pasado, pidiendo la despenalización del aborto en República Dominicana. (Crédito: ERIKA SANTELICES/AFP/Getty Images)

Una coalición de grupos, ginecobstetras, el Ministerio de Salud e incluso el presidente Danilo Medina apoyan la legalización del aborto en tres circunstancias, sostuvo Wurth: cuando la vida de una mujer o niña está en peligro, cuando el embarazo es resultado de una violación o incesto, y cuando el embarazo es inviable y el feto no sobrevivirá fuera del útero.

Medina ha cuestionado el Código Penal varias veces, impulsando la despenalización en estas tres circunstancias. En una carta al presidente del Senado, enviada de 2016, y que Human Rights Watch obtuvo, el mandatario calificó estas excepciones de “circunstancias extremas, terribles, pero que ocurren en la vida cotidiana, y que nosotros, como representantes legítimos del pueblo, debemos responder de acuerdo  con la Constitución y con nuestros valores”.

Sin embargo, hasta ahora, las leyes permanecen sin cambios. Depende del Congreso Nacional promulgar este tipo de reforma y ​​Wurth espera que así sea. Otros países, como Irlanda, este año, y Chile, el año pasado, han atenuado las restricciones al aborto. Y el Instituto Guttmacher informa que 27 países, entre 2000 y 2017, reformaron sus leyes para aumentar el acceso legal al aborto.

“Sería un punto de partida”, dijo Wurth. “No hay lugar en la democracia moderna para una prohibición del aborto”.