(CNN Español) –– Es una noticia sin precedentes en Colombia: Álvaro Uribe Vélez es el primer expresidente del país que enfrenta una orden de privación de su libertad. Este martes, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le impuso detención domiciliaria al actual senador, acusado de soborno y fraude procesal.
La medida no constituye una sentencia de la Corte Suprema, sino que es una acción en medio del proceso que enfrenta Uribe Vélez. El exmandatario siempre ha negado los cargos y este martes, tras conocerse la decisión, publicó en su cuenta de Twitter que “la privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria”.
1. ¿De qué se acusa a Uribe? El principio del caso
El caso contra Uribe se remonta a un proceso por supuesta manipulación de testigos, en el que pasó de denunciante a denunciado. En 2012, el expresidente denunció judicialmente al congresista Iván Cepeda por considerar que manipulaba falsos testigos y lo acusó de ofrecer beneficios jurídicos a exparamilitares presos para vincularlo a dichos grupos armados. Los señalamientos de Uribe se centraron en varias visitas de Cepeda a centros carcelarios en los que, según el exmandatario, habría concretado testimonios contra el expresidente. Desde un principio, Cepeda negó los señalamientos de Uribe y defendió su inocencia.
Hay un testigo clave en esta batalla legal, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, actualmente detenido, quien le dijo a Cepeda en una entrevista, grabada por el senador en 2013, que en la finca “Guacharacas”, propiedad de la familia Uribe, se habría formado un grupo paramilitar. La familia de Monsalve trabajaba en esa hacienda y por eso, afirmaba conocer de primera mano los hechos. Dicha declaración se expuso en un debate en el Congreso que impulsó Cepeda contra los paramilitares y, tras negar los señalamientos, Uribe presentó un caso en la Corte Suprema contra el congresista Cepeda en 2012.
El argumento de Uribe fue que tanto Monsalve como otros testigos habían sido manipulados y presionados para declarar en su contra. A través de sus abogados, Monsalve negó haber recibido beneficio jurídico o económico alguno de Cepeda por sus declaraciones. Ese fue el principio de un caso, conocido en Colombia como el de los “falsos testigos”, que seis años más tarde tendría un giro impredecible.
2. Uribe, al banquillo
En febrero de 2018, la Corte Suprema finalmente tomó una decisión sobre el caso: no solo falló a favor de Cepeda y lo exoneró, sino que anunció que investigaría a Uribe por casos de falsos testigos. El alto tribunal señaló que no existían elementos para concluir la responsabilidad de Cepeda, quien “no abusó de sus funciones como congresista, no determinó reclusos mediante sobornos”.
Entonces sostuvo que “sorprendentemente”, a través de interceptaciones telefónicas, se puso en evidencia “una realidad muy diferente a la denunciada”, por lo que el alto tribunal debía investigar al expresidente. La Corte Suprema se refería a llamadas en las que Uribe habría supuestamente consultado la manipulación de testigos contra Cepeda. Sin embargo, en su momento, el expresidente señaló que nunca conversó con los declarantes y aseveró que en su caso hay un “ánimo persecutorio”.
Apenas cinco meses después, en julio de 2018, el alto tribunal anunció la vinculación de Uribe a un proceso por los delitos de soborno y fraude procesal. En un comunicado, la Corte Suprema indicó que los hechos investigados eran posteriores a la decisión en la que exoneró a Cepeda. “Como reacción a esa providencia judicial y al parecer con su consentimiento, personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos”, añadió el órgano judicial.
Para poder vincularlo formalmente, la Corte Suprema lo llamó a una indagatoria que se aplazaría unos meses más. Esta fue la primera vez en la historia de Colombia que una investigación penal contra un exmandatario llegó a estas instancias
3. Uribe rinde indagatoria en la Corte Suprema
El 8 de octubre de 2019, una multitud se apostaba en la sede de la Corte Suprema, mientras Uribe se abría paso hacia su cita de indagatoria. Ingresó al tribunal entre gritos: unos vitoreaban su nombre y otros coreaban “¡Asesino, asesino!”. Era una muestra de la polarización que el caso, y especialmente la figura de Uribe, producen en el país.
“Nunca pensé que la defensa del honor, en mi amor a Colombia (…) me creara estas dificultades judiciales”, aseguró el expresidente antes de su cita en la Corte. A puerta cerrada, Uribe rindió descargos y el expediente quedó bajo análisis de los magistrados. Hasta esta semana.
4. La orden de detención domiciliaria
El caso volvió a ganar atención en los últimos días, mientras la Sala de Instrucción de la Corte Suprema deliberaba sobre el caso. Y el martes, en una decisión que Colombia nunca había vivido, se conoció que el alto tribunal le impuso detención domiciliaria, según confirmó una fuente de la corte a CNN en Español. Mientras la noticia se regaba como pólvora en diversos medios nacionales e internacionales, Uribe publicó en Twitter lamentando la privación de su libertad.
El presidente Iván Duque, quien llegó al poder de la mano del partido Centro Democrático que lidera Uribe, sostuvo en referencia al exmandatario: “Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia”. Y aunque dijo entender “el papel de las instituciones y la independencia de poderes”, hizo “un llamado a la reflexión” y afirmó esperar que “las vías judiciales operen y que existan plenas garantías”.
La posición de Duque ante el caso de Uribe, de la cual hubo una muestra este lunes antes de la decisión, desató en los últimos días varias críticas contra el actual mandatario por la que algunos considera injerencia en el poder judicial. De ahí que múltiples líderes nacionales e internacionales celebraran la “independencia” de la Corte Suprema y la necesidad de respetar su decisión.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, publicó en su cuenta de Twitter que “nadie está por encima de la Ley” y que “las decisiones de la Justicia se respetan, se controvierten en derecho y se acatan”.
La alcaldesa de Bogotá publicó en su cuenta de Twitter que “nadie está por encima de la Ley” y que “las decisiones de la Justicia se respetan, se controvierten en derecho y se acatan.”
Humberto de la Calle, excandidato presidencial y exjefe negociador del gobierno en el proceso de paz con la antigua guerrilla de las FARC, publicó que “los institucional es respetar a la justicia. El proceso seguirá”.
La representante Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, señaló que “la independencia en la administración de justicia es pilar esencial de la democracia”.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, aseguró que “la Corte demuestra que todos ––hasta los más poderosos–– son iguales ante la ley. Hay que respetar independencia judicial. Comunidad internacional respaldará a la Corte”.
Con información de Fernando Ramos, Tatiana Arias y Melissa Velásquez.